La misma fue convocada por la Asociación Madres del Dolor y familiares de las víctimas de episodios por los que solicitan sancionar al magistrado debido a los fallos que produjo, considerados irregulares y perjudiciales para aquellos. Se encontraban Carlas y Alejandro Regis, Vivian Perone y Sofía de Mata.
En la apertura, Carla Regis, víctima sobreviviente del asalto en el que murió su padre, el ingeniero Carlos Regis, dio lectura a los términos de la posición de los familiares de las víctimas y de las ong’s que las acompañan, ante la inminente decisión del Jury que se producirá mañana.
“Seguimos considerando que este Magistrado es co-responsable de que hoy en día muchas familias se encuentren destruidas, entre ellas la nuestra, ya que fue él, merced a una caprichosa interpretación de la ley, arbitraria y carente de toda lógica o sentido común, quien en Marzo de 2008 deja en libertad a un sujeto, hoy ya condenado de haber arrebatado la vida de nuestro padre y haber puesto en riesgo la mía. Este sujeto estuvo condenado en 2003 por robo calificado a cinco años y seis meses de prisión, en 2005 es beneficiado con una libertad provisoria. Gozando de ella se da a la fuga en un procedimiento policial donde se secuestran armas de guerra con mira láser, la numeración limada y balas con punta hueca para provocar mayor daño a las víctimas. El Juez Orlando Díaz le deniega la eximición de prisión y estando Sal Lari como subrogante del mencionado Juez, el delincuente se entrega solicitando la excarcelación que pese a todo lo relatado, le es otorgada por Sal Lari. Dicha situación nos ha llamado aún mucho más la atención cuando ese delincuente hoy ya condenado a prisión perpetua, ante el tribunal del juicio de nuestro padre, declara haber abonado una suma considerable de dinero para que se le otorgue dicha excarcelación y que es ese mismo tribunal el que hoy apoya al Sr. Sal Lari”, dijo Carla Regis.
“Esperamos que -quienes integran el jury de enjuiciamiento- , como funcionarios públicos que son, actúen cumpliendo su mandato para tranquilidad de tantas familias víctimas de la inseguridad como las que se encuentran en esta sala, muchas más que no lo están y el conjunto de las familias argentinas que viven con miedo y desean ver que un Juez por su condición de tal no esté por encima de la ley.
Luego, ante preguntas formuladas por los medios presentes, el Dr. Posse, patrocinante del caso Regis, expresó.
“Tal cual prevé la ley hay dos acusadores. La Comisión Bicameral de la Legislatura, que lleva adelante cuatro causas, y el caso de Carla Regis que a los Regi menores represento. Carla Regis recién este último año está en condiciones de accionar pues previamente estuvo en terapia intensiva, haciéndose operaciones como corolario de la actuación asesina de quien finalmente cobró la vida de su padre.”
“Entonces, hay dos acusaciones que son complementarias: la de la comisión acusadora y la de Regis y quien les habla. En total son 11 causas porque dos están superpuestas, que es el caso González. Con respecto a este juez tenía también muchas causas y muchos reclamos y de ahí a través de la vinculación de una red de familias que se fue dando, y a través de las Madres del Dolor, que también habían intentado el año anterior un juicio político contra Sal Lari, por el caso Miño (el padre supuestamente abusador de su hija, y restituído al hogar de esta, con arresto domiciliario), por todas estas causas importantes (incluida el robo a la sucursal Acassuso del Banco Río cuyos autores, hoy condenados, los había puesto en libertad.) es que se reclama el juicio político.”
“Sal Lari intenta limpiarse denunciando a su secretaria letrada, llevándola a sumario, pero ella demuestra ante la Corte que ella no es la responsable. Y, si no es reponsable, el responsable es el juez.”
“Por eso estas querellas que lo denuncian, que ahora están constituidas en acusadores son las que dicen lo mismo que en la nota de Carla leída al comienzo de esta conferencia de prensa. Las familias de las víctimas no piden arrogarse la ley sino que todos estemos en un mismo pie de igualdad ante la ley. Es decir que si habían 21 causas y quedaron 11 y estas son todas importantes, lo que merecen es que se sepa la verdad en un juicio oral y público.”
Al ser consultado sobre si el juez Sal Lari estaría gozando de protección político, el Dr. Posse expresó: “Este es un caso que abre una página nueva en la argentina en la que se conoce los casos de jueces destituidos porque se los encontró con con un auto o una valija con dinero, que son casos de coimeros. Ahora se trata de otro modo de corrupción, que es el de forzar las normas, de abusar ideológicamente perjudicando a las víctimas, siendo las familias y los mas necesitados. Entonces lo que le constesto es la invocación a la verdad. A que toda la gente que actúa en política y quiere a la politica pero con mayúsculas, que haga todo lo posible para que se vaya a juicio. Porque si no estaremos ante un intercambio de protecciones.”
“La política es una actividad sana, una vida noble que debe ser engrandecida por quienes en tal caso hacen sólo la política.”
Sobre su participación en la parte acusadora explicó que “nadie, que esté como yo en la función pública, quiere incorporar más conflictos de los que tiene pero me comprometí a una búsqueda de justicia y, como soy abogado, podía conseguir la ayuda de otros abogados, Además quiero decir, sin ninguna duda que la ultramayoría de los jueces de la provincia quieren que se haga el juicio y no ver manchada su magistratura por esto que está ocurriendo.”
“Nosotros no podemos creer, de ninguna manera que quienes son legisladores conjueces, que sus líderes, que los conjueces abogados vayan a cerrarle la puerta en la cara a causas tan importantes y a familias que actuaron como buenos argentinos y que siguieron al pie de la letra cada uno de los pasos que le pedía la ley para poder llegar a esto.”
Por su parte Vivian Perrone, en representación de la Asociación de Víctimas Madres del Dolor expresó que “Lo único que quiero dejar en claro esto no es algo de unos contra otros. Necesitamos a la Justicia. Sentimos que hay muchos jueces que están haciendo su trabajo como corresponde y por eso es que a este juez, al que vemos el dolor que causaron sus sentencias es que pedimos que se eleva a juicio oral la causa”.
Según lo que suceda mañana, martes 5, el juez de Garantías Rafael Sal Lari, podria ser separado de su cargo en forma provisional, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense luego de analizar las acusaciones que pesaban sobre él, además de la presentada por la familia del Ing. Carlos Regis, de San Isidro, con el patrocinio del intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse que en principio había sido desestimada por la comisión bicameral, pero luego incorporada por el Juri. Dos meses antes del episodio fatal, el magistrado había beneficiado con la excarcelación al autor del crimen del ingeniero, pese a haber sido detenido con armas y municiones de guerra.
En el caso que el juez sea separado, se le quitará el 40 por ciento de su sueldo hasta que se decida si se lo destituye o no.
El Jury tuvo que resolver si existieron elementos para continuar con el proceso, luego de haber analizado las acusasiones de la Comisión Bicameral y la defensa del juez, -que rechazó los cargos en su contra- consideró si sus actuaciones se ajustaron a la ley vigente.
En una sesión realizada el 16 de febrero último, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, aprobó por mayoría acusar a Sal Lari.
En aquella oportunidad los legisladores analizaron 11 expedientes en los que el juez fue denunciado, entre otros, por las Madres del Dolor, y resolvieron acusarlo por presunto mal desempeño de sus funciones.
Uno de los casos por el que se acusa al magistrado es la libertad de un delincuente que, pese a cumplir con arresto domiciliario –impuesto por un tribunal de La Matanza- escapó del confinamiento para robar a una pareja.
Otro de los hechos cuestionados es no dar lugar a un pedido de exclusión del hogar a un padre acusado de abuso sexual de su hija de 12 años, hecho que venía ocurriendo desde los seis años.
También se lo acusó de haber concedido un allanamiento en un caso de venta de estupefacientes, tres días después de ser solicitado por la fiscalía interviniente. En su descargo el juez alegó que autorizó el operativo el mismo día que le fue solicitado (viernes) pero que recién se concretó el lunes siguiente porque no autorizó a la fiscalía que se hiciera de noche.
El último caso denunciado fue haber demorado siete meses la libertad de un detenido dispuesta en aquella ocasión por la Cámara de San Isidro y después de un reclamo presentado por el mismo.
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