El jefe de la bancada de diputados de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra, junto con la diputada porteña Silvana Giudici y el presidente del Comité del radicalismo porteño, Carlos Mas Vélez, firmaron un documento en donde expresan que “la discusión en torno al desalojo de las viviendas de Flores para mudar prioritariamente allí a familias en serio riesgo ambiental de la cuenca del Riachuelo muestra un nueva desinteligencia en la coordinación federal de la seguridad y cierta confusión de valores”.
“Ya en campaña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se apresuró a resaltar que el asunto correspondía a la Ciudad, desligando al gobierno federal. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré aceptó que concurría una competencia primaria de la ciudad junto a un indelegable deber de cooperación de la Nación y, simplemente, alegó que éste estaba satisfecho”, expresa el documento.
“La posición de Garré presenta, no obstante, zonas oscuras, pues inaugura un insólito regateo ante la orden de un juez federal. El Ministerio de Seguridad sólo obedeció a medias al juez, pidió la reconsideración de algunos puntos,y hasta puso en duda la pertinencia del desalojo, sobre la base de su propia y peculiar interpretación de los hechos, como una parte más del caso. Incluso, alegó que el desalojo de un grupo de ‘familias indefensas y necesitadas de vivienda’ para permitir el asentamiento de otras, no era una solución razonable, ni sustentable”, agrega la declaración radical.
Añade: “Los jueces no están exentos de errores, ni son inmunes a la necesaria crítica, pero está totalmente fuera de lugar que la policía, llamada a auxiliar a la Justicia, retacee su intervención. Insinuar, además, que el juez está equivocado, cuando sólo corresponde obedecer, ya es un tosco exabrupto. Actúa un juez federal y existe un caso Riachuelo, porque ninguna Administración asegura a los ribereños una vida sin podredumbre. Y en ese contexto, el intento policial por hacernos creer que el problema de la vivienda social se soluciona no obedeciendo al juez es sencillamente penoso”.
“Nada impide, y mucho menos la orden del juez frente a un riesgo sanitario urgente, que la Nación dialogue con la Ciudad para garantizar viviendas dignas a todos, además de fútbol y milanesas. Y queremos creer también que no será el Ministerio de Seguridad o la policía quienes decidan en qué consistirá ese plan habitacional razonable y sustentable. Mientras tal plan no exista y el Riachuelo siga podrido, al menos obedezcamos las órdenes judiciales”, concluyó la declaración.
“Ya en campaña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se apresuró a resaltar que el asunto correspondía a la Ciudad, desligando al gobierno federal. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré aceptó que concurría una competencia primaria de la ciudad junto a un indelegable deber de cooperación de la Nación y, simplemente, alegó que éste estaba satisfecho”, expresa el documento.
“La posición de Garré presenta, no obstante, zonas oscuras, pues inaugura un insólito regateo ante la orden de un juez federal. El Ministerio de Seguridad sólo obedeció a medias al juez, pidió la reconsideración de algunos puntos,y hasta puso en duda la pertinencia del desalojo, sobre la base de su propia y peculiar interpretación de los hechos, como una parte más del caso. Incluso, alegó que el desalojo de un grupo de ‘familias indefensas y necesitadas de vivienda’ para permitir el asentamiento de otras, no era una solución razonable, ni sustentable”, agrega la declaración radical.
Añade: “Los jueces no están exentos de errores, ni son inmunes a la necesaria crítica, pero está totalmente fuera de lugar que la policía, llamada a auxiliar a la Justicia, retacee su intervención. Insinuar, además, que el juez está equivocado, cuando sólo corresponde obedecer, ya es un tosco exabrupto. Actúa un juez federal y existe un caso Riachuelo, porque ninguna Administración asegura a los ribereños una vida sin podredumbre. Y en ese contexto, el intento policial por hacernos creer que el problema de la vivienda social se soluciona no obedeciendo al juez es sencillamente penoso”.
“Nada impide, y mucho menos la orden del juez frente a un riesgo sanitario urgente, que la Nación dialogue con la Ciudad para garantizar viviendas dignas a todos, además de fútbol y milanesas. Y queremos creer también que no será el Ministerio de Seguridad o la policía quienes decidan en qué consistirá ese plan habitacional razonable y sustentable. Mientras tal plan no exista y el Riachuelo siga podrido, al menos obedezcamos las órdenes judiciales”, concluyó la declaración.
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