La petrolera estará a cargo de algunos funcionarios que fueron testigos privilegiados de su vaciamiento en los últimos diez años y otros sospechados de episodios de corrupción.
Tras el anuncio de la presidenta Cristina Kirchner sobre la expropiación del 51% de YPF, quedó al mando de la compañía un conjunto de funcionarios que no se caracterizan precisamente por ser expertos en política de hidrocarburos, sino por sus extensos prontuarios y diversos escándalos de corrupción que los tuvieron como protagonistas.
La cabeza visible es el ministro de Planificación, Julio de Vido, quien fue designado interventor de la empresa. Detrás lo siguen: el viceministro de Economía, Axel Kicillof, como viceinterventor; el secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, como jefe de asesores de la intervención; y el titular de la estatal Enarsa, Exequiel Espinosa, a cargo de exploración y extracción (ver aparte). Este es el núcleo duro del directorio y al mismo tiempo se trata de los funcionarios más polémicos, de quienes depende el resto de la nueva gerencia.
El responsable de la caja
El hecho de que De Vido sea el máximo referente de la intervención es de por sí significativo. Se trata del funcionario que está a cargo desde hace nueve años de la política energética del país, por lo tanto responsable de la notable pérdida de reservas de petróleo (-93%) y gas (-100%), y de los enormes gastos en importación de combustibles que tiene el país, que hacen tambalear la balanza comercial.
Por otro lado, el funcionario también está sospechado de mantener negociados con empresarios cercanos al kirchnerismo. Entre las compañías beneficiadas por su gestión se destaca Electroingeniería, que pasó de ser una modesta empresa cordobesa a transformarse en un gigante diversificado en distintos rubros: construyó viviendas de planes oficiales y dos centrales eléctricas; compró la empresa concesionaria de peajes del corredor vial 3 y el 50 por ciento de Transener -la firma monopólica del transporte de energía de alta tensión-, asociado con la estatal Enarsa, entre muchas otras obras y negocios con fondos públicos. Esta empresa también está sospechada de supuestos sobreprecios en distintas obras públicas que le fueron adjudicadas.
A su vez, el funcionario fue involucrado en otra sospecha de pago de sobreprecios en el llamado “caso Skanska”, ocurrido en 2005.
Además, De Vido fue el encargado de otorgarle 1.167,71 millones en subsidios al grupo Cirigliano, dueño de Trenes de Buenos Aires (entre otras empresas de transporte), empresa concesionaria del ramal Sarmiento, en el cual se dio el fatal accidente de Once que causó 51 muertos. Esta empresa está sospechada de haber desviado esos fondos públicos a empresas propias -o vinculadas- en el exterior, sin invertir prácticamente nada en la mejora del servicio.
La Cámpora se acomodó en varios sillones
El viceministro de Economía, Axel Kicillof (tuvo un rol protagónico en Aerolíneas Argentinas, que tiene un déficit de 2 millones de dólares por día), fue designado como viceinterventor de YPF, y detrás de él logró ubicar otros nombres también pertenecientes a la agrupación ultrakirchnerista
La Cámpora. Entre ellos, Nicolás Arceo, a cargo de las estratégicas finanzas, y Rodrigo Cuesta, en el área de legales, responsabilidad que también cumplía en Aerolíneas Argentinas antes de ser designado síndico adjunto de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Mientras Kicillof estuvo a cargo de la subgerencia de Aerolíneas Argentinas, debajo de otro integrante de La Cámpora (Mariano Recalde), la empresa acumuló crecientes pérdidas. En 2008, la compañía aeronáutica tuvo un pasivo de US$ 320 millones, y en 2011 llegó a ser de US$ 805 millones.
El funcionario está sospechado de realizar un enorme despilfarro de dinero en el mantenimiento de los aviones, que se realiza en el extranjero duplicando el costo de realizarlo en Argentina. A su vez, el hecho de que los aviones de la empresa sean de cuatro marcas y modelos cuadruplica el gasto de mantenimiento, repuestos, cursos específicos y mecánicos. Igualmente, Kicillof fue colocado en un puesto de jerarquía.
Otro que estuvo muy cerca de Repsol
Roberto Baratta, actual secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, fue seleccionado como jefe de asesores de la intervención de YPF. El detalle a destacar es que este funcionario fue el representante del Estado en el directorio de la empresa, mientras los españoles de Repsol y el empresario Enrique Eskenazi se encargaban de vaciar y desfinanciar la compañía.
Baratta ocupó un sillón en el directorio al menos en dos oportunidades sin presentar reparos, e incluso aprobó los estados contables, memorias y plan de inversiones hasta el ejercicio 2011.
Además, avaló el reparto de utilidades del 90% y que la empresa dejara de liquidar en el país hasta el 70% de lo obtenido por sus exportaciones.
En el lapso 2007-2010 el giro de utilidades de Repsol sumó unos 5.100 millones de dólares.
Cabe recordar además que entre 1998 y 2011 la producción total de petróleo de Argentina se redujo en 15,9 millones de metros cúbicos, de los cuales 8,6 millones fueron responsabilidad de Repsol-YPF.
Dromi, un siniestro personaje al acecho
El personaje más siniestro que rodea al proyecto de expropiación de YPF es el exministro de Obras Públicas del menemismo, Roberto Dromi, arquitecto de los nefastos negociados que se tejieron con las privatizaciones en los años ‘90, que se ha reciclado y que ahora, veinte años más tarde, aparece como uno de los principales asesores del ministro Julio de Vido.
Desde mediados de 2011, Dromi comenzó a reaparecer públicamente proponiendo un cambio en la estructura jurídica y societaria de YPF que, en definitiva, es lo que está haciendo el kirchnerismo. “Hay que repensar a YPF como una empresa más protagonista, que dé respuestas a las necesidades del país, con un compromiso social más marcado y un mayor control accionario del Estado”, sostuvo Dromi en noviembre pasado.
En definitiva, el kirchnerismo, que acompañó a Menem en la entrega del patrimonio nacional, ahora convocó y sumó a sus filas al creador del monstruo para seguir haciendo negociados.
Entre las privatizaciones gerenciadas por Dromi se destacó la venta de la empresa Aerolíneas Argentinas, por entonces la primera empresa aeronáutica de Sudamérica, comprada por la empresa española Iberia, aunque el propio Dromi ha declarado que el verdadero comprador fue la corona de España.
La privatización de Aerolíneas fue muy cuestionada, debido a que sólo Iberia se presentó como ofertante durante el proceso de venta, así como por la existencia de un rubro contable titulado como “gastos de instalación”, de 78 millones de dólares, al que se le ha atribuido encubrir pagos de sobornos.
Dromi también intervino en el proceso de privatización de caminos mediante peajes, que transformó profundamente el sistema de gestión y uso de las rutas terrestres en Argentina. En 1999, el ingeniero Guillermo Laura, quien fue secretario de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, acusó a Dromi de haber recibido sobornos por 7 millones de dólares en el curso de las privatizaciones de rutas.
Dromi fue autor del proyecto que dio origen a la importante ley de Reforma del Estado de 1989. Y, según sus propias declaraciones, fue suya la idea de incorporar al gobierno a María Julia Alsogaray, una de las funcionarias más corruptas de la historia de nuestro país
El 14 de enero de 1991, Dromi cesó como ministro al disponer el presidente Menem la disolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, traspasando sus funciones al Ministerio de Economía, dentro de las medidas tomadas como respuesta a las sospechas de corrupción por el denominado Swiftgate, un escándalo que tomó estado público cuando el embajador estadounidense y luego director de Iberia, Terence Todman, denunció un intento de soborno en perjuicio de la empresa Swift Armour SA, hecho que llevó a una grave crisis política.
Espinosa: el mismo de la valija
Exequiel Espinosa, ahora responsable de exploración y extracción de YPF, es recordado por haber viajado en el misterioso vuelo que trajo al empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson al país con una valija cargada con US$ 790.550 sin declarar. De hecho, este funcionario, en calidad de titular de la energética estatal Enarsa, fue quien había contratado el chárter y era el responsable designado para esta misión argentina a Venezuela.
Por otra parte, está sospechado de tener vinculaciones con empresas beneficiadas por licitaciones de Enarsa, como Oil MyS o la petrolera Epsur, propiedad del empresario kirchnerista Lázaro Báez. (Diario Hoy).
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