sábado, octubre 06, 2012

Nora de Lucía acordó una mesa de diálogo y se levantó la toma en Educación

Los trabajadores del ministerio de Educación bonaerense decidieron levantar la toma tras una reunión con la titular de esa cartera, Nora De Lucia. Se retrotraen los recortes, se reincorporan los trabajadores despedidos y se abren mesas de diálogo para discutir el plantas permanentes, blanqueo y equiparación salarial. 


La directora de Educación bonaerense, Nora de Lucia, dio marcha atrás con el recorte implementado en esa cartera y los trabajadores decidieron levantar la toma que ya llevaba once días. Se retrotraen los recortes, se reincorporan a los despedidos y se abren mesas de diálogo para discutir blanqueo y equiparación salarial.


El conflicto comenzó a destrabarse ayer cuando las autoridades de esa cartera llamaron a los trabajadores a una reunión.

Los estatales presentaron a De Lucia un acta en donde exigieron retrotraer la situación a antes del ajuste, dar marcha atrás con los recortes en horas extras y viáticos, la reincorporación de los trabajadores despedidos y la conformación de una mesa de diálogo que discutirá el pase a planta permanente, blanqueo y equiparación salarial.

Más tarde en una asamblea, los trabajadores sumaron más demandas: Establecer una fecha para la conformación de la mesa de diálogo (que finalmente se fijó para el 16 de octubre), la restitución del material informático que autoridades de esa cartera retiraron para liquidar sueldos y un texto en que se los eximiera de todo daño que haya ocurrido en el centro de informática, toda vez que a esa dependencia ingresaron efectivos de gendarmería.

Oficialmente, desde el ministerio informaron "se va a liquidar lo mismo que en agosto ya que no se pudo procesar la información referida a septiembre”.

Desde esa cartera enviaron a la Secretaría Legal y Técnica un anteproyecto de ley para reducir la estructura del Ministerio. Según dicen, “por una menos costosa, más ágil, dinámica y con inmediatez en el contacto con las escuelas”.

Ese era también uno de los reclamos de los trabajadores. El pedido puntual era anular el organigrama de esa cartera al que consideraban estaba “repleto de directores de línea y asesores que cuesta un millón de pesos".

Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincia, confirmó el levantamiento de la medida que el gremio llevaba adelante junto a empleados de SOEME y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) desde el martes pasado.

"Se suspendieron las medidas de acción luego de firmar un acta acuerdo que retrotrae la situación a antes del ajuste", aseguró, y agregó que "la razón, persistencia y lucha de los trabajadores hizo que el gobierno corrigiera una decisión política injusta y errada".

Gracias a Moreno, la Cuota Hilton dejó de ser un negocio atractivo

Las políticas que implementó el secretario de Comercio desincentivaron a los frigoríficos locales. Este año el 65% del cupo se repartió entre sólo ocho empresas (la mayor parte se lo quedaron grandes grupos brasileros). Las firmas de Córdoba fueron las más perjudicadas. El exitoso modelo de la “Cuota Feedlotera” uruguaya.  


La política ganadera implementada por el Gobierno nacional en el periodo 2006/2009 –cuyo ejecutor fue el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno- trajo derivaciones de todo tipo y algunas hasta un tanto insólitas. 

Ahora resulta que la denominada e histórica Cuota Hilton dejó de ser un negocio atractivo para la mayor parte de los frigoríficos que operan en el país (cuya situación económica y financiera continúa en un estado extremadamente delicado). 

Este tradicional cupo de exportación de 30.000 toneladas anuales de cortes cárnicos vacunos de alto valor que envía la Argentina a los países que integran la Unión Europea (UE-27) fue superado por otro tipo de negocios gracias a la intervención kirchnerista. 

Los especialistas del sector ganadero que más conocen del tema remarcaron a La Política Online que el principal factor de desincentivación para participar de este negocio se cuenta la distribución discrecional del cupo por parte de Moreno. 

Por tal motivo, durante los últimos cinco periodos los frigoríficos se vieron imposibilitados de cumplir con el cupo de exportación, lo que luego trajo serias consecuencias comerciales para las firmas argentinas debido a tales incumplimientos. 

Asimismo, la anómala distribución de la Cuota Hilton propició millonarias pérdidas económicas a la industria cárnica, muy golpeada a partir de 2010 cuando quedó plasmada en el mercado la liquidación de alrededor de 12 millones de cabezas. 

El hecho de no haber podido absorber un buen margen de ganancias durante los años de mayor demanda por parte del mercado europeo, privó a las empresas sortear con mayor facilidad la actual crisis financiera internacional y consecuente caída del consumo. 

En este sentido, durante los ciclos comerciales 2007 y 2010 la tonelada de Cuota Hilton llegó a cotizar en el mercado internacional a unos 20.000 dólares, mientras que hoy no supera los 13.000 / 14.000 dólares. 

Sin embargo, la actual necesidad de hacerse de recursos frescos pareciera haber jugado un papel fundamental en Moreno, quien recién éste año decidió distribuir el cupo de exportación entre los frigoríficos en tiempo y forma. 

Pero, como todos los años, la repartija de este negocio generó un alto grado de polémica en el sector ya que se distribuyó la totalidad del cupo entre 29 empresas, cuando hace apenas cuatro años atrás había más del doble de firmas interesadas en participar. 

Y curiosamente en la Hilton 2012/13 Moreno decidió otorgarle a Quickfood casi 2000 toneladas, mientras que Marfrig S.A. -el grupo brasileño que lo controla- recibió otras 2700 toneladas (entre las dos acumulan cerca de 4700 toneladas). 

En tanto, al otro grupo brasileño, JBS o ex Swift, le asignaron unas 2065 toneladas. Luego recibieron cupo las locales Arre Beef (2300 toneladas) Friar (1962 toneladas), Gorina (1843 toneladas), Rioplatense (1750 toneladas), Ecocarnes (1204 toneladas), Logros (1200 toneladas) y Bernal S.A (con 1277 toneladas). Es decir, entre ocho grupos se repartieron 18.200 toneladas, o 65% de todo el negocio.

Otro punto que generó descontento en el sector es que la provincia de Córdoba sólo tendrá participación a través de los frigoríficos Logros y Vare con un total de 1500 toneladas (la menor cantidad de toneladas en los últimos nueve años).

Mejor que la Hilton
La nueva y denominada “Cuota Feedlotera”, creada en 2009, cuenta actualmente con 45.975 toneladas anuales, pero a partir de julio de 2013 pasará a ser de 48.000 toneladas (ciclo 2013/14), según indicó el sitio Valor Soja. 

Se trata en definitiva de un cupo de carne bovina habilitado por la Unión Europea para animales producidos en corrales de engorde (feed lots). Hasta el momento las autoridades europeas habilitaron a cinco países como proveedores de dicha cuota: Australia, Nueva Zelanda, Canadá, EE.UU., y Uruguay.

A diferencia de la cuota Hilton, este cupo es administrado por los importadores europeos a partir de negociaciones particulares que realicen con proveedores de los países habilitados. La gran ventaja es que el cupo tiene arancel cero (cuando el arancel Hilton es del orden del 20%).

Uruguay fue el último país en ser incorporado como proveedor de la cuota 620 (en agosto de 2011) y a partir de febrero pasado comenzó a exportar cortes bovinos en el marco de ese cupo. (La Política OnLine).

Provincia: Desafiliación masiva en UPCN por el conflicto en Educación

UPCN paga el precio de no intervenir en el conflicto por la toma del ministerio de Educación bonaerense y pierde afiliados. Según trascendió, durante la toma en esa cartera circularon planillas de “desafiliación” a gremio que muchos completaron y firmaron. 


Clara secuela de los 11 días de toma en la cartera educativa bonaerense. UPCN, el gremio de empleados estatales que conduce en la Provincia Carlos Quintana sufrió una masiva fuga de afiliados.

Durante la toma en el ministerio circularon planillas de “desafiliación” al gremio, y -según trascendió- fueron firmadas por un número importante de trabajadores que hasta hoy respondían a UPCN.

El motivo del malestar no es otro que la postura que tomó el sindicato durante el conflicto. Los tres gremios fuertes en Educación son ATE, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme) y UPCN. Pero éste último solo se limitó a acompañar el reclamo con una solicitada en diarios platenses y luego no tuvo presencia de sus autoridades en la ocupación. 

La “cercana” relación entre el gobierno provincial y el gremio que conduce Quintana no es nueva ni sorprende a los trabajadores. UPCN negocia por separado en las paritarias y es el primero en lograr acuerdos con el Ejecutivo.

Los trabajadores afirman que Quintana no se presentó en la toma del edificio en los 11 días que duró el conflicto. Algunas versiones indican que el líder gremial, estuvo ayer en la gobernación en momentos en que la titular de la Dirección de Escuelas, Nora de Lucia, se encontraba en la gobernación provincial. El titular de UPCN habría mantenido un encuentro con las autoridades provinciales. 

Según publica el portal Info7Días, la pérdida de afiliados de UPCN en Educación no es nueva. El proceso comenzó en 2009 cuando el sindicalista Fernando Marín decidió pelear por la conducción del gremio que maneja Quintana desde el regreso de la democracia en el año 1983. 

La reyerta entre ambos terminó con una causa judicial contra Marín, a quien se lo acusó -en una investigación periodística que terminó con intervención de la justicia- de utilizar ladrillos y fondos económicos de la Dirección de Educación para construir su casa en las afueras de La Plata. 

A partir de ese momento Marín formó la agrupación 11 de Septiembre y se abocó a esmerilar la inserción de UPCN en los trabajadores de Educación, que hoy tendría sus “frutos” con la desafiliación masiva de empleados que sienten que su gremio no los representa y que no reclama por ellos.

Justamente, Marín fue el señalado por el gobierno provincial como el responsable de agredir a funcionarios de la cartera educativa en medio de las negociaciones para destrabar el conflicto.  (La Política OnLine).

San Miguel: Ganadores del 4º Festival Folklórico.

Se entregaron los premios a los ganadores del 4º Festival Folklórico, la ceremonia se realizó en el salón dorado del palacio municipal. Joaquín de la Torre , intendente de San Miguel, entregó los reconocimientos a cada uno de los premiados.
Se realizó la premiación de los ganadores del 4º Festival Folklórico de San Miguel, cuya final se hizo el pasado domingo en el club Indios. El acto se realizó en el salón dorado del palacio municipal y los premios fueron entregados por el intendente del distrito, Joaquín de la Torre.
“Los felicito por el talento y la dedicación que cada uno de ustedes ha entregado a estas disciplinas artísticas”, expresó Joaquín a los presentes antes de comenzar con la ceremonia.

LISTA DE PREMIADOS
Danzas:
- Malambo sureño: Víctor Román
- Malambo norteño: Alexis Juárez
- Folklore tradicional: Julia Vidal /Brian Antunez
- Folklore estilizado: Érica Díaz / Víctor González
- Tango salón: Nadine Grau / Jonatan Acosta
- Tango estilizado: Belén Alvarez / Martín Córdoba
- Conjunto de danzas folklóricas: Alma Folklórica

Canto:
- Folklore femenino: Daniela Quevedo
- Folklore masculino: Diego Ramos
- Tango femenino: Mirta Cavoret
- Tango masculino: Oscar Arce
- Duo Vocal: empate entre Kantany y Gemelos.

Nación asiste a pequeños productores agropecuarios de José C. Paz

El jueves 4 de octubre, pasadas las 9:00 horas, en la sala de despacho municipal, el Sr. Intendente Municipal D. Carlos URQUIAGA conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ing. Carla CAMPOS BILBAO procedieron a la firma de convenio para brindar asistencia a productores agropecuarios del partido de José C. Paz.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, entregó fondos para la asistencia de pequeños productores agropecuarios del municipio bonaerense de José C. Paz.

A través del Programa Nacional de Agricultura Periurbana, el distrito paceño recibió 300.000 pesos a través de un convenio firmado entre la Secretaría que conduce Carla Campos Bilbao y la comuna a cargo de Carlos Urquiaga.

Nación y el Municipio acordaron encarar un relevamiento de todos los agricultores familiares de José C. Paz y avanzar en la inclusión de los productores en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).

Además, se les facilitará a los productores locales una Sala de Faena Móvil y una Sala Extracción de Miel.

Por otra parte, se avanzará en la generación de vínculos entre los pequeños agricultores del distrito y el Mercado Concentrador de José C. Paz, con la meta de brindar nuevos espacios de comercialización para los productores.

El Ministerio de Agricultura nacional también evalúa un proyecto presentado por la Intendencia paceña para financiar la creación de un Laboratorio de Biotecnología para la Producción Forestal.

El Programa Nacional de Agricultura Periurbana brinda financiamiento y herramientas para el desarrollo de los pequeños agricultores afincados en los alrededores de los grandes centros urbanos. Son beneficiados más de 85.000 productores en 112 municipios de todo el país con subsidios, infraestructura y asistencia técnica.

Este año se firmaron convenios con 21 comunas bonaerenses, que reciben un total de 6,6 millones de pesos para invertir en beneficio de 2.384 agricultores familiares.

Desde su implementación, el Programa de Agricultura Periurbana contribuyó a crear 52.600 puestos de trabajo directos y más de 131.000 indirectos; aportó 66 millones de pesos en asistencia directa a la producción y 116 millones de pesos en infraestructura, y convirtió 53.300 hectáreas en tierras para la producción. 

De la Sota estará en Malvinas Argentinas con Jesús Cariglino..

La semana próxima irá a Malvinas Argentinas y Lanús. Serán sus primeras visitas políticas al distrito que contiene al 40 por ciento del padrón electoral.

José Manuel de la Sota prepara su desembarco en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país, hoy dominado por el kirchnerismo y el gobernador Daniel Scioli.
Luego de algunas reuniones públicas y otras reservadas con dirigentes nacionales del peronismo disidente, el gobernador decidió incursionar en el conurbano bonaerense.
Según fuentes delasotistas, el gobernador visitará Malvinas Argentinas, administrada por un peronista anti-K, Jesús Cariglino, quien en los últimos días también se mostró con el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.
El otro municipio bonaerense que visitará De la Sota será Lanús, cuyo intendente es el kirchnerista Dario Díaz Pérez.
Serán las primeras recorridas pública de De la Sota como aspirante presidencial, aunque el mandatario provincial no hablará de su ambición de suceder a la presidenta Cristina Fernández. Aunque marcará sus diferencias con la Casa Rosada.
Dos semanas atrás, en una reunión que encabezó en la Casa de Córdoba en Capital Federal, De la Sota se comprometió con otros dirigentes nacionales del peronismo a liderar una oposición al kirchnerismo dentro del partido.
El gobernador también visitará distintas provincias. Con la excusa de promocionar Córdoba para la temporada turística, anoche el gobernador estuvo en Catamarca.
Ante una gran concurrencia, en el Paseo de La Alameda, De la Sota presentó al cuartetero Damián Córdoba y el humorista Cacho Buenaventura.
Pero también acompañaron al gobernador otros dirigentes de Córdoba, como Carlos Caserio, quien es el principal operador político de De la Sota. Aunque no se informó de manera oficial, además de las actividades de promoción, el gobernador mantuvo reuniones políticas reservadas. Hoy estará en La Rioja y mañana en San Juan.

En campaña
Los operadores delasotistas armaron una agenda nutrida de visita a distintas provincias. La excusa es la promoción turística. Pero, el gobernador De la Sota aprovechará para mostrarse con grupos cuarteteros y humoristas cordobeses reconocidos. (La Voz del Interior).

Malvinas Argentinas: Cariglino en seminario “Reforma constitucional: sí o no” .

“Argentina tiene otros problemas que resolver antes de la reforma constitucional”.
Lo dijo el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, en el marco del Seminario “Reforma constitucional: sí o no” en San Martín.
El jueves, el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, participó del seminario del Instituto de Gestión Pública “Reforma constitucional: sí o no”, en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.
Junto al intendente Cariglino, estuvieron presentes el presidente del Comité Nacional Unión Cívica Radical, Mario Barletta; el diputado nacional, Francisco De Narváez; la diputada nacional por el PRO, Laura Alonso; el diputado provincial, Walter Carusso y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, entre otros.
Con respecto a si la reforma constitucional debe llevarse a cabo o no, el intendente malvinense, explicó: “No, porque hay prioridades, la Argentina tiene otros problemas que resolver. No nos dejemos llevar por los cuentos, por el libreto y pensemos una Argentina en serio, en los próximos 30, 40 años. Trabajemos juntos para recuperar la Argentina que todos queremos, dejando un futuro para nuestros hijos, un país en marcha, con posibilidades de estudiar, de acceder a la salud, con la posibilidad de ser digno. Tenemos que juntarnos, ahora más que nunca, para organizar el país”, finalizó el jefe comunal.

San Isidro: Posse inauguró Autoclásica 2012.

La muestra, que reúne a alrededor de 800 vehículos clásicos e históricos de categoría internacional, podrá visitarse hasta el lunes 8 de octubre en el Hipódromo de San Isidro.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, dejó oficialmente inaugurada ayer al mediodía la tradicional muestra “Autoclásica” que es organizada por el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina.

El acto tuvo lugar en el boulevard del Hipódromo sanisidrense, donde hasta el lunes 8 de octubre se realizará esta exhibición que es el mayor festival de motos y automóviles clásicos más espectaculares de la historia.

También estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer; el presidente del Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina, Alejandro Daly; y el vicepresidente del Jockey Club, Raúl Nelson.

“Esta muestra es una fiesta del automovilismo, es una oportunidad que por suerte se repite año tras año de ver y apreciar verdaderas joyas automovilísticas. Se trata de un programa para asistir en familia en un lugar espectacular como es el hipódromo”, señaló Posse.

Alejandro Daly agradeció al municipio, a los sponsors y al Jockey Club por su permanente apoyo a Autoclásica. “En esta exposición hay tres actores fundamentales. La Municipalidad de San Isidro, los sponsors y el Jockey Club que con su colaboración permiten llevar adelante esta fantástica muestra que tiene su costado benéfico porque lo recaudado por estacionamiento se destina al Hospital Materno Infantil de San Isidro”.

“Estamos muy contentos porque una vez más Autoclásica se realiza en el hipódromo. Es un festival del automóvil que nadie se puede perder”, destacó Nelson.

Los visitantes podrán disfrutar de una selección de alrededor de 800 vehículos clásicos e históricos de categoría internacional, todos de más de 30 años en estado original y perfecto funcionamiento. 

La renovada propuesta de Autoclásica se complementa con el homenaje a los 90 años de vida de José Froilán González, los 65 años de Ferrari y el festejo por los 110 años de la emblemática marca Cadillac. 

Los amantes del automovilismo deportivo se emocionarán con una sorprendente exhibición de monoplazas históricos. La muestra exhibe automóviles diseñados por “Carrocería Touring Europeo”, una entrañable selección de coupes de TC y el homenaje a los 80 años del motor Ford V8. 

En esta edición, el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina otorgará un premio especial que llevará el nombre de “Germán Sopeña” en homenaje al destacado periodista y escritor, gran amante los autos clásicos. Este premio será otorgado, a partir de ahora, en todas las ediciones de Autoclásica.

En la muestra, que propone un recorrido que evoca el paso del tiempo a través de los vehículos (autos, motos, utilitarios, maquinaria agrícola, vehículos militares), tiene su lugar destacado el ya clásico “Autojumble” para que los entusiastas puedan adquirir esa pieza tan esperada.

Y como siempre está a disposición una excelente propuesta gastronómica para disfrutar del paseo en familia. 

Un riguroso jurado premiará a los ejemplares sobresalientes de cada una de las categorías FIVA (Federación Internacional de Vehículos Ancianos) en una elegante exhibición durante los cuatro días.

Como broche final se disputará entre los mejores automóviles y motos de la exposición el concurso que consagrará el esperado Best of Show 2012.

* Información:

Acceso peatonal: Av. Santa Fe y Av. Márquez.

Acceso en auto: Av. Santa Fe y Av. de la Unidad Nacional (Dardo Rocha). 

Días: del 5 al 8 de octubre.

Horarios: de 10 a 18.30.

Más información en www.clubautomovilesclasicos.com.

Gustavo Posse se reunió con el presidente de la Sociedad Rural

El intendente de San Isidro mantuvo un encuentro con Miguel Etchevehere, en la sede de la entidad; conversaron sobre la importancia del trabajo en conjunto entre el ámbito público y el privado, para optimizar el desarrollo del país.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se reunió esta tarde con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Miguel Etchevehere, en la sede de la entidad, ubicada en Florida 460. 

Durante el encuentro, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de articular las gestiones pública y privada, con el objetivo de volver a poner a la Argentina en el sendero del desarrollo sostenido. “Hay que generar polos productivos en las distintas regiones del país, para que todos los argentinos tengan la posibilidad de un empleo digno, para que a las provincias les vaya bien, y dependan menos de lo que el gobierno nacional les gira”, sostuvo Posse.

"La articulación entre lo público y lo privado es una fórmula que siempre va a dar buenos resultados y que beneficia a la sociedad en su conjunto", dijo el presidente de la SRA. Y agregó: "Con el objetivo de encontrar lazos que nos permitan construir consensos para la convivencia política, es que desde la Sociedad Rural impulsaremos reuniones con todo el arco político y con todas las organizaciones".

Posse le deseó al recientemente elegido presidente de la entidad rural “éxito en su gestión” y la ofreció todo el apoyo para poder llevar adelante los objetivos de su función.

En el encuentro, el intendente se interiorizó acerca de los problemas que hoy atraviesa el campo, como la baja registrada en el área sembrada del trigo, las dificultades para la comercialización de los cereales, la falta de rentabilidad en la lechería, y la alta presión impositiva que soporta la agroindustria. “No es un problema económico, sino político”, sostuvo Posse. “Hay que volver a enfocarse en los temas que van a permitir retomar el rumbo de crecimiento; la política debe dar respuesta a estos desafíos y por eso es importante que el arco opositor se una para acordar propuestas que vuelvan a poner a la Argentina en el camino del crecimiento”.

“La Argentina necesita que los sectores políticos y las diferentes organizaciones se reúnan para promover los valores democráticos, defender el sano funcionamiento de las instituciones y mejorar la calidad de la democracia", coincidió Etchevehere. “El país está perdiendo una oportunidad por no impulsar las políticas que favorezcan al desarrollo de un sector que es mundialmente reconocido por su competitividad y eficiencia y que puede dar respuesta a la demanda de empleo por parte de los jóvenes”.

Los responsables son los "guardianes" de la cosa. Un tropezón es caída e indemnización.


La Justicia condenó al Gobierno de la Ciudad  a indemnizar a una mujer con $60.000 pesos por las lesiones al tropezarse con una vereda en mal estado. Los magistrados tuvieron en consideración el artículo 1.113 del Código Civil y las diferentes complicaciones que sufrió la actora desde el momento del accidente.
“La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado”, establece el artículo 1.113 del Código Civil, un precepto normativo al que los jueces de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, integrada por Beatriz Areán, Carlos Bellucci y Carlos Carranza Casares, en los autos “Fernández, Graciela Lidia c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Daños y Perjuicios”.

Es que los camaristas entendieron que el Gobierno de la Ciudad era responsable por el mal estado de una vereda en la que la actora tropezó, sufriendo algunas lesiones que según estimaron los jueces le valen una indemnización de nada menos que 60.000 pesos en concepto de Daño Moral e Incapacidad Sobreviniente.

En una primera instancia se dio por acreditado que “el 7 de febrero de 2008 a la altura en que nace la calle Hipólito Yrigoyen, en la avenida Rivadavia, al intentar cruzar la viandante peticionaria la avenida La Plata, por existir trozos de asfalto hundido, trastabilló y al caerse, se lesionó el hombro derecho, condenó al GCBA a indemnizarla, en la medida, accesorios y las costas que allí dispuso y le impuso”.

Pero en relación a la aplicación de la manda normativa del Código Civil, los jueces aseguraron: “Los coincidentes dichos de la testigo Sacchi; de Gómez y los de Tabares convencen acerca del tropezón y caída de la viandante a causa del mal estado (pozo) del pavimento, de modo que, frente a la ausencia de prueba concluyente en el sentido de una actitud no próvida de la actora, rige en plenitud la disposición del artículo 1.113, parte referida al riesgo o vicio de la cosa”.

En tanto, en los rubros que los magistrados decidieron aumentar los montos indemnizatorios, precisaron: “En lo tocante a este menoscabo (Incapacidad Sobreviniente), sabido es que la indemnización en estudio tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laboral, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras”.

En este sentido, puntualizaron que, “en suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica”.

Los camaristas recordaron el porqué del aumento del monto indemnizatorio: “El entuerto juzgado le provocó a la peatona demandante limitaciones en el movimiento de su brazo afectado, y debió llevarlo en cabestrillo durante tres semanas, tiempo durante el cual se vio imposibilitada de todo quehacer. Fue operada y le quedó rastro secuelar. Al tiempo del infortunado episodio contaba con 57 años. Según constancias del incidente de franquicia, además de realizar tareas culinarias, atendía enfermos y realizaba comidas para terceros”.

Por eso, teniendo en consideración la edad y los problemas ocasionados a la mujer, se elevó la suma de dinero prevista en el fallo de primera instancia a 32.000 pesos.

En términos del Daño Moral, alegaron que “es sabido lo harto dificultoso que implica medir en argento a la presura derivada de una dolencia, pedro ello no me ha de impedir mensurar la entidad de las lesiones descriptas en conjunto a la edad en que ellas advinieron a la accionante”.

“No se trata de ponerle precio al dolor (que en rigor no lo tiene), sino de procurarle a la damnificada bienes de goce sustitutivos de tal aflicción”, afirmaron los camaristas, a la vez que elevaron la suma que precisó la jueza de primera instancia a 28.000 pesos.

Asimismo, y en un apartado de los agravios de la actora, los magistrados no aplicaron el plenario “Samudio” ya que, “como claramente lo dijo la primer magistrada a fojas 157, los importes de condena lo han sido a cifras actuales al tiempo de su pronunciamiento, de tal suerte que el caso queda atrapado en el 4° interrogante al que se sometió el plenario”. (Diario Judicial).

Nuevos jueces para la Justicia Nacional y Federal del Poder Judicial.


El Poder Ejecutivo publicó este viernes en el Boletín Oficial el nombramiento de una veintena de jueces para cámaras federales de diversas provincias y juzgados federales de primera instancia en jurisdicciones de todo el país.
Este viernes se publicó en el Boletín Oficial una veintena de decretos que oficializan el nombramiento de nuevos jueces para la Justicia Nacional y Federal del Poder Judicial. Se trata de cargos para cámara federales de diversas provincias y juzgados federales de primera instancia también de diversas jurisdicciones del país.
En concreto son 18 designaciones firmadas por la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, y por el ministro de Justicia, Julio Alak, que incluyen las que derivan del por entonces polémico concurso 140, incluyendo la designación de Luis Osvaldo Rodríguez, que había sido impugnado por varias organizaciones no gubernamentales por tener una presunta pasión por coleccionar objetos de simbología nazi.
Rodríguez ocupará el juzgado Federal N° 9 de la Capital Federal - Decreto 1844/2012-, en tanto que Sebastián Roberto Ramos hará lo propio en el Juzgado N° 2 - Decreto 1841/2012-. En el Juzgado N°7 estará Sebastián Norberto Casanello -Decreto 1842/2012- y en el 8 Marcelo Pedro Hernán Martínez de Giorgi -Decreto 1843/2012-.
En cuanto a las cámaras, María Isabel Fulgheri y Eduardo Ángel Roberto Alonso fueron designados para desempeñarse en la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires, decretos 1834/2012 y 1835/2012 respectivamente. Mientras que para la Cámara Federal de San Martín, fue oficializado por el decreto 1836/2012 Marcelo Darío Fernández y para la Cámara Federal de General Roca, en Rio Negro, el oficializado fue Richar Fernando Gallego, decreto 1837/2012.
También se publicaron los decretos 1838/2012, 1839/2012 y 1840/2012 que oficializan las designaciones de Federico Santiago Díaz, como juez de cámara en el TOF de Salta; Marcos Javier Aguerrido, en el TOF de La Pampa y Pablo Ramiro Díaz Lacava, también en el TOF de La Pampa.
También se publicaron los decretos en los que se designan otros tantos jueces federales. El decreto 1845/2012 oficializa a Oscar Alberto Papavero como titular del juzgado Federal de primera instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires y con el decreto 1846/2012 a José Antonio Charlin, en el juzgado Federal de primera instancia de General Pico, provincia de La Pampa.
Por otra parte, se oficializó el nombramiento de Leandro Damián Rios en el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, Entre Rios, decreto 1847/2012; el de Miguel Eugenio Abasolo, decreto 1848/2012, para el Juzgado Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe y el de Héctor Pedro Plou, para el Juzgado Federal de Junin, provincia de Buenos Aires, decreto 1849/2012.
Los últimos dos decretos publicados este viernes en el Boletín Oficial son el 1850/2012, por medio del cual nombraron a Alicia Bibiana Pérez para el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Justo; y el 1851/2012, en el que se designa a Marcelo Adrián Bruno dos Santos en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Justo, provincia de Buenos Aires. (Diario Judicial).

La salud tiene una protección patente


La Justicia Federal rechazó la acción de cese de uso de patente de Novartis contra el laboratorio LKM relativa a una droga para el tratamiento de distintos tipos de cáncer. Para la Cámara, no hubo infracción del demandado y destacó que la protección del derecho de patentes “no se puede hacer a costa de privar el acceso a los medicamentos injustificadamente”.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la acción de cese de uso de patente que interpuso el laboratorio extranjero Novartis AG contra el laboratorio LKM S.A., relativa a una droga destinada al tratamiento de diversos tipos de cáncer. La Justicia consideró que no hubo infracción a cargo del demandado.
En particular, los magistrados Graciela Medina y Ricardo Recondo afirmaron que “el uso que el Laboratorio LKM S.A. hubiera podido hacer de la droga patentada con anterioridad a la fecha de su otorgamiento, no resulta cuestionable, porque durante el trámite no existe posibilidad de prohibir su utilización”.
Además, el Tribunal de Apelaciones destacó que “resulta fundamental la protección del derecho de patentes como forma de asegurar el derecho de propiedad y el desarrollo inventivo, pero ello no se puede hacer a costa de privar el acceso a los medicamentos injustificadamente, comprometiendo el derecho a la salud de la población vulnerable”.
En el caso, el laboratorio extranjero Novartis AG inició una acción por cese de uso de patentes contra el laboratorio LKM S.A., para que el demandado cese en la fabricación, uso, oferta para la venta, venta y/o importación de un compuesto químico denominado “forma cristalina beta del imatinib mesilato”.
La droga señalada es utilizada para combatir leucemia mieloide crónica y tumores estomacales gastrointestinales. LKM S.A. había obtenido autorización para comercializar un producto con dicho compuesto, conforme el decreto 150/92, que permite la inscripción de productos farmacéuticos cuando sean similares a otros aprobados con anterioridad. La actora, en el año 2007, consiguió el dictado de una cautelar destinada a que el demandado se abstenga del uso de la patente.
No obstante, el juez de grado rechazó, finalmente, la acción de Novartis, pues consideró que no existía infracción alguna. Este pronunciamiento judicial fue impugnado por la actora, quien sostuvo que la pericia técnica fue valorada erróneamente, que no se aplicó la normativa internacional y nacional en juego y cuestionó la imposición de las costas.
Para comenzar, la Cámara Civil y Comercial indicó que “la protección que da el patentamiento de un producto, se inicia desde el momento que se concede la patente y no existe disposición sobre los derechos del patentado frente al aprovechamiento no autorizado de su invento durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente”.
“El ordenamiento de patentes que rige en la Argentina no concede ningún derecho al inventor durante el trámite del patentamiento, ya que la protección surge desde el momento de la concesión de la patente”, precisó el Tribunal Federal. “El pedido de autorización de un medicamento realizado ante la autoridad sanitaria dos años antes de que la droga fuera patentada, no constituye un acto prohibido”, agregó.
Dicho eso, la Justicia de Alzada destacó que “el hecho de que la autorización de la autoridad sanitaria fuera otorgada con posterioridad a que se diera la patente, no constituye una conducta que pueda ser imputada al accionado quien lo inició con mucha anterioridad y no es responsable de las demoras de la ANMAT”.
Acto seguido, los jueces afirmaron que “el laboratorio LKM logró que la ANMAT autorizara el cambio solicitado, que le permitía fabricar el remedio y no violar el derecho de patentes de la actora en la disposición 3.283 de fecha 26 de junio del 2009 y también obtuvo el cambio del nombre medicamento imatinib martian por el nombre imatinib lkm”.
A su vez, el Tribunal manifestó que “el derecho argentino no otorga a favor del titular de una patente de producto un derecho exclusivo respecto del almacenamiento o tenencia del producto”. No es comprensible, “porqué el laboratorio actor pretende que se violó su derecho de patente, cuando el uso del polimorfo patentado fue hecho en el marco de la solicitud por la cual se pretendía justamente no usar el producto protegido”, añadió.
“A partir que toma conocimiento del patentamiento, la actividad realizada por el laboratorio nacional demandado fue tendiente a evitar todo tipo de litigio con Novartis, por ello buscó comercializar un remedio con aptitud de combatir la leucemia mieloide que no contuviera el producto protegido por la patente concedida a la accionante sino uno similar que se encuentra en el libre comercio”, aseveraron los vocales.
Por lo tanto, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó la apelación interpuesta por el laboratorio extranjero Novartis AG y confirmó la sentencia de grado que había determinado que el laboratorio LKM S.A. no infringió el derecho de patente invocado por la actora. (Diario Judicial).

FiscalNet: utilización obligatoria del Sistema Informático Integral de Gestión de causas del Ministerio Público Fiscal.

Por resolución la Procuración General de la Nación dispuso que desde octubre será de uso obligatorio el Sistema Informático Integral de Gestión de causas del Ministerio Público Fiscal -FiscalNet- reemplazando así los libros de mesa de entradas de las fiscalías generales en materia penal con actuación ante la Cámara Federal de Casación y las Cámaras de Apelaciones
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dispuso desde ahora la utilización obligatoria del Sistema Informático Integral de Gestión de causas del Ministerio Público Fiscal, conocido como FiscalNet, reemplazando así los libros de mesa de entradas de las fiscalías generales.
La decisión se plasmó en la resolución PGN 214/12, firmado el 27 de septiembre pasado, por la que se dispuso la utilización obligatoria del sistema FiscalNet “con relación a las causas ingresadas o solicitadas electrónicamente” desde el 1 de octubre y con respecto a las Fiscalías Generales en materia penal con actuación ante la Cámara Federal de Casación Penal y las Cámaras de Apelaciones.
Asimismo se dispuso que “hasta tanto el Departamento de Informática y Comunicaciones desarrolle el sistema de lectura de los datos ingresados por tales Fiscalías, las dependencias deberán seguir produciendo los informes estadísticos trimestrales en la forma y por los medios hasta ahora vigentes”.
Según consta en la resolución, esta decisión se enmarca dentro del “plan de modernización e incorporación de herramientas tecnológicas que representen una mejora significativa en el tratamiento de expedientes y operatoria cotidiana de las Fiscalías en todo el país”.
Asimimo, según destacaron desde la Procuración General, “la obligatoriedad del uso de FiscalNet fue dispuesta luego de que -recientemente- concluyera el desarrollo del módulo destinado a la registración de la intervención por parte de las Fiscalías Generales ante la Cámara Federal de Casación Penal, como así también de las mejoras en los registros de las Fiscalías Generales ante las Cámaras de Apelaciones y ante los Tribunales Orales (en los ámbitos Nacional y Federal)”.
En tanto que la resolución también recordó que son los Prosecretarios Administrativos "los funcionarios encargados de velar por la integridad de la información incorporada en el sistema FiscalNet (conforme a lo dispuesto en la Res. PGN N° 170/2009)".

viernes, octubre 05, 2012

U.N.G.S.: Curso de posgrado sobre historia y política en el arte rioplatense.


La UNGS inscribe hasta el 9 de octubre para el curso de posgrado “Historia y Política en el arte rioplatense, 1930-1980”, dictado por el Instituto del Desarrollo Humano (IDH) de la Universidad.

Destinado a graduados y estudiantes de carreras de posgrado del campo de las ciencias sociales y humanas, el curso se propone generar un espacio de reflexión, conocimiento y formación desde las herramientas específicas de análisis de la disciplina de la historia del arte y la lectura de los textos críticos. Será dictado por Roberto Amigo, investigador docente del IDH.

El curso consta de 10 encuentros que se desarrollarán entre octubre y diciembre.

Informes e inscripción: 4469-7500, int. 7278 / posgrados_idh@ungs.edu.ar

ExpoUNGS y ExPOP. Vení a visitar la UNGS


El 1º y 2 de noviembre llega una nueva edición de ExpoUNGS, un espacio para conocer la Universidad y sus carreras, destinada a estudiantes de escuelas medias y a la comunidad en general.
En esta oportunidad y en el marco de este encuentro se realizará también la Exposición de Ciencias para Jóvenes – ExPOP, organizada por el área de popularización de la ciencia del Instituto de Ciencias de la UNGS.
Habrá charlas sobre la vida universitaria, recorridas guiadas por el Campus, talleres y encuentros sobre química, matemática, historia y física y stands permanentes con información de las carreras que dicta la Universidad.
Inscripción: ceremonial@ungs.edu.ar // 4469-7621

Reconocimiento de la cuenca frutícola de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.


En su última sesión, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de declaración donde se solicita al gobierno nacional el reconocimiento de la cuenca frutícola de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.
En la iniciativa presentada por el diputada provincial del FpV/PJ Patricia Rocca también se solicita al ejecutivo nacional: “el incremento al  10 % del reintegro por las exportaciones de frutas cítricas y carozos; la reducción a tasa cero de los derechos de exportación; y el diferimiento por 180 días de las contribuciones patronales”.
Cabe recordar que la cuenca tendría una zona núcleo que abarcaría la ciudad de San Pedro por tener la mayor producción, y también comprendería las localidades bonaerenses de Baradero, Zárate, Ramallo, San Nicolás y Mercedes.
La legisladora manifestó al respecto, “con el objeto de conservar la cuenca frutícola, se han elaborado  propuestas en lo inmediato, mediano y largo plazo, y desde hace más de tres años se está trabajando en la Mesa Agropecuaria Multisectorial, donde participan distintas entidades de productores, el INTA,  los gremios del sector, y las autoridades municipales”.
Finalmente, Rocca aseveró “es necesario hacer un rápido  reconocimiento de la “Cuenca Frutícola”, y comenzar con la implementación de lo elaborado, ya que de no tomar medidas e involucrarse en la problemática del sector, las consecuencias son inciertas, y seguramente tendrán un elevado impacto en lo económico y en lo social, con significativas pérdidas de puestos de trabajo, y reclamos sociales que es difícil prever donde terminarán”.

personas con inhabilitación especial para conducir deberán realizar un curso de seguridad vial


Surge de una iniciativa del diputado provincial Pedro Simonini (CC-ARI), que ya tiene sanción en la cámara baja. Resta que la trate el Senado.

La norma establece que se incorpore un nuevo artículo a la Ley de Tránsito Provincial, estableciendo como requisito para aquellas personas que hubieren sido sancionadas con inhabilitación especial para conducir, la realización de un curso de seguridad vial y respeto de las normas de tránsito al momento de solicitar o renovar su licencia.

Al respecto Pedro Simonini expresó que esta modalidad "se adapta perfectamente a la normativa vigente y debe formar parte de una política de prevención de accidentes de tránsito, los cuales en nuestro país siguen siendo la primera causa de muerte en menores de 35 años y la tercera sobre la totalidad de los argentinos".

 “La norma  esta destinada exclusivamente a aquellas personas que han transgredido las normas de tránsito y por tal motivo resulten sancionadas, con el fin de reafirmar el respeto que por las mismas debe tenerse a fin de evitar la ocurrencia de accidentes como consecuencia del factor humano", explicó el legislador.

Por último el autor de la iniciativa reflexionó que “no basta con establecer códigos de circulación con los derechos y deberes de unos y otros; las normas hay que internalizarlas en hábitos y actitudes de comportamientos, respetarlas, apreciarlas y considerarlas como un bien social, como un respeto a sí mismo y a los demás, en defensa de la vida, y de ahí los cursos a los que hace mención el proyecto".

      El Proyecto en  su trámite por la Cámara baja fue aprobado por las comisiones de Reforma Política y del Estado, Transporte, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia.

ABORTO: NADDEO REPUDIO EL VETO DE MACRI.


"Repudiamos absolutamente esta decisión de Mauricio Macri" expresó la diputada porteña María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular,  tras conocer el anuncio de jefe de gobierno que resolvió vetar la ley de aborto no punible, aprobada por la Legislatura porteña el viernes 28 de septiembre, al considerar que "excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia.
 
"Este veto limita los derechos consagrados en un fallo de la Corte Suprema de Justicia y del propio Código Civil" manifestó la presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura.
 
Y agregó "La Corte reclama que no se establezca ningún tipo de restricciones ni obstáculos que dificulten la interrupción del embarazo en situaciones tan graves para la vida de las mujeres".
 
"Es falso que la ley sancionada exceda los criterios planteados en el fallo de la Corte Suprema", al rebatir los argumentos del Poder Ejecutivo para declarar el veto. "Lo que hace la ley votada hace una semana es eliminar las restricciones contempladas por el protocolo firmado por el ex ministro Jorge Lemus. Por eso esta decisión es un retroceso", concluyó Naddeo.

Nuevas Ordenanzas rigen la edificación en el Municipio de San Martín


La nueva normativa, generada para contener problemas de urgencia, estableció un plazo de 180 días para iniciar un proceso de planeamiento municipal que establezca un nuevo Código de Ordenamiento Urbano, eje estratégico para la gestión de Gabriel Katopodis. Las modificaciones al COU actual y al Código de Edificación, sancionadas en julio pasado, fueron impulsadas a partir de un reclamo vecinal de larga data que no fue atendido por la administración municipal saliente.
El Código de Ordenamiento Urbano es una herramienta que dispone cada municipio para regular los usos del suelo, las densidades, la morfología y los índices de ocupación del espacio, entre otros indicadores. En tanto el Código de Edificación regula los estándares constructivos para la ejecución de las obras: calidad de los materiales, modalidad de construcción, medidas de seguridad en obras, procedimientos administrativos, etc. Además, y terminando de configurar su naturaleza de manual de construcción, establece los estándares mínimos de habitabilidad: superficie que necesita cada vivienda, medida mínima de un dormitorio, tamaño de  ventanas y/o ancho de escaleras. Juntos, el Código de Ordenamiento Urbano y el de Edificación, son las herramientas legales que configuran qué y cómo se construye en el territorio. Y, si bien ambos son sancionados por el Deliberante Local y gestionados por el Departamento Ejecutivo, en el caso del COU es necesaria la homologación de la Provincia de Buenos Aires, para que obtenga su vigencia plena. En tanto el Código de Edificación responde a las potestades propias del municipio y no requiere la intervención de la Provincia para su implementación.
En la metrópolis Buenos Aires, el ordenamiento del territorio (y de lo que acontece sobre su superficie) es legislado a nivel provincial por la ley 8912, del año 1977, la que entre otros puntos establece que la responsabilidad primaria recae en el nivel municipal y que es obligatorio que  cada municipio cuente con un instrumento legal sobre el tema. Si bien la ley establecía que los municipios contaban con 120 días para desarrollar dicho instrumento (o 180 para adaptarlo, en caso de que ya hubiera ordenanzas al respecto), la mayoría no dispone de un COU y mantiene la zonificación preventiva que data aproximadamente de hace 35 años. En el caso de San Martín se trata de un municipio con antecedentes en planificación, dado que al momento de la sanción de la 8912 ya disponía de un plan, del año 73 y posteriormente inició un proceso que culminó recién en el año 86, con la sanción del Código de Ordenamiento Urbano vigente. Desde ese momento, dicho instrumento no había sufrido modificaciones estructurales hasta el mes de julio pasado. Sólo ordenanzas de excepción a la regla, muchas sin homologación provincial.
Según el Arq. Norberto Iglesias,  Director General de Ordenamiento Urbano del Municipio de San Martín e integrante de la Fundación Metropolitana, “La disfuncionalidad de ese código es la misma que tiene la mayoría de los códigos que responden a la 8912 y no fueron revisados críticamente cuando se redactaban, que es la de adoptar como paradigma deseable el formato de torre. El modelo de los ´80, premiaba a los edificios que se retiran de las medianeras y del frente, con una visión idílica de ciudad que no se compadece demasiado con las tradiciones de construir entre medianeras. Esta situación rompió, en muchas ciudades, la trama urbana tradicional, la estructura de la manzana, la vitalidad de la vereda como espacio de convivencia e intercambio y, a causa de los premios asignados a este formato, elevó la altura de los edificios. Esta última consecuencia ha impactado en muchas localidades del Gran Buenos Aires y generado muchas polémicas con los vecinos de barrios tradicionales de casa bajas que no quieren las torres y sólo advirtieron este impacto a partir del boom inmobiliario de los últimos años”.
Justamente, las modificaciones al COU de San Martín realizadas en julio pasado, se motivaron en los estos reclamos vecinales, que convirtieron un problema urbanístico en político por el impacto de las alturas de los edificios que “brotaban” en los barrios de Villa Ballester y San Andrés. En el caso de Villa Ballester, el proyecto reduce las alturas máximas e impulsa la rezonificación parcial de la localidad con el objeto de que las construcciones de altura puedan realizarse sólo en los sectores donde ya predominan. Según la zona, los edificios podrán tener hasta 9, 12, 15, 21 o27 metros de altura. En cambio en San Andrés, se estableció la prohibición de edificaciones de más de 9 metros de altura.  En ambos casos, también se duplicaron las exigencias en los estándares de estacionamiento. “Hay una zona que se valoriza como residencial de baja densidad y cuando llegan los edificios destruyen el valor de las casas que los rodean. Esta es una queja frecuente de la mayoría de los vecinos”, sostiene el Arq. Carlos Rodríguez, secretario de Obras del Municipio San Martín, el área donde surgió el proyecto, y explica que la idea es que se empiece a construir en otras zonas del Partido. “Estamos alentando la construcción en las avenidas del Partido. Sobre Perdriel, Ruta 8, 25 de Mayo y San Martín en el acceso, se permitirán alturas de nueve pisos”, dice el funcionario.
Diego Bernhardt, uno de los vecinos que reclamaba las modificaciones, explicó las ventajas del proyecto:“Se obtuvo un límite de altura de edificación claramente definido en metros, para cada zona. Se duplicaron la cantidad de cocheras requeridas para cada edificio, en función de la cantidad de habitantes. Ya no se puede demoler ni iniciar la construcción del edificio sin tener los planos aprobados. Y se eliminaron las excepciones, para evitar abusos”. Aunque también destaca que algunos de los cambios pedidos no fueron atendidos: “En algunas zonas no se obtuvieron las alturas máximas deseadas por los vecinos. Y debido al enorme crecimiento del parque automotor, hubiera sido bueno establecer aun más cocheras obligatorias por edificio”. Las modificaciones realizadas habilitaron la posibilidad de construir viviendas multifamiliares en una significativa superficie del partido (25%) en la que antes estaba prohibida, lo que regulariza la situación de muchos habitantes del Municipio que ya tenían construida más de una vivienda por terreno de manera clandestina e incrementa las posibilidades de la inversión inmobiliaria futura. En este último sentido, también incrementa los indicadores de ciertas avenidas y rezonifica un amplio sector del distrito en la zona de Villa Lynch y sus adyacencias, con el objeto de adecuar los indicadores urbanísticos a los usos mixtos del Distrito Tecnológico que el municipio planifica para ese sector.
El Código de Edificación de San Martín se sancionó en el 85, como parte del mismo proceso en el que se constituyó el COU. Y, si bien contiene un capítulo que establecía las faltas y las penas correspondientes para quienes lo incumplen, se remitía a una ordenanza del año 1955, totalmente desactualizada. En la práctica, entre otras situaciones irregulares, permitía que la obra se inicie con la sola presentación de la carpeta y sin la necesaria aprobación del plano. Además, la cultura burocrática de la oficina de Obras Particulares omitía la visita al inmueble, antes o después de aprobado el plano, lo cual daba lugar a diferentes irregularidades.
Las modificaciones realizadas en julio han revertido en parte esta situación, y apuntan a transparentar los procesos de aprobación de los planos de obras, disminuyendo la probabilidad de arbitrariedades en los procesos. Sin embargo, una de sus mayores innovaciones es la consideración de las obras clandestinas que se efectúan por iniciativa de los sectores populares que autoconstruyen su hábitat sin asistencia técnica profesional. Hasta esta modificación, su regularización estaba pendiente una oportuna ordenanza de excepción, que abonaba la cultura clientelar y postergaba los procesos de registración de estas obras hasta la próxima “moratoria”. Lo normado en esta materia discrimina claramente este tipo de construcciones de aquellas que utilizaban estas moratorias para blanquear verdaderos despropósitos edilicios, los que incumplían desde los estándares mínimos de habitabilidad y seguridad hasta los indicadores y usos establecidos en las normas, aprovechando descaradamente la edificabilidad posible y generando negocios inmobiliarios de rentabilidad extraordinaria.
En la metrópolis Buenos Aires, cada municipio cuenta con su propio Código de Edificación, lo cual trae no pocos dolores de cabeza a profesionales ligados a la construcción, sino que también abre espacios para procedimientos poco claros por parte del estado local. Por esta razón, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires está trabajando en una iniciativa para redactar un código único de edificación para el AMBA. Según Iglesias “No tiene sentido que un profesional que vive en el AMBA tenga en su biblioteca 40 códigos para poder trabajar en los 40 municipios cuando las condiciones ambientales, productivas, sociales, tecnológicas y económicas son homogéneas ”. Consultado sobre la viabilidad de impulsar una iniciativa similar en relación al COU, no es tan contundente: “El COU responde más a la cultura y a las políticas locales, a la idea de ciudad que tiene cada colectivo. La ley 8912 establece la posibilidad de que más de un municipio redacte un código común, pero esto nunca se utilizó, no hay experiencias al respecto”.
Las modificaciones realizadas a ambos códigos, fueron impulsadas por el intendente municipal, Gabriel Katopodis, y aprobadas luego de una larga sesión, en la que  estuvieron presentes vecinos de los barrios de San Andrés y Villa Ballester, por 13 votos contra 10. Roberto Siminian,  concejal desde el año 2000, no sólo se opuso con su voto sino que rechazó duramente el proyecto: “Todo fue llevado con mucho apuro y la verdad es que no se contó con el tiempo necesario para hacer un estudio exhaustivo. Más allá de eso, una ordenanza fiscal e impositiva que se modifica en una cantidad enorme de artículos merece, razonablemente y para obrar con responsabilidad, un estudio. Esto que llaman modificaciones al COU no es más que una gran excepción hecha sobre todo para Villa Lynch y para la problemática del CEAMSE. Denuncio que esto es un gran negocio que ya está contratado, con un cambio de zonificación para poder terminarlo. Siempre estuve de acuerdo en que no se puede edificar de forma indiscriminada en zonas residenciales. Pero hagamos las cosas bien: hay que hacer un COU en San Martín y obligar a la Provincia a que lo acepte. Porque no es solamente San Andrés el que tiene problemas, sino todo San Martín. Hay que escuchar a todos para definir juntos qué San Martín queremos. Eso sería un Código de Ordenamiento Urbano, no estos parches. Lo que no entienden algunos vecinos, sobre todo de San Andrés, es que los que manejan las construcciones aceptan los parches, pero no un cambio en el COU. Además, había un organismo constituido para hacer la reforma, que estuvo en funcionamiento el año pasado. Pero desde el Ejecutivo se cortó con este trabajo y se sacó lo que ellos llaman “Reforma del COU”, que, insisto, no es más que sacar una gran excepción para Villa Lynch y para las construcciones sin medidas de altura que se harán, que harán eclosionar todos los servicios público de San Martín” [1].
Por su parte, en declaraciones a medios locales, el secretario de Obras Públicas, Arq. Rodríguez, explicó:“Estamos muy contentos de que este proceso se haya dado en un plazo de seis meses de gestión. Tenemos aprobado un instrumento que nos permite seguir avanzando en un plan de desarrollo urbano, al mismo tiempo que pone reglas de juego claras para las inversiones que puedan hacerse tanto en San Andrés y Villa Ballester, como en el resto de los barrios. Por un lado, cuidando la calidad de vida de los vecinos de esos barrios. Y, por otro, promoviendo inversiones en otros. Los beneficios son tres: primero, vamos a limitar las alturas construibles en San Andrés y Villa Ballester, con lo cual va a desaparecer este peligro para la calidad de vida que eligieron los vecinos. Segundo, vamos a permitir que se regularicen construcciones clandestinas, como las que eran segundas o terceras viviendas en lotes de barrios donde no se podía hacer más de una. Ahora se podrá hacer más de una vivienda. Y, por último, vamos a alentar, en esos mismos barrios, las inversiones para la construcción de edificios de propiedad horizontal. Sintetizamos los mejores cambios que pudimos hacer en este plazo. Trabajamos en un Código de Ordenamiento Urbano que tenía 25 años de antigüedad, con falencias que eran largamente conocidas. Y lo hicimos a través de un equipo que juntó gente de mucha experiencia en la Provincia y otros con 30 años en la municipalidad de San Martín. Pero, como dijimos antes, nuestra idea es seguir trabajando”.
Aunque sus restricciones en materia de altura están vigentes, se ha iniciado el trámite de convalidación provincial de las ordenanzas que modificaron el COU, que también establecen un plazo de 180 días para que el Municipio presente un proceso de planeamiento municipal con el objetivo de establecer un nuevo COU, un tema en el que la gestión de Katopodis ya está trabajando. El pasado 6 de septiembre el Municipio presentó su plan de obras 2012-2015, un proyecto estratégico que comprende tres ejes de acción: mejoras en el espacio público; renovación urbana; y urbanización de villas y asentamientos precarios con agua, cloacas, luminarias y pavimento, con una inversión estimada de 960 millones de pesos hasta el año 2013, financiados por la  Nación, la Provincia de Buenos Aires y el propio Municipio.
[1] Siminian: “Alguien hizo un dibujo en el Código de Ordenamiento Urbano para sacar la excepción en Villa Lynch”, La Noticia Web, 23/07/2012, NOTA COMPLETA EN:http://www.lanoticiaweb.com.ar/noticia/22611/siminian-%E2%80%9Calguien-hizo-un-dibujo-en-el-codigo-de.
El ID Metropolitano intentó sin éxito consultar al concejal Siminian para esta nota.