Se trata de aquellos impuestos que se transfieren automáticamente a los distritos. Entre el 2002 y el 2008 estos recursos representaron el 27,5% del total de la recaudación y desde el 2009 cayó al 26,1%, a pesar de la creación del Fondo de la Soja.
En medio de la pelea entre las provincias y la nación por las jubilaciones y el dabate por la coparticipación que hoy buscó plantear el gobernador Daniel Scioli, un informe de Idesa afirma que actualmente 3 de cada 4 pesos recaudados quedan en manos del gobierno, violando así la ley de Coparticipación.
El estudio calcula que entre 1994 y 2001 los recursos que se transmiten automáticamente fueron en promedio del 32% de la recaudación total. Entre el 2002 y el 2008, ese porcentaje cayó a un 27,5%. Desde el 2009 a la fecha, y a pesar de la creación del Fondo de la Soja, la proporción vuelve a caer a un 26,1%.
Es decir que desde el fin de la Convertibilidad el gobierno ha venido incumpliendo con el Artículo 7º de la Ley 23.548 que establece que “el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley”.
Desde Idesa advierten que “el mandato constitucional de 1994 se apoyaba en que, en esa época, se estaba en la etapa final de la transferencia de los principales servicios públicos a las provincias. Es claro que la transferencia de la educación y la salud pública, las inversiones de vivienda e infraestructura urbana, exigían rediscutir la distribución de los impuestos nacionales”.
En ese entonces se había establecido que los porcentajes de coparticipación serían los mismos que habían sido pautados en 1985 hasta sancionar nuevos criterios en 1996. Ese debate finalmente nunca se hizo, por lo que las proporciones han quedado totalmente desactualizados.
"La coparticipación se tendrá que volver a discutir”, aseguró hoy Daniel Scioli, en relación a esta disputa.
Los efectos de esta combinación terminaron derivando en un ajuste, a pesar de que estaba disfrazado como un mayor federalismo, porque “deteriora la calidad de los servicios públicos esenciales”. Un camino que el gobierno parece estar queriendo imitar al dejar a la deriva a las provincias con mayor fragilidad fiscal.
Guerra
Las declaraciones del gobernador bonaerense parecen tibias al lado de la guerra que el cordobés De la Sota le declaró a Cristina. El gobernador protagonizó la semana pasada duros cruces con el kirchnerismo luego de la primer Audiencia ante la Corte por los 1.040 millones que se le adeudan en concepto del financiamiento que debe hacer la Nación para cubrir el déficit de la caja previsional provincial.
De la Sota no fue el primero en ir a la Justicia por la disputa por jubilaciones entre las provincias y la nación. En el 2009 Hermes Binner acudió a la corte durante su gestión como gobernador de Santa Fe para reclamar el 15% de los recursos coparticipables de la Anses que las provincias decidieron ceder en el pacto fiscal de 1992 para evitar desfinanciar al organismo estatal. Pero una vez que las AFJP fueron estatizadas, el acuerdo perdió su sentido. Por ese motivo San Luis también acudió al poder judicial en reclamo de $1.400 millones. Por eso De la Dota también decidió renunciar al Pacto Fiscal.
En ese sentido, el gobernador de Corrientes Ricardo Colombi también advirtió que podría ir a la Corte por los mismos motivos: acusa al gobierno de deberle $1.500 millones. Aunque, por el momento, el gobierno no parece dar el brazo a torcer, principalmente porque representan en total unos 23.000 millones anuales que no va a soltar así como así.
Los argumentos del titular de la Anses Diego Bossio y el ministro de Economía Hernán Lorenzino es que, por un lado, de ceder ese 15% el sistema previsional quedaría desfinanciado. Y en el caso de Córdoba, acusan a sus mandatarios de no haber "armonizado" sus cajas jubilatorias de acuerdo a la nacional, tal como habían acordado en el segundo pacto fiscal de 1999 que consistía en 5 puntos. Para el gobierno, los cordobeses estarían violando los relacionados a la movilidad y al cálculo jubilatorio inicial. Por eso De la Sota los acusó de querer imponerle un ajuste. Actualmente, los trabajadores de esa provincia gozan del 82% móvil, entre otros beneficios.
Es que actualmente los porcentajes que reciben las provincias datan de estudios realizados en 1985, con lo cual quedaron completamente desactualizados. Con la reforma constitucional de 1994, se pactó un plazo máximo de dos años para volver a recalcular esas proporciones, algo que hasta el momento nunca sucedió a pesar de que ya transcurrieron 16 años desde 1996. (La Política OnLine).
En medio de la pelea entre las provincias y la nación por las jubilaciones y el dabate por la coparticipación que hoy buscó plantear el gobernador Daniel Scioli, un informe de Idesa afirma que actualmente 3 de cada 4 pesos recaudados quedan en manos del gobierno, violando así la ley de Coparticipación.
El estudio calcula que entre 1994 y 2001 los recursos que se transmiten automáticamente fueron en promedio del 32% de la recaudación total. Entre el 2002 y el 2008, ese porcentaje cayó a un 27,5%. Desde el 2009 a la fecha, y a pesar de la creación del Fondo de la Soja, la proporción vuelve a caer a un 26,1%.
Es decir que desde el fin de la Convertibilidad el gobierno ha venido incumpliendo con el Artículo 7º de la Ley 23.548 que establece que “el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley”.
Desde Idesa advierten que “el mandato constitucional de 1994 se apoyaba en que, en esa época, se estaba en la etapa final de la transferencia de los principales servicios públicos a las provincias. Es claro que la transferencia de la educación y la salud pública, las inversiones de vivienda e infraestructura urbana, exigían rediscutir la distribución de los impuestos nacionales”.
En ese entonces se había establecido que los porcentajes de coparticipación serían los mismos que habían sido pautados en 1985 hasta sancionar nuevos criterios en 1996. Ese debate finalmente nunca se hizo, por lo que las proporciones han quedado totalmente desactualizados.
"La coparticipación se tendrá que volver a discutir”, aseguró hoy Daniel Scioli, en relación a esta disputa.
Los efectos de esta combinación terminaron derivando en un ajuste, a pesar de que estaba disfrazado como un mayor federalismo, porque “deteriora la calidad de los servicios públicos esenciales”. Un camino que el gobierno parece estar queriendo imitar al dejar a la deriva a las provincias con mayor fragilidad fiscal.
Guerra
Las declaraciones del gobernador bonaerense parecen tibias al lado de la guerra que el cordobés De la Sota le declaró a Cristina. El gobernador protagonizó la semana pasada duros cruces con el kirchnerismo luego de la primer Audiencia ante la Corte por los 1.040 millones que se le adeudan en concepto del financiamiento que debe hacer la Nación para cubrir el déficit de la caja previsional provincial.
De la Sota no fue el primero en ir a la Justicia por la disputa por jubilaciones entre las provincias y la nación. En el 2009 Hermes Binner acudió a la corte durante su gestión como gobernador de Santa Fe para reclamar el 15% de los recursos coparticipables de la Anses que las provincias decidieron ceder en el pacto fiscal de 1992 para evitar desfinanciar al organismo estatal. Pero una vez que las AFJP fueron estatizadas, el acuerdo perdió su sentido. Por ese motivo San Luis también acudió al poder judicial en reclamo de $1.400 millones. Por eso De la Dota también decidió renunciar al Pacto Fiscal.
En ese sentido, el gobernador de Corrientes Ricardo Colombi también advirtió que podría ir a la Corte por los mismos motivos: acusa al gobierno de deberle $1.500 millones. Aunque, por el momento, el gobierno no parece dar el brazo a torcer, principalmente porque representan en total unos 23.000 millones anuales que no va a soltar así como así.
Los argumentos del titular de la Anses Diego Bossio y el ministro de Economía Hernán Lorenzino es que, por un lado, de ceder ese 15% el sistema previsional quedaría desfinanciado. Y en el caso de Córdoba, acusan a sus mandatarios de no haber "armonizado" sus cajas jubilatorias de acuerdo a la nacional, tal como habían acordado en el segundo pacto fiscal de 1999 que consistía en 5 puntos. Para el gobierno, los cordobeses estarían violando los relacionados a la movilidad y al cálculo jubilatorio inicial. Por eso De la Sota los acusó de querer imponerle un ajuste. Actualmente, los trabajadores de esa provincia gozan del 82% móvil, entre otros beneficios.
Es que actualmente los porcentajes que reciben las provincias datan de estudios realizados en 1985, con lo cual quedaron completamente desactualizados. Con la reforma constitucional de 1994, se pactó un plazo máximo de dos años para volver a recalcular esas proporciones, algo que hasta el momento nunca sucedió a pesar de que ya transcurrieron 16 años desde 1996. (La Política OnLine).
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