Las ciudades latinoamericanas han estado caracterizadas por un proceso de urbanización que tendió a establecer una fuerte mixtura de actividades productivas y residenciales. En Argentina esta tendencia ha ido mutando desde el último cuarto del siglo XX donde han comenzado a emerger agrupamientos industriales de diverso tipo, generalmente denominados como “parque industriales”. Nuestras urbes presentan un mapa de localizaciones industriales donde se mezclan la fuerte mixtura industrial-residencial en las zonas de mayor antigüedad que se va combinando con los parques industriales, que en el caso de la metrópolis de Buenos Aires prosperan más en el segundo y tercer cordón. Cabe agregar que este proceso es acompañado por nuevas formas de comercialización, como los shopping, hipermercados y centros de logística, que generan impactos ambientales significativos; además del incremento del parque automotor, que suma estaciones de servicios y lubricentros, con sus riesgos asociados. Esta dinámica productiva se extiende en zonas donde aún hay déficit de saneamiento básico, y hace que la actividad de los denominados “atmosféricos” sea necesaria, al tiempo que requiere control para evitar vuelcos en cursos de agua o suelo.
Las actividades productivas y de servicios que enunciamos son pasibles de generar tres tipos de escenarios de afectación al ambiente y a la salud, en dimensión diferencial según escala y tipo de riesgo:
a) La contaminación crónica, es decir, aquella generada por la liberación regular de sustancias al ambiente, según el proceso productivo y el ajuste a las normas que fijan los límites de este tipo de emisiones. Es importante señalar, que aún cuando se cumpla con las leyes, éstas son generales y no tienen en cuenta los escenarios particulares de cada caso. Vale decir, el cumplimiento de la norma no siempre asegura una calidad del ambiente apropiada para las personas que habitan en él y para el mantenimiento de la calidad de un ecosistema.
b) La contaminación incidental es aquella producida por accidentes o acciones irresponsables de las empresas, que significa la liberación de sustancias al ambiente de manera ocasional. Este tipo de situaciones genera picos de contaminación que en ocasiones pueden tener consecuencias importantes para la salud, dependiendo de la sustancia. En otras, genera acumulación de contaminantes en el ambiente como en el caso de los cursos de agua: Matanza-Riachuelo, Reconquista, etc.; o bien en suelos, como el caso del plomo en Villa Inflamable (Dock Sud).
c) Los accidentes mayores, son aquellos de gran magnitud tanto por su extensión territorial, como por la afectación de personas y bienes, y en algunos casos su impacto en las generaciones futuras. A escala internacional uno de los más conocidos ha sido el accidente de la Union Carbide en Bhopal (India) en 1984 con un saldo de miles de muertos y varias decenas de miles de heridos. En Argentina, estos escenarios existen, y han devenido en situaciones catastróficas como el caso de la explosión de la Fábrica Militar en Río Tercero Córdoba (1995) y accidentes en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca (2000), o el incendio del buque Perito Moreno en Dock Sud (1984). Los agrupamientos industriales reúnen algunos de los riesgos tipificados a nivel internacional: incendio, nube tóxica y explosión. Muchos de ellos tienen los tres riesgos conjuntos en escenarios complejos, máxime cuando existe en la proximidad población residente.
El municipio de Almirante Brown se encuentra ubicado en el arco sudoeste del segundo cordón del conurbano bonaerense, y posee un proceso de industrialización más reciente, incrementando el número de industrias en más del 50 % en los últimos 5 años. Este desarrollo se centró principalmente dentro del Parque Industrial de Almirante Brown, el que concentra mayormente empresas de mediano y alto riesgo ambiental (segunda y tercera categoría). Al mismo tiempo que se extendieron los servicios ya señalados y que traen aparejados nuevos desafíos a la gestión ambiental local. Este polígono industrial, y el resto de la industria es principalmente PYME, esto significa que los escenarios de impactos en términos de contaminación crónica, incidental y accidental están presentes; aún cuando en la mayoría de los casos lo sean en escala mediana-baja; no por ello deja de ser significativa la política ambiental que busca acompañar el crecimiento productivo bajando los niveles de riesgo ambiental.
Los cambios en la dinámica productiva, vienen siendo acompañados de un cambio en materia de gestión ambiental local, básicamente mudando el paradigma de control ambiental a la gestión del riesgo ambiental. Esto significa el trazado de acciones vinculadas a mitigar las amenazas que generan las actividades, desde los dispositivos de control y ordenamiento; el trabajo de monitoreo de los recursos afectados, que son elementos vinculados a la exposición y constituyen un indicador de impacto agregado del conjunto de las actividades. El desarrollo de acciones de reducción de vulnerabilidad, ya sea desde el seguimiento y atención de la salud, como también del desarrollo de un Plan de Contigencia por Riesgo Tecnológico, que tiene base en el Parque Industrial, pero se va extendiendo al resto del Municipio.
En este marco, la política ambiental local tuvo una jerarquización institucional en el año 2008, cuando el intendente Darío Giustozzi creó la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable. Ahora se ha dado un paso más en la consolidación institucional, al crearse e implementarse la Tasa por Fiscalización y Riesgo Ambiental, que se orienta a financiar los servicios que el Municipio presta en concepto de gestión del riesgo ambiental generados por la actividades ya señaladas. Se trata de dar sostenimiento financiero a las acciones de control sobre los establecimientos donde el Municipio tiene competencia directa, así como también acciones de vigilancia sobre las que dependen en primera instancia de otros organismos, como las acciones de monitoreo de recursos, las acciones vinculadas a los planes de contingencia de riesgo tecnológico y aquellas tendientes a reducir la vulnerabilidad social.
Los contribuyentes alcanzados por la nueva tasa son las industrias en todas sus categorías (primera, segunda y tercera) y aquellas empresas no industriales y que generan impactos ambientales en su fase operativa, así como predios con almacenamiento o fraccionamiento de sustancias peligrosas, estaciones de servicios, lubricentros y atmosféricos.
La liquidación de la tasa está sujeta a una fórmula polinómica, que busca establecer equidad contributiva según tamaño e impactos generados. El cálculo tiene como base una “Cuota” que refiere a la tasa de Servicios Generales (asimilable al ABL en otros municipios), la misma es multiplicada por factores asociados a impactos negativos: nivel de complejidad ambiental del establecimiento, efluentes gaseosos y efluentes líquidos.
La fórmula tiene en el divisor, factores que miden impactos o acciones positivas. Por un lado, un factor que mide cantidad de empleados por superficie construida, tendiendo a que pague menos quien genera mayor trabajo intensivo. Por otro lado, un factor asociado a las certificación de normas ISO 9000 y 14.000, teniendo esta última la mayor puntuación. Finalmente, la fórmula tiene un factor de ordenamiento territorial, un multiplicador que incrementa en un 50 % a las empresas localizadas fuera del Sector Industrial Planificado.
La tasa constituye una herramienta innovadora que no sólo financia la política ambiental de gestión de riesgo; sino que oficia como herramienta económica de la política ambiental al estimular las acciones que propenden a reducir el nivel de riesgo. La recaudación correspondiente al mes de enero ha sido exitosa, esto significa un paso importante en el fortalecimiento institucional de las políticas ambientales, como políticas de estado a escala local. Este nuevo sistema afirma y da previsibilidad a la continuidad en los trabajos de colaboración y articulación con organismos como la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y los provinciales como el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA).
Máximo Lanzetta, Titular de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Alte Brown y especialista de la Fundación Metropolitana. (Informe Digital Metropolitano).
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