BAHIA BLANCA, Marzo 20, (PUNTO CERO) El senador de la Coalición Cívica, José Zingoni, realizó un recorrido por comisarías de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y detectó una serie de irregularidades en lo relacionado con la infraestructura. Según explicó el legislador desde diciembre del año pasado dos comisarías bahienses funcionan con menos capacidad. Los calabozos de las comisarás 3ª y 2ª fueron clausurados por el juez Alfredo Mones Ruiz y la jueza Susana Calcinelli respectivamente.
“Hace más de tres meses que estas dependencias se encuentran funcionando con esta anomalía, lo cual compromete las condiciones de seguridad en los procedimientos que se llevan adelante rutinariamente”, aseguró Zingoni. En el contexto de inseguridad de la provincia de Buenos aires estas dependencias son sumamente importantes en el quehacer cotidiano de la ciudad y constituyen dos de las cuatro comisarías existentes en Bahía Blanca -más tres sub-comisarías-.
La decisión de clausura de los calabazos se tomó frente al deterioro visible de la infraestructura. “En una simple recorrida por las dependencias se puede constatar el nivel de deterioro de estos espacios y las condiciones infra-humanas a las que han sido sometidos los detenidos”, señaló Zingoni.
Frente a este panorama la situación de los arrestados en Bahía Blanca, que deberían ser enviados a estas comisarías, es crítica. Cada detenido debe ser mantenido en la sala de espera u otro espacio no acondicionado para tal efecto, con el riesgo que esto significa. “Es realmente alarmante la situación porque los arrestados deben trasladarse, en algunas ocasiones, a otras ciudades que, según el caso, pueden estar a 50 o 100 kilómetros de Bahía”, explicó Zingoni y agregó que “esto conlleva un gasto de recursos humanos y económicos inadmisible”.
El senador le pidió al gobernador, a través de un proyecto de declaración, que “la seguridad es el principal reclamo de los vecinos y Scioli se ha comprometido reiteradamente con el tema. Es bueno que así sea, porque evidentemente se necesita de un cambio de actitud”.
Problemática de larga data
Los problemas edilicios de estas unidades no son nuevos: dichas comisarías presentaron proyectos para reformas en 2005 y 2006. “Los años transcurridos no condicen con la importancia del tema, la complicación del funcionamiento, la gravedad de los impactos posibles y los discursos políticos que las autoridades provinciales han brindado desde entonces a la fecha”, aseguró Zingoni.
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Seguridad, el problema no se encuentra dentro de las prioridades. Hasta el momento, la imposibilidad de trasladar el tema al ministro de esa cartera, Carlos Stornelli, da cuenta de ello. Más allá de proyecciones que se han dado a conocer en los últimos días, como la futura construcción de alcaidías en el Conurbano bonaerense, poco se sabe de las iniciativas que piensa tomar en beneficio de la región Bahía Blanca.
“Esto quiere decir que hay que destinar recursos, efectivos, los cuales deberían estar utilizando en la ciudad para otro tipo de tareas. Ahí hay justamente una pérdida de eficiencia en el uso de los recursos públicos”, aseguró Zingoni.
“Hace más de tres meses que estas dependencias se encuentran funcionando con esta anomalía, lo cual compromete las condiciones de seguridad en los procedimientos que se llevan adelante rutinariamente”, aseguró Zingoni. En el contexto de inseguridad de la provincia de Buenos aires estas dependencias son sumamente importantes en el quehacer cotidiano de la ciudad y constituyen dos de las cuatro comisarías existentes en Bahía Blanca -más tres sub-comisarías-.
La decisión de clausura de los calabazos se tomó frente al deterioro visible de la infraestructura. “En una simple recorrida por las dependencias se puede constatar el nivel de deterioro de estos espacios y las condiciones infra-humanas a las que han sido sometidos los detenidos”, señaló Zingoni.
Frente a este panorama la situación de los arrestados en Bahía Blanca, que deberían ser enviados a estas comisarías, es crítica. Cada detenido debe ser mantenido en la sala de espera u otro espacio no acondicionado para tal efecto, con el riesgo que esto significa. “Es realmente alarmante la situación porque los arrestados deben trasladarse, en algunas ocasiones, a otras ciudades que, según el caso, pueden estar a 50 o 100 kilómetros de Bahía”, explicó Zingoni y agregó que “esto conlleva un gasto de recursos humanos y económicos inadmisible”.
El senador le pidió al gobernador, a través de un proyecto de declaración, que “la seguridad es el principal reclamo de los vecinos y Scioli se ha comprometido reiteradamente con el tema. Es bueno que así sea, porque evidentemente se necesita de un cambio de actitud”.
Problemática de larga data
Los problemas edilicios de estas unidades no son nuevos: dichas comisarías presentaron proyectos para reformas en 2005 y 2006. “Los años transcurridos no condicen con la importancia del tema, la complicación del funcionamiento, la gravedad de los impactos posibles y los discursos políticos que las autoridades provinciales han brindado desde entonces a la fecha”, aseguró Zingoni.
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Seguridad, el problema no se encuentra dentro de las prioridades. Hasta el momento, la imposibilidad de trasladar el tema al ministro de esa cartera, Carlos Stornelli, da cuenta de ello. Más allá de proyecciones que se han dado a conocer en los últimos días, como la futura construcción de alcaidías en el Conurbano bonaerense, poco se sabe de las iniciativas que piensa tomar en beneficio de la región Bahía Blanca.
“Esto quiere decir que hay que destinar recursos, efectivos, los cuales deberían estar utilizando en la ciudad para otro tipo de tareas. Ahí hay justamente una pérdida de eficiencia en el uso de los recursos públicos”, aseguró Zingoni.
Por último, el legislador pidió a las autoridades provinciales que “den prioridad a las intervenciones en las Comisarías 2ª y 3ª de Bahía Blanca, con el fin de que las mismas puedan volver a funcionar normalmente”. (PUNTO CERO).
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