LUJAN, Julio 06, (PUNTO CERO-El Civismo) El jueves se conocieron los alegatos en el juicio oral y público que se lleva a cabo en Mercedes contra la ex tesorera del CEC, su marido y ex director de TV Luján y los autores materiales del hecho.El fiscal y los defensores llegaron a un acuerdo para que los imputados asuman la instigación y autoría del hecho a cambio de dejar de lado que fue por “promesa remuneratoria o precio”.
El fallo y la sentencia tendrá lugar el lunes 14 de julio a las 11.30.
El fiscal Juan Manuel Mastrorilli pidió penas que van de 7 a 8 años y 2 meses para los imputados en la tentativa de homicidio contra el actual secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Sergio Gauna, en el juicio oral y público que se lleva a cabo en el Tribunal en lo Criminal 3 de Mercedes.
La solicitud de una condena de 7 años recae en la ex tesorera Graciela Sarube y en su esposo Jorge Jordán, acusado de haber instigado el crimen de Gauna. En tanto que para los imputados Jorge Barigozzi el fiscal reclamó una pena de 8 años mientras que para el presunto autor del disparo, Carlos Castellano, el pedido asciende a 8 años y 2 meses.
Las penas exigidas por el fiscal tuvieron lugar este jueves en el marco de los alegatos. El adelantamiento de esta etapa en el juicio sólo puede ser entendido a partir del acuerdo al que llegaron las partes un día antes.
El miércoles, cuando estaba previsto que declaren al menos tres testigos considerados de relevancia, el Ministerio Público y los abogados defensores de los acusados hicieron lo que vulgarmente llaman en el ámbito judicial un “arreglo”.
Este “arreglo” consistió en que los imputados Sarube y Jordán aceptaran que instigaron el crimen de Gauna a cambio de que se deje al margen el agravante de que fue “a cambio de una promesa remuneratoria o precio”. De este modo, en lugar de pedir el fiscal una condena que podría llegar a 13 años de prisión redujo su pretensión a poco más de la mitad. De ser encontrados culpables por el tribunal, en septiembre Sarube y Jordán podrían verse beneficiados con salidas transitorias y en 2009 obtendrían la libertad condicional.
Para los delincuentes la cosa fue distinta. Barigozzi había confesado que se encontraba al volante del auto por “encargo” de un abogado llamado Martín Nosa. El encargue consistía en llevar a un asaltante para que le “robara a Gauna dinero en negro que descargaba” en la casa paterna. A Castellano no le quedaría otra opción que reconocer que estuvo en la escena del hecho ante las abrumadoras pruebas que lo incriminan. Los antecedentes como delincuentes dedicados al robo de automotores en forma reiterada y hechos de piratería del asfalto, sumado a la condición de reincidentes que ambos tienen, les jugarían en contra.
El acuerdo nunca dejó conforme a Sarube, quien se declaró este jueves “inocente” ante los jueces Ricardo Marfia, Alejandro Caride y Eduardo Costia. La mujer mantiene la esperanza de que el fallo sea absolutorio. De ser así, le abriría el camino para reclamar una importante indemnización al Centro de Empleados de Comercios donde trabajó durante 34 años.
Pero, en caso de ser hallada culpable, su situación quedaría en una posición cuanto menos incómoda de cara al proceso que carga junto al ex secretario general del CEC, Rubén Minotti. Ambos están imputados por “estafa” en perjuicio del sindicato debido a que una auditoría realizada por la intervención del gremio -tras el fallido atentado contra Gauna- estableció un faltante de 570.000 pesos entre los años 2001 y 2004, época en la que Sarube fue tesorera e impidió que Gauna accediera al cargo que había obtenido en forma legítima en una elección en 2001.
NO MÁS TESTIGOS
Aunque el lunes se vislumbró la posibilidad de un arreglo, nada hacía pensar que las audiencias de debate terminarían en forma abrupta. De los 82 testigos que habían sido convocados por las partes en un primer momento, se pasó a 70 el día que dio inicio el juicio y finalmente declararon 28. Suficiente para las partes.
A pesar de haber sido citados, entre otros, el señor Juan Carlos Olivares -quien le dijo a Gauna los planes que tramaba Sarube para eliminarlo-, el contador que auditó las cuentas -leit motiv que habría desencadenado el intento de asesinato- y el inspector Luis Correale -quien tuvo a su cargo una etapa de la pesquisa-, no fue necesario que pasen por el tribunal.
El miércoles, el comienzo de la audiencia se fue postergando en el tiempo. Antes de las 9 se esperaba la llegada de un preso llamado Jorge Ronda a quien Barigozzi acusó de haber sido el cómplice en el hecho, pero nunca apareció. Tampoco este detenido pudo presentar una foto de la persona que supuestamente lo llevó a cometer un robo y en un “tropiezo” se le “escapó” un tiro que hirió a Gauna cuando cambiaba la rueda de su auto.
Para el mediodía, las partes le anunciaron al tribunal su decisión de desistir de los testigos y pasar directamente a los alegatos. Los jueces aceptaron y acordaron hacerlo el jueves a la mañana. Para entonces, los cuatro imputados ya sabían de boca del fiscal la pena a la que están expuestos.
EL FISCAL
En un esfuerzo por ser “breve y conciso”, el fiscal Mastrorilli necesitó de 1 hora y 25 minutos para alegar. Los puntos salientes de su exposición se basaron en las siguientes conclusiones a las que arribó:
“Estamos ante un caso típico donde se hizo todo para mandar a matar: hubo un pacto entre el matrimonio Sarube-Jordán y los dos autores del hecho”.
“La promesa remuneratoria se encuentra plenamente comprobada pero las pruebas que se tienen no son suficientes para acreditar, incorporarlas a la causa y presentarse ante este tribunal”.
“Todas las piezas encajan entre el grupo agresor y el grupo que tomó la determinación de enviar a matar”.
“El antecedente para matar a Gauna es el odio que le tenía Sarube al perder el manejo del dinero y el cargo como tesorera. Los problemas surgen cuando Gauna accede al cargo tras ganar las elecciones”.
“El test psicológico arrojó que exhibía su condición de tesorera cuando ya no lo era y el informe psiquiátrico habla que se tomaba atribuciones que no tenía”.
“Sarube le dijo a la hermana de Gauna que le resultaba fácil mandar a matar a alguien y ‘a este pendejo hay que hacerlo mierda’, dijo una testigo que escuchó decir de parte de Sarube que su marido tenía amigos mafiosos”.
“Las cuentas del sindicato habían sido desbastadas”.
“Las responsables de que no hubiese balance y el manejo del dinero era la tesorera”.
“Se hacían reuniones a espaldas de Gauna y de miembros del sindicato”.
“Gauna tenía miedo y denunció a Sarube meses antes del hecho”.
“Castellano y Barigozzi no son sólo los autores del hecho sino que son un grupo de delincuentes que compartieron unidades carcelarias y andaban juntos”.
“El abogado Martín Nosa es el nexo en común entre Barigozzi y el matrimonio. Se conocían de los encuentros de motos”.
“Sarube tenía los motivos para matar a Gauna y Jordán los contactos. Había que sacarlo del medio porque molestaba, por el estado de las cuentas, las represalias y las consecuencias que podía traer que siguiera hablando”.
“Sarube era el sostén de la familia. Con sus ingresos era la persona que más fuerte representa a la organización familiar. Solventaba a varios miembros de la familia e incluso al yerno. Era la principal fuente de ingresos y se iba a ver privada de un día para otro de todos los beneficios que obtenía del sindicato”.
“Se habló del aumento de patrimonio, de la cantidad de vehículos que tenía el matrimonio (motos, autos, camionetas, scooter), el ritmo de vida, el lujo y el confort, la construcción de la casa de dos plantas a partir de que Sarube asumiera como tesorera, el depósito de fondos del sindicato en las cuentas bancarias de Sarube y de Jordán”.
“No hay dudas que el incremento de patrimonio fue por manejos ilícitos de dineros del sindicato”.
“La pericia psiquiátrica dio que Barigozzi presenta rasgos psicóticos”.
“La historia que contó Barigozzi es incongruente y de todas las versiones que dio de sus encuentros con Jordán no hay ninguna que se pueda tomar que sea cierta: la única vinculación es la del hecho”.
“El auto utilizado en el hecho fue llevado a arreglar en varias oportunidades por Barigozzi y Castellano”.
“Hay llamadas entre los teléfonos de Barigozzi y Castellano, y más de 200 llamadas entre Barigozzi con Jordán y Sarube. 66 son entre los celulares de Barigozzi y Jordán, 6 de esas llamadas durante el día del hecho, 20 más entre el celular de Jordán y el domicilio particular de Barigozzi, otras 9 desde el domicilio de Barigozzi al domicilio de Jordán y 2 de ellas el día del hecho”.
LAS DEFENSAS
El abogado defensor de Castellano pidió que aplique a su cliente la menor pena posible por robo y encubrimiento simple, que es de 3 años de prisión.
Además, puso en duda la legitimidad de reconocimiento que hizo Gauna y un testigo de apellido Gimenez que identificaron al presunto autor material como la persona que disparó contra el joven tesorero en agosto de 2004 y que luego huyó sin robar nada hasta abordar un Peugeot 504 que conducía Barigozzi. Por lo tanto, para esta defensa, no fue Castellano sino un tal Jorge Ronda quien le disparó a Gauna.
-“Se demostró que la línea investigativa apuntaba a Castellano”.
La letrada que asumió la defensa de Barigozzi mantuvo una línea argumentativa parecida al abogado de Castellano aunque invocó una serie de tecnicismos legales que quedaron a consideración de los jueces. Solicitó que se tengan en cuenta como atenuantes la confesión que hizo Barigozzi para que pueda acceder también al beneficio de las salidas transitorias.
Por su parte, el abogado del matrimonio Sarube-Jordán dijo que tras el hecho “Gauna explotó esa situación de intento de robo para sacarse de encima a Sarube y a toda la Comisión Directiva”.
- “La Comisión Directiva es responsable de la defraudación”.
- “La investigación fue direccionada, estuvo plagada de actas policiales sin testigos, poco seria. Pido la absolución y que aplique el beneficio de la duda”.
- “No surge ni está probada la instigación”.
- “Deberían ser investigados Nosa, (la capitana Nora) Cavallero, Agustín Del Río (sobrino de Minotti) y (Carlos) Pallero (dirigente de Osecac)”.
- “Falta objetividad en la investigación. Hubo parcialidad”.
- “El conflicto institucional era por disputa de poder y dinero. En un sindicato las expresiones de amenazas de muerte son habituales. No era una Iglesia ni un club de fútbol”.
- “Sarube, cuando tuvo algún inconveniente, fue a la Justicia e hizo una denuncia contra Gauna”.
- “Gauna, en la lucha de poder y tras la tentativa de robo, encontró la posibilidad para ser lo que hoy es: secretario general”.
- “Se habló de cuentas bancarias de Jordán que nunca fueron acreditadas”.
- “Acá hubo un conflicto típicamente laboral”.
La última palabra en esta primera instancia judicial la tendrá el tribunal que ahora debate si la verdad pasa por los argumentos que dio el fiscal y los testigos o se encuentra en la hipótesis que relató Barigozzi, reforzadas por las dudas que plantearon los abogados defensores de los cuatro imputados.
El fallo y la sentencia se conocerán el lunes 14 de julio a partir de las 11.30 cuando las partes se vuelvan a encontrar por última vez en la estrecha sala del primer piso que tiene el Tribunal en lo Criminal 3.
Que conste en acta
- El lunes a la noche el ex asesor letrado de la Municipalidad durante el gobierno del intendente Miguel Prince y abogado mercedino, Martín Capandegui, apareció por la sala del Tribunal en lo Criminal 3. A esa hora, prestaba declaración el dueño de un bar donde se juntaron Jordán, Barigozzi y Castellano.
El único medio que cubrió todas las audiencias de debate fue EL CIVISMO, algo que resulta extraño teniendo en cuenta que el caso tuvo en su momento gran impacto en la opinión pública, concitó la atención de los medios y que el acusado Jordán estaba al frente de un canal de televisión y era muy conocido entre los trabajadores de prensa.
El jueves, el yerno de Jordán, Juan Donadío, fue obligado a retirarse de la sala. Una fuente policial del tribunal le dijo a este medio que Donadío se presentó como camarógrafo de Tele Red cuando en realidad está desvinculado de esa empresa, según pudo averiguar personal policial que se desempeña en sede judicial.
Tres testigos que declararon en el juicio dijeron que las imágenes de Donadío serían utilizadas luego para presionar a aquellas personas que perjudicaron a los imputados. El abogado defensor del matrimonio, consultado al respecto, minimizó este rumor diciendo que es habitual que en los juicios los testigos expresen temor a represalias.
Además de Donadío y el cronista de este medio, otra persona que tuvo asistencia perfecta fue el padre de Graciela Sarube, quien era portero en el sindicato y tenía llaves de lugares claves en el gremio. El octogenario escuchó su nombre en varios pasajes de las audiencias. Se dijo de él que recibía dinero que debía ir a las arcas del gremio. (PUNTO CERO-El Civismo).
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