El intendente Fernando Gray se enfrentó al líder de la CGT a pocas semanas de asumir su cargo porque Covelia exigía un aumento del 20% para el negocio de la recolección de residuos. Frente a la negativa, los camioneros pararon por 12 días, sitiaron la municipalidad y hasta quemaron basura en la plaza de Montegrande.
Cuando Fernando Gray asumió el cargo de intendente de Esteban Echeverría descubrió que su antecesor, Alberto Groppi, había firmado un decreto que aumentaba en un 20% el dinero destinado al negocio de recolección de residuos, en manos la empresa Covelia.
Pero ese no era el único problema: Groppi también había dejado una deuda de 7,5 millones de pesos con esa compañía y un presupuesto con los números en rojo. Los empleados municipales llevaban dos meses sin cobrar sus sueldos y el personal del policlínica Santa MAría estaba en paro.
Frente a esa situación, la gestión de Gray consideró que era inadmisible aumentar el contrato de Covelia, anuló el decreto y desató una profunda batalla con Hugo Moyano, quien defendió ferozmente los intereses de la empresa recolectora de basura.
El líder de la CGT presionó con ferocidad: los recolectores realizaron una huelga de 12 días que dejó distrito cubierto de basura, mientras que los camioneros sitiaron la municipalidad y quemaron residuos en la plaza de Montegrande.
Alarmado por la situación, el gobierno de Scioli intervino y comenzó a reunirse con las partes. Desde el gobierno bonaerense se le ofreció ayuda económica al municipio para que pueda enfrentar la deuda con Covelia.
Pero la cancelación del contrato con el abultado aumento que había firmado Groppi había enfurecido a Moyano, quien amenazó incluso con marchar a la Plaza de Mayo si no se solucionaba el conflicto.
También intervino el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien también ofreció un auxilio para las finanzas de Esteba Echeverría, lo que finalmente permitió llegar a una frágil tregua.
La intendencia, entonces, llamó a una licitación internacional para negociar un nuevo contrato y solicitó el asesoramiento de Poder Ciudadano. El único oferente fue la empresa atribuída a Moyano, quien se quedó nuevamente con el negocio.
Pero una clausula que propuso Poder Ciudadano puso paños fríos a la relación entre el municipio y el sindicalista: el nuevo contrato ponía un límite al dinero que el presupuesto puede destinar a la recolección de residuos. (La Política OnLine).
Cuando Fernando Gray asumió el cargo de intendente de Esteban Echeverría descubrió que su antecesor, Alberto Groppi, había firmado un decreto que aumentaba en un 20% el dinero destinado al negocio de recolección de residuos, en manos la empresa Covelia.
Pero ese no era el único problema: Groppi también había dejado una deuda de 7,5 millones de pesos con esa compañía y un presupuesto con los números en rojo. Los empleados municipales llevaban dos meses sin cobrar sus sueldos y el personal del policlínica Santa MAría estaba en paro.
Frente a esa situación, la gestión de Gray consideró que era inadmisible aumentar el contrato de Covelia, anuló el decreto y desató una profunda batalla con Hugo Moyano, quien defendió ferozmente los intereses de la empresa recolectora de basura.
El líder de la CGT presionó con ferocidad: los recolectores realizaron una huelga de 12 días que dejó distrito cubierto de basura, mientras que los camioneros sitiaron la municipalidad y quemaron residuos en la plaza de Montegrande.
Alarmado por la situación, el gobierno de Scioli intervino y comenzó a reunirse con las partes. Desde el gobierno bonaerense se le ofreció ayuda económica al municipio para que pueda enfrentar la deuda con Covelia.
Pero la cancelación del contrato con el abultado aumento que había firmado Groppi había enfurecido a Moyano, quien amenazó incluso con marchar a la Plaza de Mayo si no se solucionaba el conflicto.
También intervino el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien también ofreció un auxilio para las finanzas de Esteba Echeverría, lo que finalmente permitió llegar a una frágil tregua.
La intendencia, entonces, llamó a una licitación internacional para negociar un nuevo contrato y solicitó el asesoramiento de Poder Ciudadano. El único oferente fue la empresa atribuída a Moyano, quien se quedó nuevamente con el negocio.
Pero una clausula que propuso Poder Ciudadano puso paños fríos a la relación entre el municipio y el sindicalista: el nuevo contrato ponía un límite al dinero que el presupuesto puede destinar a la recolección de residuos. (La Política OnLine).
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