En los últimos seis años, gran parte del dinero que debía usarse en obras de infraestructura hidríca fue derivada a zonas urbanas, especialmente en el Gran Buenos Aires. La denuncia se conoce en medio de las fuertes inundaciones que afectan al territorio bonaerense.
En los últimos seis años, el gobierno nacional introdujo un fuerte cambio de rumbo en la asignación del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Disminuyó la inversión para obras hídricas en áreas estrictamente rurales de la provincia de Buenos Aires, como en la Cuenca del Salado, llegando inclusive a la paralización de las obras entre 2006 y 2008, y por el contrario, aumentó los desembolsos para las zonas urbanas, según publicó el diario La Nación.
Así se desprende de un análisis sobre la asignación de recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que realizó el diputado nacional Carlos Brown (Bloque Frente Peronista-Buenos Aires) y sus asesores, con datos oficiales de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin), dependiente del Ministerio de Economía.
Según se puede observar en ese informe, al que accedió LA NACION, desde 2001, cuando se creó el fondo, hasta 2005 la inversión para áreas productivas rurales fue creciente. Pasó de $ 47.781.256,06, en 2001, a $ 224.122.875,36, en 2003, y tuvo un pico de $ 684.325.095,68, en 2005, de acuerdo con el relevamiento del legislador.
Pero eso cambió en 2006. Según Brown, ese año, en 2007 y luego en 2008 no se asignaron recursos de este fondo para áreas rurales productivas en la provincia de Buenos Aires.
Por el contrario, comenzó a tomar importancia la inversión en zonas específicamente urbanas. Y ésta aumentó de $ 3.985.215,98, en 2006, a $ 248.353.355,10 para las elecciones presidenciales de 2007. Luego bajó a $ 35.122.857,04, en 2008, y en 2009, en un año de comicios legislativos, volvió a subir a 437.720.526,50 pesos.
Sólo por citar algunos ejemplos, La Matanza, Quilmes, Merlo y Florencio Varela, entre otras localidades del conurbano bonaerense, empezaron a ser receptoras de recursos del Fondo Hídrico Nacional. Una comparación: en 2009 se otorgaron $ 437,7 millones para áreas urbanas, mientras que a las zonas rurales les tocó apenas 23,1 millones de pesos.
"Como revelan los números de la Ucofin, se produce una intensificación del financiamiento de las obras urbanas a expensas de las obras en áreas productivas, lo cual impacta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en la ejecución de las obras pendientes en la Cuenca del Río Salado, las cuales quedaron virtualmente paralizadas", señala el informe realizado por el diputado y su equipo de asesores.
La Cuenca del Salado es clave: abarca 170.000 kilómetros cuadrados de la franja central y noroeste bonaerense, con 55 de los 134 partidos donde se hace el 25% de la producción agrícola ganadera nacional. A fines de los 90, una consultora internacional elaboró un Plan Maestro para la Cuenca del Salado para que en 11 años se hicieran obras por unos US$ 1800 millones.
La predilección del kirchnerismo a partir de 2006 por las obras en zonas urbanas antes que en las rurales fue posible por un cambio que facilitó la ley 26.181, a fines de 2006, y un posterior maquillaje en 2009.
Esa norma sustituyó a la tasa de infraestructura hídrica de $ 0,05 por cada litro de nafta o metro cúbico de GNC, instituida en 2001 mediante el decreto 1381, por un impuesto de igual monto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o importación de esos mismos combustibles.
Sin embargo, hubo una modificación aun más profunda. Con la nueva ley, virtualmente se eliminó la especificidad rural que debía tener el destino de los recursos del Fondo Hídrico.
Para tener en cuenta, el decreto hablaba de una "afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales, y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas?".
Mientras tanto, con la nueva normativa quedó establecida una "afectación específica al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones, de protección de infraestructura vial y ferroviaria, y de obras de saneamiento".
De acuerdo con el diputado nacional, a partir de los mismos números oficiales "se ve cómo cambiaron el concepto de la ley para poder usarlo en el ejido urbano y cómo se incrementó ese uso cuando hubo elecciones". Para Brown, en medio de esta nueva estrategia oficial, "durante tres años, de 2006 a 2008, se cayó la inversión en la Cuenca del Salado". Es decir, no se presentaron nuevas inversiones al margen de trabajos en marcha comprometidos con proyectos y fondos ya estipulados con anterioridad.
ESCASA EJECUCIÓN
Vale recordar que un primer tramo de obras para aquella cuenca quedó finalizado en 2008, un segundo tramo se encuentra en ejecución, y en carpeta figuran otros dos tramos que están pendientes.
"Hoy, a 11 años de la creación del Fideicomiso de Inversiones Hídricas y cumplido el plazo previsto para la realización total del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, el estado de ejecución del mismo es estimativamente del 20%", apuntó Brown. "Según datos de Ucofin, el costo total de las obras realizadas por el Fideicomiso de Inversiones Hídricas entre 2001 y 2011 en la provincia de Buenos Aires es de $ 2300 millones, equivalente a US$ 655 millones en valores o el 37% del costo total del Plan del Salado", añadió.
Según cálculos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la inundación ya representa pérdidas por unos 4800 millones de pesos o 1000 millones de dólares. Para Brown, esta última cifra de pérdida en dólares "equivale al total de la inversión faltante para concluir las obras pendientes de la Cuenca del Salado y solucionar de forma definitiva el problema".
Brown presentó en el Congreso pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo detallara sobre la asignación de los recursos del Fondo Hídrico Nacional, pero esas solicitudes fueron cajoneadas. Ahora volverá a exigir explicaciones al Ejecutivo.
LA RURAL CULPA AL GOBIERNO
El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, responsabilizó al Gobierno por las inundaciones en territorio bonaerense. "Hacemos responsables a todas las instancias del Gobierno que nos cobran impuestos y luego no se traducen en las obras necesarias para prever estos desastres", dijo. "Las inundaciones son también el resultado de la negligencia", acusó. (La Política OnLine).
En los últimos seis años, el gobierno nacional introdujo un fuerte cambio de rumbo en la asignación del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Disminuyó la inversión para obras hídricas en áreas estrictamente rurales de la provincia de Buenos Aires, como en la Cuenca del Salado, llegando inclusive a la paralización de las obras entre 2006 y 2008, y por el contrario, aumentó los desembolsos para las zonas urbanas, según publicó el diario La Nación.
Así se desprende de un análisis sobre la asignación de recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que realizó el diputado nacional Carlos Brown (Bloque Frente Peronista-Buenos Aires) y sus asesores, con datos oficiales de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin), dependiente del Ministerio de Economía.
Según se puede observar en ese informe, al que accedió LA NACION, desde 2001, cuando se creó el fondo, hasta 2005 la inversión para áreas productivas rurales fue creciente. Pasó de $ 47.781.256,06, en 2001, a $ 224.122.875,36, en 2003, y tuvo un pico de $ 684.325.095,68, en 2005, de acuerdo con el relevamiento del legislador.
Pero eso cambió en 2006. Según Brown, ese año, en 2007 y luego en 2008 no se asignaron recursos de este fondo para áreas rurales productivas en la provincia de Buenos Aires.
Por el contrario, comenzó a tomar importancia la inversión en zonas específicamente urbanas. Y ésta aumentó de $ 3.985.215,98, en 2006, a $ 248.353.355,10 para las elecciones presidenciales de 2007. Luego bajó a $ 35.122.857,04, en 2008, y en 2009, en un año de comicios legislativos, volvió a subir a 437.720.526,50 pesos.
Sólo por citar algunos ejemplos, La Matanza, Quilmes, Merlo y Florencio Varela, entre otras localidades del conurbano bonaerense, empezaron a ser receptoras de recursos del Fondo Hídrico Nacional. Una comparación: en 2009 se otorgaron $ 437,7 millones para áreas urbanas, mientras que a las zonas rurales les tocó apenas 23,1 millones de pesos.
"Como revelan los números de la Ucofin, se produce una intensificación del financiamiento de las obras urbanas a expensas de las obras en áreas productivas, lo cual impacta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en la ejecución de las obras pendientes en la Cuenca del Río Salado, las cuales quedaron virtualmente paralizadas", señala el informe realizado por el diputado y su equipo de asesores.
La Cuenca del Salado es clave: abarca 170.000 kilómetros cuadrados de la franja central y noroeste bonaerense, con 55 de los 134 partidos donde se hace el 25% de la producción agrícola ganadera nacional. A fines de los 90, una consultora internacional elaboró un Plan Maestro para la Cuenca del Salado para que en 11 años se hicieran obras por unos US$ 1800 millones.
La predilección del kirchnerismo a partir de 2006 por las obras en zonas urbanas antes que en las rurales fue posible por un cambio que facilitó la ley 26.181, a fines de 2006, y un posterior maquillaje en 2009.
Esa norma sustituyó a la tasa de infraestructura hídrica de $ 0,05 por cada litro de nafta o metro cúbico de GNC, instituida en 2001 mediante el decreto 1381, por un impuesto de igual monto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o importación de esos mismos combustibles.
Sin embargo, hubo una modificación aun más profunda. Con la nueva ley, virtualmente se eliminó la especificidad rural que debía tener el destino de los recursos del Fondo Hídrico.
Para tener en cuenta, el decreto hablaba de una "afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales, y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas?".
Mientras tanto, con la nueva normativa quedó establecida una "afectación específica al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones, de protección de infraestructura vial y ferroviaria, y de obras de saneamiento".
De acuerdo con el diputado nacional, a partir de los mismos números oficiales "se ve cómo cambiaron el concepto de la ley para poder usarlo en el ejido urbano y cómo se incrementó ese uso cuando hubo elecciones". Para Brown, en medio de esta nueva estrategia oficial, "durante tres años, de 2006 a 2008, se cayó la inversión en la Cuenca del Salado". Es decir, no se presentaron nuevas inversiones al margen de trabajos en marcha comprometidos con proyectos y fondos ya estipulados con anterioridad.
ESCASA EJECUCIÓN
Vale recordar que un primer tramo de obras para aquella cuenca quedó finalizado en 2008, un segundo tramo se encuentra en ejecución, y en carpeta figuran otros dos tramos que están pendientes.
"Hoy, a 11 años de la creación del Fideicomiso de Inversiones Hídricas y cumplido el plazo previsto para la realización total del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, el estado de ejecución del mismo es estimativamente del 20%", apuntó Brown. "Según datos de Ucofin, el costo total de las obras realizadas por el Fideicomiso de Inversiones Hídricas entre 2001 y 2011 en la provincia de Buenos Aires es de $ 2300 millones, equivalente a US$ 655 millones en valores o el 37% del costo total del Plan del Salado", añadió.
Según cálculos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la inundación ya representa pérdidas por unos 4800 millones de pesos o 1000 millones de dólares. Para Brown, esta última cifra de pérdida en dólares "equivale al total de la inversión faltante para concluir las obras pendientes de la Cuenca del Salado y solucionar de forma definitiva el problema".
Brown presentó en el Congreso pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo detallara sobre la asignación de los recursos del Fondo Hídrico Nacional, pero esas solicitudes fueron cajoneadas. Ahora volverá a exigir explicaciones al Ejecutivo.
LA RURAL CULPA AL GOBIERNO
El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, responsabilizó al Gobierno por las inundaciones en territorio bonaerense. "Hacemos responsables a todas las instancias del Gobierno que nos cobran impuestos y luego no se traducen en las obras necesarias para prever estos desastres", dijo. "Las inundaciones son también el resultado de la negligencia", acusó. (La Política OnLine).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario