El gobierno anunció que el 10 de febrero aumentará la tarifa para quien no tenga la tarjeta SUBE. Restarían entre 2 y 3 millones de usuarios. La medida es parte del ajuste ya que combina el recorte de subsidios con el control de la recaudación del transporte. Para las asociaciones de consumidores no habrá tiempo de implementarla.
La decisión del secretario de Transporte, Juan pablo Schiavi, de aumentar la tarifa a quienes el 10 de febrero no tengan la tarjeta SUBE podría derivar en un caos entre los usuarios que no logren conseguirla antes de esa fecha.
La medida fue anunciada este fin de semana y tomó por sorpresa a las asociaciones de usuarios y consumidores, que habían sido informadas de la decisión de individualizar los subsidios a través del SUBE, pero esperaban plazos mayores plazos para esa tarea.
“Son políticas de imposible cumplimiento. El Gobierno se maneja con mucha improvisación: toman la decisión, hacen el anuncio y después ven como lo llevan a la práctica”, se indignó ante LPO Fernando Blanco Muriño, presidente de Unión Consumidores Argentina, entidad que en diciembre participó de reuniones en el Ministerio de Planificación para discutir el recorte de subsidios al gas y la luz.
“En ningún momento se nos informó acerca de un recorte en el transporte público. Le preguntamos y nos dijeron que no estaba en la agenda”, recordó.
Incluso, cuando el diario Clarín publicó en tapa que el gobierno estudiaba extender al transporte el ajuste, furioso Schiavi los calificó de "terroristas mediáticos".
Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, consideró “acertado” eliminar los subsidios enfocándose en la demanda y no en la oferta, pero coincidió con Blanco Muiño en que el tiempo fijado es escaso.
“El 10 de febrero es demasiado apresurado. La gente está de vacaciones y vuelve estos días. Será necesario fortalecer la red de carga sobre todo en el Gran Buenos Aires”, alertó.
Boada estima que existen 10 millones de usuarios de transporte público entre Capital y Gran Buenos Aires, área de influencia del Sube. Aunque la secretaría de Transporte guarda celosamente el dato sobre cuántas tarjetas hay activas, fuentes del sector estiman que, al menos, restarían repartir entre 2 y 3 millones.
El principal objetivo del Gobierno sería recaudatorio. La tarjeta, que fue lanzada en 2009 para combatir la escasez de monedas, recauda unos 80 millones mensuales por millón de usuarios -se estima un consumo promedio de 80 pesos por persona- que, a diferencia del cobro por ventanilla, van directo al tesoro nacional.
Si bien, este dinero el gobierno debe girarlo a las operadoras del transporte, en el medio cuenta con un capital líquido que hipotéticamente podría llegar a los 800 millones por mes. Un monto nada desdeñable para tapar urgencias mientras se pedalea a los transportistas.
El cuello de botella
La capacidad operativa para distribuir en 20 días los plásticos que faltan es la gran incógnita que deja el anuncio de Schiavi. En el Gobierno aseguran que hay 600 puestos de distribución, algunos directos del Sube y otros en kioscos y comercios, que en total -y gracias a la ayuda de algunos intedentes del Conurbano- han permitido alcanzar el récord de reparto de 1 millón de tarjetas por mes.
El sistema se completa con 2000 puestos de carga y el Centro de Cómputos más grande del país, por encima del de la Anses, con 100 millones de operaciones mensuales. Este centro tiene capacidad de sobra para procesar todas las operaciones estimadas con el sistema funcionando a pleno. Además el gobierno ya contaría con la totalidad de plásticos a repartir.
Pero el expendio de tarjetas de nada sirve si estas no llegan al usuario y esa logística no funcionó del todo bien hasta ahora. “El problema es que los kioscos tienen que pagar por adelantado la carga y se quedan con un margen chico. Entonces optan por comprar un monto no muy grande y abastecer únicamente a sus clientes. En el Gran Buenos Aires es muy habitual que no te vendan”, explicó Boada.
Este cuello de botella generó, por ejemplo, que en algunas ciudades hubiera colas interminables para conseguir los primeros plásticos. Esta situación podría agravarse en los próximos días ante el tono alarmista que impuso al anuncio la Secreatría de Transporte, con un spot que hoy rotó todo el día por los canales de televisión instando a sacar "ya" la tarjeta SUBE. (La Política OnLine).
La decisión del secretario de Transporte, Juan pablo Schiavi, de aumentar la tarifa a quienes el 10 de febrero no tengan la tarjeta SUBE podría derivar en un caos entre los usuarios que no logren conseguirla antes de esa fecha.
La medida fue anunciada este fin de semana y tomó por sorpresa a las asociaciones de usuarios y consumidores, que habían sido informadas de la decisión de individualizar los subsidios a través del SUBE, pero esperaban plazos mayores plazos para esa tarea.
“Son políticas de imposible cumplimiento. El Gobierno se maneja con mucha improvisación: toman la decisión, hacen el anuncio y después ven como lo llevan a la práctica”, se indignó ante LPO Fernando Blanco Muriño, presidente de Unión Consumidores Argentina, entidad que en diciembre participó de reuniones en el Ministerio de Planificación para discutir el recorte de subsidios al gas y la luz.
“En ningún momento se nos informó acerca de un recorte en el transporte público. Le preguntamos y nos dijeron que no estaba en la agenda”, recordó.
Incluso, cuando el diario Clarín publicó en tapa que el gobierno estudiaba extender al transporte el ajuste, furioso Schiavi los calificó de "terroristas mediáticos".
Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, consideró “acertado” eliminar los subsidios enfocándose en la demanda y no en la oferta, pero coincidió con Blanco Muiño en que el tiempo fijado es escaso.
“El 10 de febrero es demasiado apresurado. La gente está de vacaciones y vuelve estos días. Será necesario fortalecer la red de carga sobre todo en el Gran Buenos Aires”, alertó.
Boada estima que existen 10 millones de usuarios de transporte público entre Capital y Gran Buenos Aires, área de influencia del Sube. Aunque la secretaría de Transporte guarda celosamente el dato sobre cuántas tarjetas hay activas, fuentes del sector estiman que, al menos, restarían repartir entre 2 y 3 millones.
El principal objetivo del Gobierno sería recaudatorio. La tarjeta, que fue lanzada en 2009 para combatir la escasez de monedas, recauda unos 80 millones mensuales por millón de usuarios -se estima un consumo promedio de 80 pesos por persona- que, a diferencia del cobro por ventanilla, van directo al tesoro nacional.
Si bien, este dinero el gobierno debe girarlo a las operadoras del transporte, en el medio cuenta con un capital líquido que hipotéticamente podría llegar a los 800 millones por mes. Un monto nada desdeñable para tapar urgencias mientras se pedalea a los transportistas.
El cuello de botella
La capacidad operativa para distribuir en 20 días los plásticos que faltan es la gran incógnita que deja el anuncio de Schiavi. En el Gobierno aseguran que hay 600 puestos de distribución, algunos directos del Sube y otros en kioscos y comercios, que en total -y gracias a la ayuda de algunos intedentes del Conurbano- han permitido alcanzar el récord de reparto de 1 millón de tarjetas por mes.
El sistema se completa con 2000 puestos de carga y el Centro de Cómputos más grande del país, por encima del de la Anses, con 100 millones de operaciones mensuales. Este centro tiene capacidad de sobra para procesar todas las operaciones estimadas con el sistema funcionando a pleno. Además el gobierno ya contaría con la totalidad de plásticos a repartir.
Pero el expendio de tarjetas de nada sirve si estas no llegan al usuario y esa logística no funcionó del todo bien hasta ahora. “El problema es que los kioscos tienen que pagar por adelantado la carga y se quedan con un margen chico. Entonces optan por comprar un monto no muy grande y abastecer únicamente a sus clientes. En el Gran Buenos Aires es muy habitual que no te vendan”, explicó Boada.
Este cuello de botella generó, por ejemplo, que en algunas ciudades hubiera colas interminables para conseguir los primeros plásticos. Esta situación podría agravarse en los próximos días ante el tono alarmista que impuso al anuncio la Secreatría de Transporte, con un spot que hoy rotó todo el día por los canales de televisión instando a sacar "ya" la tarjeta SUBE. (La Política OnLine).
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