El Diputado Nacional del GEN/FAP Omar Duclós presentó un Proyecto de Ley que propone incorporar el delito de “Ejercicio de Influencias” y la separación de la figura “Tráfico de influencias” de la Cohecho en el Código Penal. “Es necesario modificar el Código para que se sancione, además del tráfico de influencias, la acción de ejercer influencias sobre un funcionario público”, explicó el legislador.
“Con este proyecto, completamos un cerco jurídico para que ni Boudou, ni ningún funcionario público puedan escapar a la sanción de la justicia. Debemos ser claros y contundentes desde el Estado y la sociedad toda en la lucha contra la corrupción, la conducta de influir ante un funcionario para que adopte una decisión indebida debe ser punible sin importar si el beneficio buscado se obtuvo, porque la ley debe reprochar la simple acción de infiltrar desde una posición de poder”.
Duclós propone “Reprimir con reclusión o prisión de uno a seis años, e inhabilitación especial perpetua, el que ejerza influencia sobre un funcionario valiéndose de un cargo público, partidario, empresarial o sindical para que realice un acto indebido, o para que lo retarde u omita.”
“Es hora de poner fin a la tolerancia social frente a conductas que como la del Vicepresidente Boudou, causan daño al normal funcionamiento de la Administración Pública, es necesario que desde el Congreso actuemos para que no se imponga la cultura de la impunidad”, finalizó Duclós.
El proyecto que busca cubrir una laguna legislativa tuvo el acompañamiento de varios legisladores del Interbloque del Frente Amplio Progresista. Para realizarlo, el legislador del GEN-FAP tomó como referencia antecedentes de legislaciones de otros países, como España, Chile y Colombia, y el proyecto original de la Ley 25.188 de Ética de la Función Pública.
“Con este proyecto, completamos un cerco jurídico para que ni Boudou, ni ningún funcionario público puedan escapar a la sanción de la justicia. Debemos ser claros y contundentes desde el Estado y la sociedad toda en la lucha contra la corrupción, la conducta de influir ante un funcionario para que adopte una decisión indebida debe ser punible sin importar si el beneficio buscado se obtuvo, porque la ley debe reprochar la simple acción de infiltrar desde una posición de poder”.
Duclós propone “Reprimir con reclusión o prisión de uno a seis años, e inhabilitación especial perpetua, el que ejerza influencia sobre un funcionario valiéndose de un cargo público, partidario, empresarial o sindical para que realice un acto indebido, o para que lo retarde u omita.”
“Es hora de poner fin a la tolerancia social frente a conductas que como la del Vicepresidente Boudou, causan daño al normal funcionamiento de la Administración Pública, es necesario que desde el Congreso actuemos para que no se imponga la cultura de la impunidad”, finalizó Duclós.
El proyecto que busca cubrir una laguna legislativa tuvo el acompañamiento de varios legisladores del Interbloque del Frente Amplio Progresista. Para realizarlo, el legislador del GEN-FAP tomó como referencia antecedentes de legislaciones de otros países, como España, Chile y Colombia, y el proyecto original de la Ley 25.188 de Ética de la Función Pública.
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