La senadora provincial María Isabel Gainza presentó un proyecto de ley para implementar en la Provincia un sistema de recolección selectiva y disposición final de pilas y baterías usadas con el objetivo de reducir al mínimo su impacto en la salud de la población y en el medioambiente.
Para tal fin la iniciativa propone que los fabricantes, importadores y comerciantes de estos productos tendrán la obligación de recibir de la gente los dispositivos usados y depositarlos en contenedores selectivos de acuerdo a las especificaciones técnicas que defina la autoridad de aplicación.
Asimismo, la norma contempla la creación de un registro provincial en el que estarán inscriptos quienes vendan o distribuyan en el mercado pilas y baterías que, una vez que cumplan los requisitos contemplados por la legislación, recibirán un certificado habilitante. Quienes incumplan las disposiciones de la normativa, podrían ser sancionados con multas de hasta $50 mil o con la clausura del establecimiento.
Posteriormente todos los residuos de pilas y baterías recolectados serán sometidos a tratamiento y reciclaje con métodos que se ajusten a la legislación nacional y provincial en materia de residuos, de salud y seguridad.
Para Gainza “el desafío fundamental que se debe asumir es la puesta en marcha de un plan de gestión integral de pilas y baterías agotadas, que ubique al usuario como consumidor responsable y partícipe necesario en la disposición diferenciada de estos residuos, y a los productores, importadores, distribuidores, intermediarios y responsables de la puesta en el mercado de estos productos, como los sujetos obligados a cumplir con las exigencias de la legislación”.
Al fundamentar la iniciativa, Gainza recordó que “el alto consumo de pilas de todo tipo, sumado a la falta de conciencia en cuanto a su peligrosidad y metodología para su disposición final, conforma una asociación peligrosa para la salud humana. Las pilas como fuente de energía contienen elementos químicos altamente tóxicos -como el plomo- y un poder de contaminación ambiental de nefastas consecuencias”.
En la Argentina una persona consume, en promedio, unas 10 pilas por año y las mismas son depositadas en la basura una vez que se agota su vida útil junto con el resto de residuos domiciliarios, lo que configura un potencial peligro más allá del tipo de disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Para tal fin la iniciativa propone que los fabricantes, importadores y comerciantes de estos productos tendrán la obligación de recibir de la gente los dispositivos usados y depositarlos en contenedores selectivos de acuerdo a las especificaciones técnicas que defina la autoridad de aplicación.
Asimismo, la norma contempla la creación de un registro provincial en el que estarán inscriptos quienes vendan o distribuyan en el mercado pilas y baterías que, una vez que cumplan los requisitos contemplados por la legislación, recibirán un certificado habilitante. Quienes incumplan las disposiciones de la normativa, podrían ser sancionados con multas de hasta $50 mil o con la clausura del establecimiento.
Posteriormente todos los residuos de pilas y baterías recolectados serán sometidos a tratamiento y reciclaje con métodos que se ajusten a la legislación nacional y provincial en materia de residuos, de salud y seguridad.
Para Gainza “el desafío fundamental que se debe asumir es la puesta en marcha de un plan de gestión integral de pilas y baterías agotadas, que ubique al usuario como consumidor responsable y partícipe necesario en la disposición diferenciada de estos residuos, y a los productores, importadores, distribuidores, intermediarios y responsables de la puesta en el mercado de estos productos, como los sujetos obligados a cumplir con las exigencias de la legislación”.
Al fundamentar la iniciativa, Gainza recordó que “el alto consumo de pilas de todo tipo, sumado a la falta de conciencia en cuanto a su peligrosidad y metodología para su disposición final, conforma una asociación peligrosa para la salud humana. Las pilas como fuente de energía contienen elementos químicos altamente tóxicos -como el plomo- y un poder de contaminación ambiental de nefastas consecuencias”.
En la Argentina una persona consume, en promedio, unas 10 pilas por año y las mismas son depositadas en la basura una vez que se agota su vida útil junto con el resto de residuos domiciliarios, lo que configura un potencial peligro más allá del tipo de disposición final de los residuos sólidos urbanos.
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