Ante el despacho conseguido en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación para una Ley de Fertilización, la diputada porteña María Elena Naddeo recordó que la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad aprobó un dictamen de mayoría por una Ley local, superadora, en el sentido que garantizaría la cobertura amparada en el derecho igualitario de todas las personas a acceder a las técnicas de reproducción asistida.
El dictamen no habla de la infertilidad como patología. Define a la maternidad y la paternidad como un derecho. Y garantiza un tratamiento integral con acompañamiento psicológico en todo el proceso, gastos de medicación, insumos y estudios previos, cobertura del embarazo parto, posparto y cuidados neonatales. "Facilitar el acceso a las personas a la reproducción, más allá de su orientación de género, es parte de las aspiraciones de mayor igualdad entre todos los seres humanos y es reconocer una realidad diversa en que las familias están unidas por los sentimientos, sin ningún tipo de discriminación", dijo Naddeo.
"Los derechos a la salud sexual y reproductiva comprenden ciertos derechos humanos que han sido reconocidos en leyes nacionales, documentos de derechos humanos internacionales y otros documentos de consenso. Son aquellos derechos humanos que toda persona, varón o mujer, sin importar su condición social, edad, etnia, religión, estado civil y orientación sexual, tiene al ejercicio pleno, libre y responsable de su sexualidad, centrada -o no- en la procreación", dice el dictamen, que fue elaborado en base a cuatro proyectos consensuados entre Naddeo, Eduardo Epszteyn (Frente Progresista y Popular), Laura García Tuñón (Proyecto Sur) y María José Lubertino (Encuentro para la Victoria).
Ahora el proyecto debe debatirse en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura.
Según datos de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER) en la Ciudad de Buenos Aires se hacen aproximadamente 10 mil tratamientos de baja complejidad y 6000 procedimientos de fertilizaciones in vitro por año.
El dictamen no habla de la infertilidad como patología. Define a la maternidad y la paternidad como un derecho. Y garantiza un tratamiento integral con acompañamiento psicológico en todo el proceso, gastos de medicación, insumos y estudios previos, cobertura del embarazo parto, posparto y cuidados neonatales. "Facilitar el acceso a las personas a la reproducción, más allá de su orientación de género, es parte de las aspiraciones de mayor igualdad entre todos los seres humanos y es reconocer una realidad diversa en que las familias están unidas por los sentimientos, sin ningún tipo de discriminación", dijo Naddeo.
"Los derechos a la salud sexual y reproductiva comprenden ciertos derechos humanos que han sido reconocidos en leyes nacionales, documentos de derechos humanos internacionales y otros documentos de consenso. Son aquellos derechos humanos que toda persona, varón o mujer, sin importar su condición social, edad, etnia, religión, estado civil y orientación sexual, tiene al ejercicio pleno, libre y responsable de su sexualidad, centrada -o no- en la procreación", dice el dictamen, que fue elaborado en base a cuatro proyectos consensuados entre Naddeo, Eduardo Epszteyn (Frente Progresista y Popular), Laura García Tuñón (Proyecto Sur) y María José Lubertino (Encuentro para la Victoria).
Ahora el proyecto debe debatirse en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura.
Según datos de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER) en la Ciudad de Buenos Aires se hacen aproximadamente 10 mil tratamientos de baja complejidad y 6000 procedimientos de fertilizaciones in vitro por año.
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