Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, el panorama de la obra pública ha experimentado una drástica transformación. Según datos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, la cantidad de proyectos en ejecución con fondos nacionales ha caído un 87% entre fines de 2023 y el primer bimestre de 2024. Esto se traduce en más de 2000 obras que dejaron de recibir financiamiento estatal, marcando un hito en la política económica del nuevo gobierno.
El freno en la obra pública ha sido notorio, reflejado en una reducción significativa de los gastos de capital. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el recorte en este rubro alcanzó el 82,3% en términos reales hasta febrero pasado. Esta disminución fue una de las claves para lograr el superávit financiero en los primeros meses del gobierno de Milei.
El ajuste en la obra pública se ha reflejado en diversos sectores y proyectos de infraestructura en todo el país. De las 2417 obras en ejecución con recursos nacionales a fines de 2023, solo quedaron 300 proyectos en febrero pasado, marcando una caída del 87,6%. Este drástico recorte ha afectado tanto a obras de alta envergadura como a proyectos de menor escala, así como también a la compra de equipamiento.
El gobierno de Milei dejó claro desde el inicio que la prioridad es terminar con obras estratégicas que tengan un impacto significativo a nivel nacional, como aquellas relacionadas con la seguridad vial, las cárceles y el control de inundaciones. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación en sectores vinculados a la construcción y la infraestructura, que alertan sobre los posibles efectos negativos en el entramado productivo y en el empleo.
El ajuste en la obra pública ha sido parte de una estrategia más amplia del gobierno de Milei para eliminar el déficit fiscal y alcanzar el superávit financiero. La reducción en las transferencias a las provincias, así como en otros rubros del gasto público, ha contribuido a este objetivo. A pesar de las críticas y advertencias sobre las consecuencias económicas y sociales de este ajuste, el gobierno ha mantenido su postura de priorizar el equilibrio fiscal como la "madre de todas las batallas".
A pesar del freno en la obra pública a nivel nacional, algunos proyectos estratégicos han continuado avanzando. La licitación del último tramo de la reversión del Gasoducto del Norte y la ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner son ejemplos de obras importantes que siguen en marcha. Sin embargo, estas excepciones no han logrado compensar la drástica disminución en la inversión pública observada en otros sectores.
El recorte en la obra pública desde la asunción de Javier Milei tuvo un gran impacto en la economía y la sociedad argentina. Si bien el gobierno celebró alcanzar el superávit financiero, las consecuencias a largo plazo de esta política de ajuste aún están por verse. La reducción en la inversión pública podría afectar el crecimiento económico y el bienestar social en el país, generando incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura y el empleo. (códigobaires).
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