El Senado bonaerense sancionó la creación del Registro Único de Casos de Violencia de Género. Allí se registrarán todos los casos y se buscará unificar denuncias para los procesos judiciales.
En octubre del año pasado, los integrantes de la Cámara Alta bonaerense sancionaron la emergencia en la provincia con respecto a la violencia de género. La problemática había crecido hasta límites que se desconocían y había que tomar algunas acciones concretas para enfrentarla.
Para seguir en esta línea de trabajo, nuevamente, los senadores votaron de forma unánime la creación del Registro Único de Casos de Violencia de Género, una iniciativa presentada ante la legislatura provincial por Juan Carlos Simón (UCR). Entre otros puntos destacados, además de contar con toda la información de las situaciones que se presenten en estos términos, la propuesta busca que se puedan unificar las denuncias de cara a los procesos judiciales.
El proyecto incorpora además la utilización de índices y estadísticas para tratar de medir qué clase de impacto tiene las acciones ideadas desde el Estado para combatir este flagelo. La síntesis de la información recogida ayudará, según apunta la iniciativa, a elaborar las políticas públicas necesarias para enfrentar la problemática.
Además, toda la información registrada será privada, de acorde a las normativas vigentes en torno a los datos de la violencia de género, respetando de esta forma el derecho a la intimidad. Las estadísticas estarán compuestas, entonces, por datos concretos y estrictamente mensurables.
De acorde a lo establecido en dos de sus artículos, la puesta en vigencia del Registro no puede ser en menos de un año. Al mismo tiempo, se estableció que los informes sobre la evolución de las denuncias y otro tipo de datos deberán ser elaborados de forma semestral.
En los fundamentos, el proyecto se justificó en orden a “concentrar y sistematizar en un solo cuerpo todos los datos vinculados a la Violencia de Género y las causas conexas o relacionadas, otorgará la posibilidad de brindar información clave a quienes deben desarrollar y ejecutar una política integral, a fin de abordar definitivamente, en su totalidad, la problemática e impulsar toda situación y acción que conlleve a una igualdad real de trato con sentido positivo, es decir, una igualdad real de buen trato entre hombres y mujeres”.
También se afirmó que “es cierto que existen en nuestro país varios registros a nivel local, provincial e incluso nacional, en los que muchas veces y atendiendo al carácter reiterativo, cíclico y progresivo, que caracteriza en su inmensa mayoría a la Violencia de Género, se asientan hechos y relatos posteriores estrictamente relacionados y por lo tanto, registrados en más de una oportunidad, sin correlato alguno. Todos estos datos, aunque conservan cierto valor, no satisfacen parámetros sustantivos que sirvan de base para elaborar una estrategia general del problema”.
Planteando la novedad de la iniciativa, Simón expresó: “En la actualidad no existe una encuesta de población que pueda dar cuenta de la incidencia y prevalencia de Violencia de Género. Sin esa información es imposible determinar la capacidad de los servicios disponibles. ¿Cómo saber si las respuestas institucionales (de la justicia, el sistema de salud o asistencia social) son suficientes y a qué porcentaje de población afectada sirven? ¿Cómo saber si las denuncias que llegan a formularse son muchas o son pocas, con relación al problema general?”. (Diario Judicial).
Para seguir en esta línea de trabajo, nuevamente, los senadores votaron de forma unánime la creación del Registro Único de Casos de Violencia de Género, una iniciativa presentada ante la legislatura provincial por Juan Carlos Simón (UCR). Entre otros puntos destacados, además de contar con toda la información de las situaciones que se presenten en estos términos, la propuesta busca que se puedan unificar las denuncias de cara a los procesos judiciales.
El proyecto incorpora además la utilización de índices y estadísticas para tratar de medir qué clase de impacto tiene las acciones ideadas desde el Estado para combatir este flagelo. La síntesis de la información recogida ayudará, según apunta la iniciativa, a elaborar las políticas públicas necesarias para enfrentar la problemática.
Además, toda la información registrada será privada, de acorde a las normativas vigentes en torno a los datos de la violencia de género, respetando de esta forma el derecho a la intimidad. Las estadísticas estarán compuestas, entonces, por datos concretos y estrictamente mensurables.
De acorde a lo establecido en dos de sus artículos, la puesta en vigencia del Registro no puede ser en menos de un año. Al mismo tiempo, se estableció que los informes sobre la evolución de las denuncias y otro tipo de datos deberán ser elaborados de forma semestral.
En los fundamentos, el proyecto se justificó en orden a “concentrar y sistematizar en un solo cuerpo todos los datos vinculados a la Violencia de Género y las causas conexas o relacionadas, otorgará la posibilidad de brindar información clave a quienes deben desarrollar y ejecutar una política integral, a fin de abordar definitivamente, en su totalidad, la problemática e impulsar toda situación y acción que conlleve a una igualdad real de trato con sentido positivo, es decir, una igualdad real de buen trato entre hombres y mujeres”.
También se afirmó que “es cierto que existen en nuestro país varios registros a nivel local, provincial e incluso nacional, en los que muchas veces y atendiendo al carácter reiterativo, cíclico y progresivo, que caracteriza en su inmensa mayoría a la Violencia de Género, se asientan hechos y relatos posteriores estrictamente relacionados y por lo tanto, registrados en más de una oportunidad, sin correlato alguno. Todos estos datos, aunque conservan cierto valor, no satisfacen parámetros sustantivos que sirvan de base para elaborar una estrategia general del problema”.
Planteando la novedad de la iniciativa, Simón expresó: “En la actualidad no existe una encuesta de población que pueda dar cuenta de la incidencia y prevalencia de Violencia de Género. Sin esa información es imposible determinar la capacidad de los servicios disponibles. ¿Cómo saber si las respuestas institucionales (de la justicia, el sistema de salud o asistencia social) son suficientes y a qué porcentaje de población afectada sirven? ¿Cómo saber si las denuncias que llegan a formularse son muchas o son pocas, con relación al problema general?”. (Diario Judicial).
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