El Ministerio Público Fiscal de Neuquén comenzará a reconocer la justicia indígena para resolver los conflictos penales dentro de las comunidades nativas. El anuncio se realizó la semana pasado y será en los casos de delitos en los que no afecte gravemente el interés público.
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPFN) comenzará a reconocer la justicia indígena para resolver los conflictos penales. El anuncio se realizó la semana pasado y será en los casos de delitos en los que no afecte gravemente el interés público.
La iniciativa constituye un hecho histórico que coloca a Neuquén a la vanguardia en políticas de integración intercultural, y las materializa al amparo de normas internacionales, nacionales y provinciales que establecen el reconocimiento de las costumbres de los pueblos indígenas para resolver conflictos penales, en la medida que éstas sean compatibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos reconocidos internacionalmente, explicaron desde el ministerio público neuquino.
“Estamos poniendo en marcha una experiencia única en el país, y en Pulmarí, un lugar donde está representado el Estado nacional y provincia junto con las comunidades mapuches”, dijo el fiscal general provincial mediante un comunicado, José Gerez. Agregó que “a partir de ahora empieza un desafío para poner en valor antiguas costumbres que eran utilizadas para resolver conflictos y recuperar aquellas que se han perdido”.
Durante un encuentro del que participaron el fiscal general José Gerez; el presidente del directorio de la CIP, Alberto Moreno; el vicepresidente de la CIP y representante de las comunidades mapuches Daniel Salazar; el presidente del Consejo de Vigilancia de la CIP, Ricardo Mendaña; los restantes representantes de Nación y Provincia en el directorio de la CIP y miembros de las comunidades mapuches.
Según las pautas consensuadas por los impulsores de la iniciativa, para aplicar este reconocimiento en las comunidades se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos: “Que el conflicto involucre sólo a miembros de comunidades indígenas reconocidas como tales por el Estado” y “que el conflicto haya ocurrido únicamente en territorio reconocido de las Comunidades”.
Tambien “que el caso no afecte gravemente el interés público (un homicidio o delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, quedarán excluidos)”; “que la sanción respete los derechos humanos” y que “el conflicto sea resuelto por una autoridad legitimada por las comunidades”.
En principio, comprenderá el territorio de Pulmarí, habitado por las comunidades Currumil, Catalán, Aigo, Puel, Ñorquinco y Hienguihual. La presentación se realizó la semana pasada en la localidad de Aluminé, en la provincia de Neuquén se firmó la declaración de pulmarí. (Diario Judicial).
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