MALVINAS ARGENTINAS, Marzo 27, (PUNTO CERO) El Fiscal Luis Armella, a cargo de la UFI N° 2 de Quilmes, pidió la elevación a juicio en la causa seguida a los denunciantes del Intendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino. También denunció ante la Procuración General Bonaerense al fiscal Edgardo Ledesma, titular de la UFI Nº 9 de San Martín que habría acusado a Cariglino usando pruebas falsas aportadas por los denunciantes.
El requerimiento de elevación a juicio fue dictada por el fiscal Armella en las últimas horas y alcanza a Carlos Pascual Rombolá y Carlos Alberto La Torre al comprobarse que eran falsas las pruebas que ellos y el fiscal de la UFI N° 9 de San Martín, Edgardo Ledesma habían usado contra Carigliino.
La causa de Quilmes fue iniciada por encargo de la Procuración General Bonaerense luego de la detención que en Noviembre del 2003 sufriera Cariglino a raíz de la denuncia que en su contra realizaron los empresarios Rombolá y La Torre. Estos habían acusado al jefe comunal y al secretario de gobierno por un supuesto incumplimiento en el pago de una obra de pavimentación. Para el municipio está probado que ésa deuda nunca existió.
Cariglino denunció entonces ante la Procuración –organo rector de las fiscalías bonaerenses- que había complicidad manifiesta entre sus denunciantes y el Ministerio Público de San Martín, destacando en sus denuncias múltiples irregularidades en el desarrollo del proceso, como así también animosidad en su detención, de la que participaron -ostentosamente- casi todos los fiscales de San Martín y más de 150 efectivos policiales, entre otras cosas.
De las pericias realizadas por el fiscal Armella de Quilmes surgió en forma categórica e irrefutable la adulteración de una computadora ofrecida como prueba por los denunciantes Rombolá y La Torre y utilizada por el fiscal Ledesma como base de su acusación.
Es llamativa la audacia puesto de manifiesto por los denunciantes al decidir adulterar la computadora antes de ser secuestrada por los fiscales de San Martín, pero lo realmente sorprendente es que a posterioridad a ese hecho, es decir mientras estuvo bajo la custodia de la fiscalía de San Martín, también fue objeto de adulteración. Para ejecutar esta maniobra los denunciantes contaron con la complicidad de dos policías bonaerenses, encargados de custodiar la CPU.
Fuentes municipales consultadas aseguran que la contundencia de los fundamentos esgrimidos por el fiscal Armella contra Rombolá y La Torre y la incidencia que inevitablemente tendrá en el proceso que se sigue contra el intendente Cariglino, permitirán hechar luz a esta vieja y mediatizada controversia.
Es obvio suponer –dicen las mismas fuentes- que al carecer de valor la base probatoria que incriminaba al intendente, la acusación contra su persona perderá todo sustento. Esto –aseguran- es lo mismo que decir que la causa de San Martín, próxima a ser elevada a juicio, ya no tendrá razón de ser. (PUNTO CERO).
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