La provincia de Buenos Aires acumula un atraso de más de seis meses en el pago de las facturas de servicios brindados por las cooperativas en las dependencias y organismos provinciales. Por su parte, la FEDECOBA ha reiterado su pedido de audiencia con el ministro Arlía para tratar temas de recomposición tarifaria.
El notorio incremento de la deuda que por distintos conceptos mantiene la provincia de Buenos Aires con las cooperativas de servicios públicos, sumado a la necesidad de adecuar los ingresos tarifarios, es motivo de preocupación en el ámbito de Fedecoba. Así quedó manifestado en la última reunión de Consejo de Administración y en el encuentro intercooperativo realizado en diciembre pasado en Trenque Lauquen, en donde se acordó insistir con los pedidos de audiencia al ministro de Infraestructura provincial, licenciado Alejandro Arlía.
Uno de los temas que afecta a las cooperativas es el atraso de más de seis meses que la Tesorería General de la Provincia y la Dirección General de Escuelas mantienen con las cooperativas por sus facturas de servicios (electricidad, agua potable, teléfonos, gas) en las dependencias de la administración central, entidades autárquicas y organismos descentralizados provinciales (escuelas, policía, penitenciaría, hospitales, universidades, etc.). Desde hace varios años, la cobranza por estos servicios se realiza través de un convenio suscripto por Fedecoba, pero la crítica situación económico-financiera de la provincia ha llevado a incrementar la deuda por estos conceptos en más de cuatro millones de pesos.
Finalmente, Fedecoba continúa insistiendo en un pedido de audiencia al ministro Arlía con el principal objetivo de manifestarle la necesidad de ajustar los ingresos tarifarios de las cooperativas, en consonancia con los mayores costos de mano obra (se otorgaron incrementos salariales al personal del servicio eléctrico) y de insumos imprescindibles para garantizar la normal continuidad y la calidad del servicio público en la provincia.
“No ignoramos las dificultades financieras por las que atraviesa la Provincia, pero entendemos que de manera alguna ello significa resignar derechos de nuestras asociadas y de sus comunidades, por lo que seguiremos ejerciendo la representación que nos ha sido confiada con la seriedad y el compromiso que la situación amerita; al tiempo que deberemos hacer pública esta situación ya que afecta gravemente el normal desenvolvimiento económico-financiero de nuestras representadas”, expresaron desde el Consejo de Administración.
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