El kirchnerismo decidió eliminar primero los subsidios a la energía. No fue casualidad, representan más del 56% de los 63.200 millones previstos para este año y su recorte es el de menor impacto en la inflación, a diferencia de las tarifas del transporte. Radiografía de la racionalización del gasto que decidió Cristina.
Un informe del Banco Ciudad difundido ayer permite entender el astuto análisis político del Gobierno a la hora de diseñar su particular modo de desagregar el recorte de los subsidios en anuncios escalonados en el tiempo.
Los números revelan que se buscó atacar primero los subsidios de energía porque representan más de la mitad del gasto y son los que menos impactan en el Indice de Precios al Consumidor. En sentido contrario se demora el recorte al transporte que tiene un impacto mayor en la inflación.
El trabajo revela que el recorte de los subsidios al gas, agua y electricidad en el segmento residencial “es una medida de bajo impacto en los índices de precios, pero potencialmente rendidora desde una óptica fiscal”.
“Tras una década de tarifas virtualmente congeladas, el peso de la energía y el agua en la canasta de consumo de las familias se vio drásticamente reducido. Hoy ambos servicios cuentan una ponderación cercana al 3% en los índices de precios de la Capital Federal y el GBA, tras llegar a representar una vez y media ese valor a fines de la década del 90. En este contexto, aún si la eliminación de los subsidios abarcara un porcentaje elevado de la población, los incrementos en las boletas residenciales (que en promedio podrían más que duplicarse) tendrían un impacto directo en los índices de precios de entre 3 y 5 puntos porcentuales”, agrega el trabajo.
Y señala que “la clave para acotar el impacto inflacionario de un recorte de subsidios pasaría por moderar las subas en el rubro transporte, cuyo peso en el consumo de los hogares (y, por ende, en los índices de precios) resulta hoy mucho más elevado que el de la energía”.
El trabajo agrega que según los cálculos elaborados por el equipo de economistas del Banco Ciudad “en el hipotético caso de una eliminación total de los subsidios, sólo una cuarta parte del impacto final sobre el IPC correspondería a los ajustes en electricidad, gas y agua, mientras que el resto respondería a los ajustes requeridos en las tarifas de transporte (especialmente en colectivos urbanos)”.
Las razones del recorte
El trabajo también revela porqué Planificación empezó el ajuste por el lado de la energía. “A pesar de su bajo impacto en los índices de precios, la energía se anota la mitad de los fondos destinados a subsidios. De los $63.200 millones presupuestados a tal fin en 2011 (los cuales podrían trepar hasta $70.000 millones), 56% corresponde a energía, 26% a transporte, 11% a empresas públicas y 7% a otros sectores”.
“En este sentido, la estrategia de comenzar recortando los subsidios energéticos tendría un bajo costo en términos inflacionarios, pero potencialmente relevante para las arcas del Estado”, subraya.
Pero sin embargo, el análisis advierte que el ajuste no alcanza por si mismo para mejorar la prestación de los servicios públicos. “La clave pasa por una revisión integral de las tarifas. Este sería un elemento fundamental para gatillar inversiones y ampliar genuinamente la oferta, a la vez que permitiría atacar la raíz del drama energético: los bajos precios percibidos por las firmas proveedoras de petróleo y gas natural, fenómeno que viene contrayendo la oferta local y que derivó en la pérdida del autoabastecimiento que históricamente caracterizó a nuestro país”, concluye. (La Política OnLine).
Un informe del Banco Ciudad difundido ayer permite entender el astuto análisis político del Gobierno a la hora de diseñar su particular modo de desagregar el recorte de los subsidios en anuncios escalonados en el tiempo.
Los números revelan que se buscó atacar primero los subsidios de energía porque representan más de la mitad del gasto y son los que menos impactan en el Indice de Precios al Consumidor. En sentido contrario se demora el recorte al transporte que tiene un impacto mayor en la inflación.
El trabajo revela que el recorte de los subsidios al gas, agua y electricidad en el segmento residencial “es una medida de bajo impacto en los índices de precios, pero potencialmente rendidora desde una óptica fiscal”.
“Tras una década de tarifas virtualmente congeladas, el peso de la energía y el agua en la canasta de consumo de las familias se vio drásticamente reducido. Hoy ambos servicios cuentan una ponderación cercana al 3% en los índices de precios de la Capital Federal y el GBA, tras llegar a representar una vez y media ese valor a fines de la década del 90. En este contexto, aún si la eliminación de los subsidios abarcara un porcentaje elevado de la población, los incrementos en las boletas residenciales (que en promedio podrían más que duplicarse) tendrían un impacto directo en los índices de precios de entre 3 y 5 puntos porcentuales”, agrega el trabajo.
Y señala que “la clave para acotar el impacto inflacionario de un recorte de subsidios pasaría por moderar las subas en el rubro transporte, cuyo peso en el consumo de los hogares (y, por ende, en los índices de precios) resulta hoy mucho más elevado que el de la energía”.
El trabajo agrega que según los cálculos elaborados por el equipo de economistas del Banco Ciudad “en el hipotético caso de una eliminación total de los subsidios, sólo una cuarta parte del impacto final sobre el IPC correspondería a los ajustes en electricidad, gas y agua, mientras que el resto respondería a los ajustes requeridos en las tarifas de transporte (especialmente en colectivos urbanos)”.
Las razones del recorte
El trabajo también revela porqué Planificación empezó el ajuste por el lado de la energía. “A pesar de su bajo impacto en los índices de precios, la energía se anota la mitad de los fondos destinados a subsidios. De los $63.200 millones presupuestados a tal fin en 2011 (los cuales podrían trepar hasta $70.000 millones), 56% corresponde a energía, 26% a transporte, 11% a empresas públicas y 7% a otros sectores”.
“En este sentido, la estrategia de comenzar recortando los subsidios energéticos tendría un bajo costo en términos inflacionarios, pero potencialmente relevante para las arcas del Estado”, subraya.
Pero sin embargo, el análisis advierte que el ajuste no alcanza por si mismo para mejorar la prestación de los servicios públicos. “La clave pasa por una revisión integral de las tarifas. Este sería un elemento fundamental para gatillar inversiones y ampliar genuinamente la oferta, a la vez que permitiría atacar la raíz del drama energético: los bajos precios percibidos por las firmas proveedoras de petróleo y gas natural, fenómeno que viene contrayendo la oferta local y que derivó en la pérdida del autoabastecimiento que históricamente caracterizó a nuestro país”, concluye. (La Política OnLine).
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