PILAR, Abril 09, (PUNTO CERO) El concejal opositor Daniel Ranieri volvió a ratificar en Radio 10 que el intendente Humberto Zúccaro habilitó por decreto la construcción de una obra que no respeta el código de zonificación y que se ampara en una ordenanza inconstitucional. Graves rumores.
Según los concejales de la oposición y cientos de vecinos el mega emprendimiento en el que inversores pretenden construir un edificio de 5 pisos con 22 mil metros cuadrados en total para 150 oficinas y 800 cocheras, "no respeta los derechos de terceros" y fue habilitado de manera irregular.
De acuerdo a las investigaciones iniciadas transgredería los códigos de zonificación locales y se ampararía en una ordenanza considerada anticonstitucional, según volvió a ratificar hoy el concejal de Unión PRO Diego Raniero. Ayer lo había hecho Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica.
La construcción, que comenzó a mediados del año pasado, fue alertada en primer lugar por los vecinos de la zona que vieron movimientos de camiones que trabajaban en el lugar. A raíz de las primeras denuncias, concejales de la oposición y oficialistas comenzaron a investigar la habilitación de tal obra.
Y encontraron que se violó el código de zonificación porque se trata de una zona residencial II, habilitada para viviendas unifamiliares y comercios minoristas de una sola planta. Además, se habló de otra ordenanza que habilita torres como el complejo Village, pero Ranieri aclaró que es sólo para frentistas de la colectora.
”No es para un terreno que se encuentra a 300 metros de la Panamericana, en medio de un espacio verde, que generaría además mayor caos de tránsito del ya existente", se quejó el concejal del PRO.
Según las investigaciones que dieron curso los concejales del distrito, en Obras Públicas tampoco había en principio ningún expediente que avalara la construcción, pero más tarde apareció por sorpresa.
Además, dicen que la intendencia se amparó para dar inicio a la construcción en la ordenanza 290-03 que delega en el Ejecutivo las facultades en materia de ordenamiento urbano que le son propias al Concejo Deliberante.
El tema es que tanto para los concejales oficialistas como para los opositores "es absolutamente inconstitucional" porque el estatuto provincial y la ley orgánica de municipalidades establecen las facultades del Concejo y el Ejecutivo, y por lo tanto "mal puede el Concejo delegar una función que le fue dada por otro". Al considerarla inválida, piden también que se revise todo lo hecho desde 2003 en adelante.
"Nosotros pedimos la derogación de esta ordenanza, porque consideramos que en este caso es imposible que sea aplicada", dijo la concejal que también indicó que la construcción genera "impacto vial". "Es caótico, a los vecinos que compraron verde les están poniendo pisos adelante", consideró.
También dijo que ya presentó las correspondientes denuncias ante el ente del agua, en Hidráulica y en la Secretaría de Medio Ambiente, para que ratificaran las irregularidades que a su entender se cometieron. Y se hizo el pedido de renuncia de la secretaria de Obras Públicas del distrito, Laura Annechini, por considerarla responsable de lo ocurrido. La situación parece agudizarse cada día, porque a pesar de los pedidos de investigación aún nada se resolvió por lo que también algunos dirigentes dejaron correr el rumor de que hubo incluso un pago de coima de parte de la intendencia para lograr la habilitación del espacio que ya promete dejar a los vecinos de Pilar sin el verde con el que soñaron. (PUNTO CERO).
Según los concejales de la oposición y cientos de vecinos el mega emprendimiento en el que inversores pretenden construir un edificio de 5 pisos con 22 mil metros cuadrados en total para 150 oficinas y 800 cocheras, "no respeta los derechos de terceros" y fue habilitado de manera irregular.
De acuerdo a las investigaciones iniciadas transgredería los códigos de zonificación locales y se ampararía en una ordenanza considerada anticonstitucional, según volvió a ratificar hoy el concejal de Unión PRO Diego Raniero. Ayer lo había hecho Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica.
La construcción, que comenzó a mediados del año pasado, fue alertada en primer lugar por los vecinos de la zona que vieron movimientos de camiones que trabajaban en el lugar. A raíz de las primeras denuncias, concejales de la oposición y oficialistas comenzaron a investigar la habilitación de tal obra.
Y encontraron que se violó el código de zonificación porque se trata de una zona residencial II, habilitada para viviendas unifamiliares y comercios minoristas de una sola planta. Además, se habló de otra ordenanza que habilita torres como el complejo Village, pero Ranieri aclaró que es sólo para frentistas de la colectora.
”No es para un terreno que se encuentra a 300 metros de la Panamericana, en medio de un espacio verde, que generaría además mayor caos de tránsito del ya existente", se quejó el concejal del PRO.
Según las investigaciones que dieron curso los concejales del distrito, en Obras Públicas tampoco había en principio ningún expediente que avalara la construcción, pero más tarde apareció por sorpresa.
Además, dicen que la intendencia se amparó para dar inicio a la construcción en la ordenanza 290-03 que delega en el Ejecutivo las facultades en materia de ordenamiento urbano que le son propias al Concejo Deliberante.
El tema es que tanto para los concejales oficialistas como para los opositores "es absolutamente inconstitucional" porque el estatuto provincial y la ley orgánica de municipalidades establecen las facultades del Concejo y el Ejecutivo, y por lo tanto "mal puede el Concejo delegar una función que le fue dada por otro". Al considerarla inválida, piden también que se revise todo lo hecho desde 2003 en adelante.
"Nosotros pedimos la derogación de esta ordenanza, porque consideramos que en este caso es imposible que sea aplicada", dijo la concejal que también indicó que la construcción genera "impacto vial". "Es caótico, a los vecinos que compraron verde les están poniendo pisos adelante", consideró.
También dijo que ya presentó las correspondientes denuncias ante el ente del agua, en Hidráulica y en la Secretaría de Medio Ambiente, para que ratificaran las irregularidades que a su entender se cometieron. Y se hizo el pedido de renuncia de la secretaria de Obras Públicas del distrito, Laura Annechini, por considerarla responsable de lo ocurrido. La situación parece agudizarse cada día, porque a pesar de los pedidos de investigación aún nada se resolvió por lo que también algunos dirigentes dejaron correr el rumor de que hubo incluso un pago de coima de parte de la intendencia para lograr la habilitación del espacio que ya promete dejar a los vecinos de Pilar sin el verde con el que soñaron. (PUNTO CERO).
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