La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) denunciará al intendente de Merlo, Raúl Othacehé, por haber demolido parte de un lugar donde funcionó un centro de torturas de la dictadura. La demolición comenzó el 18 de abril y se hizo violando leyes nacionales y provinciales que ordenan preservar ese tipo de lugares como espacios de memoria, y también la decisión del juez federal Daniel Rafecas que ordenó no demolerlo. En declaraciones emitidas en Informativo FARCO, Sandra Raggio, directora de Promoción y Transmisión de la Memoria de la CPM aseguró que “es algo muy grave lo que hace el intendente de Merlo” y por eso “vamos a interpelar a la justicia para que pueda sancionar” lo sucedido.
El sitio está ubicado en calle Eva Perón 1221 de Merlo y fue señalado como Centro Clandestino de Detención por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984. Raggio expresó que “es altamente preocupante que las autoridades políticas de un municipio desconozcan no sólo las leyes a nivel nacional y las leyes provinciales que plantean la preservación de los lugares donde fueron torturados, masacrados los ciudadanos argentinos durante la última dictadura militar, y no sólo esto, sino que además no respete la decisión del juez Rafecas que dio la orden de no seguir con la destrucción del edificio. Othaché no sólo desconoce la normativa, viola la normativa, sino que además desconoce la autoridad de un juez”.
Raggio opinó que el intendente de Merlo tampoco “puede desconocer cuáles son las políticas públicas con respecto a los temas de memoria” y advirtió que “como parte también de un gobierno que defiende las políticas de derechos humanos y la justicia en los crímenes de lesa humanidad” tenía elementos para “desistir de semejante acto”.
La integrante de la CPM aseguró que “es algo muy grave lo que hace el intendente de Merlo y todos los funcionarios de la municipalidad de Merlo y que termina con la demolición de buena parte del edificio, porque esto ya se hizo”. Por eso adelantó que “para que no se sigan haciendo actos como éste tiene que actuar la justicia y nosotros como comisión vamos a interpelar a la justicia para que pueda sancionar a los funcionarios que no respetan las normativas y no respetan la voz de la justicia”.
Reporte Comisión por la Memoria para Informativo FARCO
El sitio está ubicado en calle Eva Perón 1221 de Merlo y fue señalado como Centro Clandestino de Detención por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984. Raggio expresó que “es altamente preocupante que las autoridades políticas de un municipio desconozcan no sólo las leyes a nivel nacional y las leyes provinciales que plantean la preservación de los lugares donde fueron torturados, masacrados los ciudadanos argentinos durante la última dictadura militar, y no sólo esto, sino que además no respete la decisión del juez Rafecas que dio la orden de no seguir con la destrucción del edificio. Othaché no sólo desconoce la normativa, viola la normativa, sino que además desconoce la autoridad de un juez”.
Raggio opinó que el intendente de Merlo tampoco “puede desconocer cuáles son las políticas públicas con respecto a los temas de memoria” y advirtió que “como parte también de un gobierno que defiende las políticas de derechos humanos y la justicia en los crímenes de lesa humanidad” tenía elementos para “desistir de semejante acto”.
La integrante de la CPM aseguró que “es algo muy grave lo que hace el intendente de Merlo y todos los funcionarios de la municipalidad de Merlo y que termina con la demolición de buena parte del edificio, porque esto ya se hizo”. Por eso adelantó que “para que no se sigan haciendo actos como éste tiene que actuar la justicia y nosotros como comisión vamos a interpelar a la justicia para que pueda sancionar a los funcionarios que no respetan las normativas y no respetan la voz de la justicia”.
Reporte Comisión por la Memoria para Informativo FARCO
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