Lujan: Los caminos que puede transitar Curtarsa después de la quiebra.

EL CIVISMO dialogó con diferentes actores alrededor del desafío de reactivar el predio de la curtiembre. Qué opciones barajan trabajadores y sindicato; posiciones políticas y también de los ambientalistas.
A partir de la quiebra y la paralización total de las actividades dentro de la planta de Curtarsa, se abrió un abanico de opciones –todas de compleja resolución- para generar una reactivación que le permita a los trabajadores mantener una fuente de ingreso. 
Sin embargo, ante la expectante parálisis propia de la quiebra y la actual feria judicial, los diferentes actores directos alrededor de la curtiembre mantienen posiciones disímiles sobre la conveniencia de emprender el camino de reactivación. Incluso entre los mismos trabajadores no existe una posición unánime. Mientras algunos planifican el armado de una cooperativa, otros consideran inviable el desarrollo y sostenimiento de esa organización. 
Desde el gobierno municipal no hubo posicionamientos públicos y sólo se atinó a informar sobre una visita del intendente a la planta, mientras un grupo de operarios custodia los bienes. 
Allí, el jefe comunal Oscar Luciani dijo que estaba a favor de una reconversión, sin aportar mayores detalles. Esa posición sería compartida por quienes, desde diferentes ámbitos, denunciaron la contaminación emanada de la fábrica de capitales italianos.
A su vez, el secretario de Producción, Luis Zanazzi, solo se pronunció después de conocida la quiebra y ante el pedido desesperado de los trabajadores para que se gestione algún ingreso paliativo que los ayude durante el tiempo de inactividad productiva. Zanazzi hablaba de la complejidad del caso y de la posibilidad de conseguir ayuda desde Provincia o Nación.
Según pudo saber este medio, al Departamento Ejecutivo se le planteó la conveniencia de realizar en la planta paralizada un inventario de todo lo que se mantiene dentro del predio y, con técnicos y la ayuda de la Secretaría de Ambiente de Nación calcular los detalles del pasivo ambiental de la curtiembre para que quede claramente establecido qué fue lo que dejó la gestión de los últimos empresarios y no dejar abierta la posibilidad a que nuevos compradores "dibujen" esos elementos cruciales para una reactivación o reconversión. 

DESDE LA POLÍTICA
El diputado provincial Juan Carlos Juárez fue impulsor del proyecto que terminó trasformado en ley para la relocalización de la curtiembre. La iniciativa se promulgó en noviembre del año pasado pero desde entonces su aplicación parece lejana. 
Ante el panorama actual, Juárez puntualizó que "de las conversaciones que mantuve con el juez que interviene en la quiebra, del expediente surge que la empresa ha sufrido un vaciamiento".
"El primer dato singular que tiene la quiebra con respecto a otras que conozco en la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Vandenfil, es que se dicta sin continuidad laboral. Por lo general en todas las quiebras se dicta la continuidad laboral, para darle la posibilidad a los trabajadores de que sigan produciendo. Por lo tanto es un caso nuevo", destacó el legislador. "Si se hubiese dado esa situación se podía insistir con el tema de la relocalización", agregó. 
Juárez dijo que "nosotros seguimos con la firme tendencia de que la relocalización debe darse si la compra algún empresario y continúa como cooperativa, aunque también se puede pensar en la reconversión de ese lugar en un polígono de desarrollo productivo con empresas de Categoría 1, que tengan bajo impacto ambiental".
Para ello, Juárez considera necesario "darle intervención al capital privado y también al Estado por intermedio de créditos". 
"Yo participé en el caso de la ex Bosch, en San Martín. Ahí se expropió a través de una ley provincial y se hizo una cooperativa. Alternativas se abren muchas, pero tiene que haber una fuerte participación de Provincia y Nación", dijo Juárez, recordando de todos modos que "la ley de relocalización está vigente. Tiene la característica de contemplar a los trabajadores y a los vecinos". 
El legislador también se refirió a las críticas recibidas por parte de la ex intendenta Rosso, quien manifestó la inviabilidad práctica de la ley. "Es la opinión de ella y no la comparto en lo más mínimo. Yo he sido coherente con lo que vengo planteando hace más de 15 años. Es una ley que fue votada por los legisladores de los diferentes partidos. Haber logrado ese consenso habla de un cuerpo legislativo que se interesó por el tema, trabajó y finalmente sancionó la ley".
"Es la primera ley en el país con esta característica y tiene connotaciones muy similares a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia con relación a la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde por orden de la Justicia se están relocalizando empresas, inclusive muchas curtiembres", añadió. 
También dijo que "no hago política en términos personales. No me voy a poner a analizar las opiniones de los demás y corren por cuenta de quien las dice. Lo que estuvo al alcance de mi responsabilidad institucional y política lo hice, algo que me deja tranquilo, porque en vez de andar haciendo declaraciones, me ocupé del tema".
El presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria-PJ, César Siror, consideró que "estamos en un momento en el que hay que dar lugar a la opinión de todos, pero fundamentalmente a la opinión de los trabajadores".
En primer lugar, estimó que "hay que pasar en claro cuántos compañeros tiene la continuidad y el beneficio o no de la cooperativa, si siguen ese camino. Pero sabemos que es algo que se encara para su subsistencia".
"En medio también están los vecinos que tienen opiniones fundadas y concretas. Y hay trabajadores que forman parte de esa sociedad común", dijo el concejal.
En el marco amplio del conflicto, Siror recordó: "Está el tema de la relocalización, con lo difícil que sería ese proceso a partir de la ley aprobada el año pasado".
"Nosotros seguimos invocando que todas las partes opinen y se trace un cuadro de situación real. Y ver hacia dónde se enfocará la producción y su destino", planteó Siror.
Para el edil "este conflicto es una cuestión de Estado. Atravesó a varias gestiones municipales, y otra vez hay que privilegiar la posición de cada uno de los actores y elegir la opción más concreta y conveniente. Hablar hoy de la ley de relocalización es muy difícil".

DESDE LO AMBIENTALLaura Olivares es vecina de Jáuregui e integra el colectivo Luján 2 Ciudades. En diálogo con este medio dijo que "como vecina de Jáuregui no quiero que vuelva a haber curtido. Me parece que lo mejor es utilizar el mobiliario para desarrollar otras actividades, pero que no sean contaminantes".
"Creo que hay que tener muy en claro la historia del pueblo, porque hace 16 años que se está reclamando por el tema de la contaminación", afirmó.
Olivares dijo que "un tema importante es el pasivo ambiental que le queda al pueblo. Me parece que los vecinos debemos tener participación en las decisiones que se tomen sobre el futuro de Curtarsa en cuanto a qué se va a instalar en ese lugar. Básicamente no queremos más empresas contaminantes".
"Sabemos históricamente que el OPDS no es un buen organismo de control que sea fiable para otorgarle la confianza. Lamentablemente no nos tenemos que olvidar lo mal que se hacen las cosas y lo mal que nos cuidan las autoridades. Hay que controlar cómo sigue esto, porque una vez que te instalan una empresa no la sacás más", completó.
Por su parte, Santiago Deschutter, de la Asamblea Ambiental, estimó que "una propuesta para Curtarsa debe resolver algunas cuestiones pendientes, por ejemplo la situación de los empresarios italianos, quienes se han ido nuevamente dejando deudas y pasivo ambiental. En ese marco –continuó- se debe priorizar a los trabajadores para que puedan cobrar la plata que le deben, una deuda que a esta altura es millonaria".
"Me parece que existe la posibilidad de utilizar la infraestructura para iniciar un emprendimiento productivo sustentable. Para mí sería deseable que ellos funcionen a través de una cooperativa, porque me parece que con muchos de ellos hay posibilidad de instalar un diálogo para acomodar muchas cosas, algo que con los italianos nunca se pudo", dijo Deschutter.
El militante ambiental dijo entender "que muchos trabajadores piensan, en lo inmediato, retomar el curtido. Eso me parece razonable durante una primera etapa para salir de la situación desesperante en la que están, pero me parece que a mediano plazo hay posibilidades, por créditos que se pueden gestionar en instancias provinciales y nacionales, de que se haga otro trabajo". 
Para Deschutter, lo esencial es "que haya un plan real de trabajo y ya que el Municipio está tan apurado en instalar un nuevo parque industrial en la zona de Jáuregui, se debería tratar de poner en coordinación a esos potenciales emprendimientos nuevos y pensar en que se instalen ahí". "También el Municipio debería realizar gestiones ante Nación y Provincia para que los trabajadores puedan acceder a alguna vía productiva", planteó.

DESDE LO SINDICAL   
La posición del Sindicato de Obreros Curtidores (SOC) se conoció días atrás cuando llegó hasta la fábrica el secretario general Walter Correa. En esa ocasión, el dirigente gremial dijo que "el sindicato va a avalar una cooperativa conducida por los propios trabajadores. No a cuatro vivos que se llenan de plata y los compañeros se llevan 300 pesos por semana, porque esto también pasó. Armaremos la cooperativa como último recurso, pero si mañana o pasado aparece un industrial para producir, desechamos a la cooperativa y nos ponemos al servicio del comprador. En la lucha, ante estas situaciones, decimos que no buscamos patrones sino trabajo".
Mientras la organización pos quiebra se termine de definir, el SOC habla con la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Buenos Aires y con otra cámara grande del sector para "acordar con varios empresarios la idea de que traigan trabajo a Curtarsa".
Correa aseguraba que sabía de "gente que quiere visitar la planta con el criterio de ponerla a trabajar".
A mediano plazo, Correa habló de "un viejo proyecto de siete años atrás que era el polo industrial del cuero. Queríamos avanzar en La Rioja pero nosotros queremos volcarlo acá. La capacidad operativa sirve. En los galpones se puede manufacturar y somos optimistas. No hay que bajar los brazos".
Esa posición estaba en sintonía con la manifestada por los trabajadores, quienes le planteaban a este medio la urgencia por conseguir el aval judicial y reactivar la producción en seco hasta tanto se reacondicionen las máquinas de otros sectores de Curtarsa afectado por un incendio que habría sido intencional.
Sin embargo, otro grupo de operarios entiende que la magnitud del predio y sus características específicas hacen imposible una gestión cooperativa, en particular por los altos costos operativos que demandaría esa opción. (El Civismo).