MALVINAS ARGENTINAS, Febrero 12, (PUNTO CERO-Aquí la Noticia) “Esto ha quedado más que claro”, aseguró el secretario de gobierno malvinense, Miguel Harari, cuando conoció la nueva resolución de la Justicia. Casación deberá resolver si hace lugar al pedido de juicio oral.
La justicia dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra dos empresarios acusados de presuntas irregularidades y de «plantar» pruebas en una causa contra al intendente del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, según informaron fuentes judiciales. La decisión fue adoptada por el juez de garantías Nº 3 de San Martín, Mariano Grammatico, quien investiga las irregularidades vinculadas con la manipulación y obtención ilegal de pruebas en el proceso penal que se siguiera contra el intendente Cariglino y otros miembros del gobierno municipal por estafa en perjuicio de la administración pública en una licitación.
De acuerdo a la resolución mencionada, las personas que deberán ser sometidas a juicio oral y público son Pascual Carlos Rombolá, Carlos Alberto La Torre quienes en presunta connivencia con miembros de la D.D.I. de San Martín, habrían fraguado la prueba que se utilizó para procesar y elevar a juicio la causa contra el intendente de Malvinas Argentinas y una serie de personas entre las que se encuentra su secretario de gobierno. Para el secretario de gobierno malvinense, Miguel Harari, en diálogo con AQUÍ La Noticia “esto ha quedado más que claro, son las pruebas que han utilizado para denunciar a Cariglino y al resto de los funcionarios que lo acompañaban y creo que se está haciendo realmente Justicia”.
Harari confirmó que “son muchos más, hay policías de la DDI, uno de ellos Spósito, un hombre muy vinculado al caso Ianonne por el que ha sido separado de su cargo supuestamente porque se habrían quedado con algo de plata de la causa, son personajes bastantes conocidos”.
Haciendo un poco de historia el funcionario reseñó que “luego de ver tantas irregularidades, hace casi cuatro años, Jesús Cariglino hace una denuncia en la Procuración General de la Provincia.
En ese momento el Dr. De La Cruz, a través de un mecanismo que ellos tienen, decide que la Fiscalía Nº 2 de Quilmes lleve adelante esta investigación para que no sea San Martín (el Departamento Judicial) la que se investigue a sí misma. Esa fiscalía de Quilmes lleva adelante la investigación, el juez de garantías sigue siendo de San Martín, es por esto que esta resolución la firma un juez de garantías de San Martín”.
La prueba contra Cariglino habría sido obtenida ilegalmente y, en varios casos pudo haber sido manipulada, por funcionarios del ministerio público (Ledesma, Chichizzola y Domínguez) que habrían actuado en connivencia con los denunciantes (Latorre y Rombola) quienes terminaron detenidos por estos hechos. Por lo tanto, lo actuado por Ledesma como fiscal de primera instancia y por Chichizzola y Domínguez, fiscales de cámara, serían absolutamente arbitrario y violaría la imparcialidad con que deben manejarse los juzgadores, para no avasallar garantías vitales como la defensa en juicio. Según los analistas, esto debiera tornar nula la investigación en casi su totalidad.
Para el secretario de gobierno esta nueva resolución “me indica que Cariglino empieza a poder demostrar su inocencia, en este caso a través de esta gran investigación que se llevó adelante en Quilmes. Porque deja a las claras un montón de cosas, que todas las pruebas que fueron utilizadas para denunciar y luego detener a Cariglino, al Secretario de Gobierno, Etc., han sido extraídas de una denuncia falsa, del soporte magnético de una computadora que fue adulterada justamente por estas personas para este fin, por Rombolá, La Torre, Spósito y algunos policías más involucrados”.
Luego, y ante trascendidos que dan cuenta de la posibilidad de la participación de algunos vecinos de renombre en la región que habrían colaborado con los empresarios, Harari se sumió en un evidente silencio de algunos segundos debiendo el cronista repreguntar.
“Nosotros creemos que ha habido alguien que los ha ayudado, obviamente”, afirmó el Secretario, ampliando luego que “lo que no podemos es precisar o acusar hasta tanto no reunamos las pruebas para vincularlos. Lo que sí sabemos es que se han movido con el respaldo económico de alguien o con la ayuda de alguien, sí estamos seguros de quiénes de alguna manera u otra fueron falsificando prueba, quienes recibieron esa prueba falsa y elaborando una investigación sobre ellas”, señaló.
Lo que siguePara Harari “el sentido común me hace pensar que con esta investigación y esta elevación a juicio que sin dudas condenará a Rombolá, La Torre y a estos policía corruptos, sin ninguna duda queda nula la causa inicial que se hizo contra Cariglino, porque todas las pruebas que fueron usadas en esta investigación se está demostrando que fueron falsas”.
Los pasos que siguen a la elevación a juicio oral de la causa tienen en cuenta apelaciones, tanto de los perjudicados como de los integrantes del ejecutivo malvinense “porque creemos que hay más delitos que hay que imputarle a Rombolá y La Torre”.
Es ahora la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires la que deberá resolver sobre si hace o no lugar a los planteos efectuados por las defensas, teniendo como nuevo marco de decisión la resolución de Gramático de elevar a juicio oral y público la causa contra Rombolá. (PUNTO CERO-Aquí la Noticia).
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