BUENOS AIRES, Abril 13, (PUNTO CERO-La Política OnLine) Se trata del organismo que regula los servicios públicos. Su falta de competencias, cientos de empleados, un presupuesto de millones de pesos y la lucha política por su control. El debate interno del macrismo. En diálogo con La Política Online, la defensa del titular del Ente, Carlos Campolongo; y las voces de legisladores del macrismo y del kirchnerismo.
El Ente Regulador de Servicios Públicos es uno de los organismos que se encuentra en la mira del macrismo. Es que, en el contexto de una posible reforma constitucional, una parte de la fuerza que lidera el ex presidente de Boca propone eliminarlo de raíz porque, según aducen, es obsoleto su trabajo.
En principio, el Ente tiene un presupuesto de 16.600.000 pesos anuales y alberga en su estructura a 300 empleados. A simple vista tiene competencias muy limitadas ya que en la mayoría de los casos o bien son funciones que tiene la Defensoría del Pueblo o la Auditoria; o bien son competencias de los Entes de la Nación.
Creado por el artículo 138 de la Constitución porteña y reglamentado por la Ley 210, “ejerce el control de calidad de los servicios públicos prestados por la ciudad o por terceros”, recibe denuncias de los vecinos y tiene carácter autárquico, aunque el presupuesto lo fija el Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
Sin embargo, actualmente carece de competencia respecto de los servicios públicos domiciliarios (electricidad, gas, teléfonos, entre otros) ya que no se firmaron convenios con el Gobierno Nacional que permitan que tenga injerencia en estos temas.
Como si fuera poco, la cantidad de reclamos es baja (en comparación con otras dependencias como la Defensoría) y las únicas áreas en las que hay más denuncias son las referidas a la iluminación y la recolección de residuos.
En 2000 se puso en funcionamiento con Néstor Vicente a la cabeza, un dirigente con una zigzagueante carrera política en la Democracia Cristiana, y en 2007 pasó a las filas K a través de la ya olvidada Concertación Plural.
El Directorio, entre los K y los “movedizos”
El organismo está conducido por un Directorio conformado por cinco miembros que son designados por la Legislatura. El Presidente es propuesto por el Poder Ejecutivo y los vocales por los diputados porteños “garantizando la pluralidad de la representación, debiendo ser uno de ellos miembro de organizaciones de usuarios y consumidores”.
En cuanto a su remuneración, perciben el mismo sueldo que los legisladores (alrededor de 6 mil pesos) y duran 4 años en sus funciones. Además hay seis gerencias divididas por áreas y temáticas.
En 2004 fue elegido presidente Carlos Campolongo a iniciativa del entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra. Abogado y periodista, cuenta con una larga trayectoria en el peronismo (llegó a ser vocero de Ítalo Luder en 1983). De hecho, es la figura más conocida del Directorio y estuvo cerca de Roberto
Lavagna en la última elección presidencial.
En cuanto a los vocales, la supuesta representante de las ONG de consumidores es Beatriz García Buitrago, fue consultora de “Consumers International” y actualmente cuenta con el respaldo del kirchnerismo, en especial de la diputada nacional Patricia Vaca Narvaja.
Por el ARI ingresó Susana Barrea, socióloga vinculada a la diputada nacional Delia Bisutti.
Finalmente el macrismo había colocado a dos vocales: el arquitecto Miguel von Rozenberg y Julio Balbi (ex asesor de Felipe Solá en la gobernación de Buenos Aires). Sin embargo, éste último rompió relaciones con el macrismo y regresó al kirchnerismo de la mano del sciolismo.
El debate del macrismo sobre el Ente
La discusión al interior del macrismo está dividida en tres. El sector que responde a Gabriela Michetti, dentro del cual se ubica el legislador Martín Borrelli, cree que es necesario reestructurar el organismo pero no necesariamente eliminarlo. “Nunca estuvo en los planes de Gabriela, no tendría por qué estarlo hoy”, aseguró a este medio Borrelli.
Otro sector que encabeza el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta impulsa que, en una hipotética reforma constitucional, el Ente desaparezca y que la ciudad se ahorre los casi 17 millones de pesos que cuesta mantener esa estructura.
Finalmente, existe un tercer sector de diputados porteños que realizó desde 2003 muchos pedidos de personal que fueron avalados y enviados por el entonces vicepresidente de la Legislatura, el “obispo” Santiago de Estrada. Y, como muchos se hicieron efectivos, los legisladores no quieren perder sus privilegios.
Un pasado complicado
El debate que se originó dentro del macrismo no es antojadizo: durante años el organismo fue una fuente de denuncias judiciales por corrupción. Por ejemplo, a finales de 2004 una denuncia periodística reveló que había una caja de alrededor de 60 mil dólares relacionado con la morosidad en los expedientes de residuos patológicos.
Es decir, los inspectores hacían multa pero no después no confeccionaban el expediente y “cajoneaban” el trámite, previo pago de una coima. De hecho, en ese momento se encontraron en el escritorio de un funcionario 150 actas sin su correspondiente expediente.
Por otra parte, en diciembre de 2006 procesaron a seis funcionarios y un empleado asignados al área de residuos patógenos por la contratación de “ñoquis”.
Después de dos años de investigación, la Justicia logró cerrar las sospechas sobre un empleado que, a pesar de estar contratado, no habría desempeñado ninguna tarea para el organismo. Además, los seis funcionarios que estaban a cargo del área habrían permitido que el empleado cobrara su sueldo sin trabajar.
El Ente Regulador de Servicios Públicos es uno de los organismos que se encuentra en la mira del macrismo. Es que, en el contexto de una posible reforma constitucional, una parte de la fuerza que lidera el ex presidente de Boca propone eliminarlo de raíz porque, según aducen, es obsoleto su trabajo.
En principio, el Ente tiene un presupuesto de 16.600.000 pesos anuales y alberga en su estructura a 300 empleados. A simple vista tiene competencias muy limitadas ya que en la mayoría de los casos o bien son funciones que tiene la Defensoría del Pueblo o la Auditoria; o bien son competencias de los Entes de la Nación.
Creado por el artículo 138 de la Constitución porteña y reglamentado por la Ley 210, “ejerce el control de calidad de los servicios públicos prestados por la ciudad o por terceros”, recibe denuncias de los vecinos y tiene carácter autárquico, aunque el presupuesto lo fija el Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
Sin embargo, actualmente carece de competencia respecto de los servicios públicos domiciliarios (electricidad, gas, teléfonos, entre otros) ya que no se firmaron convenios con el Gobierno Nacional que permitan que tenga injerencia en estos temas.
Como si fuera poco, la cantidad de reclamos es baja (en comparación con otras dependencias como la Defensoría) y las únicas áreas en las que hay más denuncias son las referidas a la iluminación y la recolección de residuos.
En 2000 se puso en funcionamiento con Néstor Vicente a la cabeza, un dirigente con una zigzagueante carrera política en la Democracia Cristiana, y en 2007 pasó a las filas K a través de la ya olvidada Concertación Plural.
El Directorio, entre los K y los “movedizos”
El organismo está conducido por un Directorio conformado por cinco miembros que son designados por la Legislatura. El Presidente es propuesto por el Poder Ejecutivo y los vocales por los diputados porteños “garantizando la pluralidad de la representación, debiendo ser uno de ellos miembro de organizaciones de usuarios y consumidores”.
En cuanto a su remuneración, perciben el mismo sueldo que los legisladores (alrededor de 6 mil pesos) y duran 4 años en sus funciones. Además hay seis gerencias divididas por áreas y temáticas.
En 2004 fue elegido presidente Carlos Campolongo a iniciativa del entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra. Abogado y periodista, cuenta con una larga trayectoria en el peronismo (llegó a ser vocero de Ítalo Luder en 1983). De hecho, es la figura más conocida del Directorio y estuvo cerca de Roberto
Lavagna en la última elección presidencial.
En cuanto a los vocales, la supuesta representante de las ONG de consumidores es Beatriz García Buitrago, fue consultora de “Consumers International” y actualmente cuenta con el respaldo del kirchnerismo, en especial de la diputada nacional Patricia Vaca Narvaja.
Por el ARI ingresó Susana Barrea, socióloga vinculada a la diputada nacional Delia Bisutti.
Finalmente el macrismo había colocado a dos vocales: el arquitecto Miguel von Rozenberg y Julio Balbi (ex asesor de Felipe Solá en la gobernación de Buenos Aires). Sin embargo, éste último rompió relaciones con el macrismo y regresó al kirchnerismo de la mano del sciolismo.
El debate del macrismo sobre el Ente
La discusión al interior del macrismo está dividida en tres. El sector que responde a Gabriela Michetti, dentro del cual se ubica el legislador Martín Borrelli, cree que es necesario reestructurar el organismo pero no necesariamente eliminarlo. “Nunca estuvo en los planes de Gabriela, no tendría por qué estarlo hoy”, aseguró a este medio Borrelli.
Otro sector que encabeza el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta impulsa que, en una hipotética reforma constitucional, el Ente desaparezca y que la ciudad se ahorre los casi 17 millones de pesos que cuesta mantener esa estructura.
Finalmente, existe un tercer sector de diputados porteños que realizó desde 2003 muchos pedidos de personal que fueron avalados y enviados por el entonces vicepresidente de la Legislatura, el “obispo” Santiago de Estrada. Y, como muchos se hicieron efectivos, los legisladores no quieren perder sus privilegios.
Un pasado complicado
El debate que se originó dentro del macrismo no es antojadizo: durante años el organismo fue una fuente de denuncias judiciales por corrupción. Por ejemplo, a finales de 2004 una denuncia periodística reveló que había una caja de alrededor de 60 mil dólares relacionado con la morosidad en los expedientes de residuos patológicos.
Es decir, los inspectores hacían multa pero no después no confeccionaban el expediente y “cajoneaban” el trámite, previo pago de una coima. De hecho, en ese momento se encontraron en el escritorio de un funcionario 150 actas sin su correspondiente expediente.
Por otra parte, en diciembre de 2006 procesaron a seis funcionarios y un empleado asignados al área de residuos patógenos por la contratación de “ñoquis”.
Después de dos años de investigación, la Justicia logró cerrar las sospechas sobre un empleado que, a pesar de estar contratado, no habría desempeñado ninguna tarea para el organismo. Además, los seis funcionarios que estaban a cargo del área habrían permitido que el empleado cobrara su sueldo sin trabajar.
Finalmente, dos informes de la Auditoria General de la Ciudad de 2003 y 2004 revelaron que, entre otras cosas, no existía un control sobre el presentismo de los empleados, ni una planificación en lo que refiere a compras y contrataciones, una mora excesiva en los trámites que se iniciaban y un funcionamiento estructural deficiente, entre otras cosas. (PUNTO CERO-La Política OnLine).
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