La senadora provincial María Isabel Gainza presentó un proyecto que modifica la ley de Información Pública bonaerense al establecer un plazo máximo de 20 días hábiles para la respuesta de la eventual consulta y al crear un registro de solicitudes que agilizará la divulgación de los datos públicos.
Se trata de la ley 12.475 que regula el acceso a la información en posesión de organismos públicos bonaerenses, incluyendo la información controlada y archivada en cualquier formato o medio. El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido en distintos tratados internacionales suscriptos por la Argentina, algunos de los cuales poseen rango constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica.
La iniciativa de Gainza se funda en el principio de “máxima publicidad” de tal manera que cualquier información en manos de instituciones públicas sea completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro y preciso régimen de excepciones.
En este sentido, el proyecto sostiene que el “fundamento del acceso a la información es el requerimiento mismo”, por lo que el solicitante no deberá fundamentar los motivos de su pedido, tal como prevé la norma actual. “Y establece plazos concretos para la respuesta de la solicitud, teniendo en cuenta la recepción por parte de la autoridad competente para brindar dicha respuesta”, sostiene la legisladora de la Coalición Cívica en su propuesta.
Asimismo, la senadora explica la creación del Registro de Solicitudes y Divulgación de documentos “como una forma de administrar y ordenar claramente la información posibilitando su consulta pública, la cual agiliza la tarea de divulgación. No será necesario peticionar por la información que ya se encuentra debidamente divulgada y publicada”.
Se trata de la ley 12.475 que regula el acceso a la información en posesión de organismos públicos bonaerenses, incluyendo la información controlada y archivada en cualquier formato o medio. El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido en distintos tratados internacionales suscriptos por la Argentina, algunos de los cuales poseen rango constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica.
La iniciativa de Gainza se funda en el principio de “máxima publicidad” de tal manera que cualquier información en manos de instituciones públicas sea completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro y preciso régimen de excepciones.
En este sentido, el proyecto sostiene que el “fundamento del acceso a la información es el requerimiento mismo”, por lo que el solicitante no deberá fundamentar los motivos de su pedido, tal como prevé la norma actual. “Y establece plazos concretos para la respuesta de la solicitud, teniendo en cuenta la recepción por parte de la autoridad competente para brindar dicha respuesta”, sostiene la legisladora de la Coalición Cívica en su propuesta.
Asimismo, la senadora explica la creación del Registro de Solicitudes y Divulgación de documentos “como una forma de administrar y ordenar claramente la información posibilitando su consulta pública, la cual agiliza la tarea de divulgación. No será necesario peticionar por la información que ya se encuentra debidamente divulgada y publicada”.
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