BUENOS AIRES, Setiembre 30, (PUNTO CERO-Asteriscos Tv). La ley 257 que fue promulgada en 1999 pero entró en vigencia en el 2000 "De mantenimiento de Frentes", señalaba que los propietarios y consorcios quedaban obligados a conservar las fachadas para no afectar la seguridad pública.
La ley también decía que "se deben contratar a un profesional matriculado —arquitecto o ingeniero— que verifique la construcción y la controle periódicamente según la antigüedad del frente: en los edificios de 10 a 21 años, un control cada 10 años; en los de 22 a 34 años, cada 8; en los de 35 a 50 años, cada 6; en los de 51 a 71 años, cada 4 y en los de 72 años en adelante, cada 2". En síntesis, los edificios que deben ser controlados más frecuentemente son aquellos con más de 50 años de antigüedad Por los efectos de la crisis del 2001 sólo el 27% presentó la verificación hasta agosto del 2002, fecha en que venció su aplicación.
Vuelve a tomar fuerza en julio de 2003 para 22.000 edificaciones porteñas en zonas con mayor riesgos de derumbes o desprendimientos como San Telmo, Constitución, Barracas, La Boca, Monserrat, San Cristóbal, Villa Lugano y Villa Soldati. Los encargados de confeccionar el cuadro de situación, profesionales debían estar inscriptos a tal efecto en los Consejos Profesionales de Arquitectura y Urbanismo, de Ingeniería Civil, de Ingeniería Industrial y la Asociación de Ingenieros Estructurales.
En ese momento –julio del 2003 se harían simultáneamente sobre 21.917 frentes de los ocho barrios, que equivale al 60% del total de lotes de esa zona. Barracas, con 4.812; Lugano (4.527) y San Cristóbal (2.875), son los que más frentes tienen para ser revisados.
También se señalaba que cada "verificador" se encargará de 70 fachadas (aproximadamente dos manzanas), cobrará 25 pesos por cada una y su labor será estrictamente de observación: llenar en una planilla si se detectan deformaciones, humedad, óxidos, vegetales en las grietas, cargas atípicas (muchas macetas, por ejemplo) o fisuras.
En la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro aclaraban que no todas las casas o edificios a relevar eran considerados bajo estado riesgoso. "Lo que se controla son las construcciones con más de 50 años que tengan como mínimo un balcón, más de 100 metros cuadrados y sean propiedad horizontal, independientemente del estado", sostenía el funcionario de turno.
Si el propietario o el consorcio no arreglan el problema, mandamos una guardia de auxilio que apuntalará o tirará abajo el elemento peligroso, detallaba el responsable en ese entonces del cumplimiento de la ley 257 del gobierno porteño.Luego, "el gasto ocasionado se le cobrará al dueño de la propiedad mediante el ABL".
La historia vuelve y vuelve a repetirse, a mediados del 2006, el Gobierno porteño envió 61.543 intimaciones para que los propietarios y consorcios cumplan con la Ley 257 en un plazo de 90 días y continuó haciéndolo por algunos meses. Actualmente el gobierno de Macri volvió a enviar masivamente intimaciones pero no sólo a los propietarios y administradores de consorcios de edificios en riesgo, antiguos, sino a las construcciones recientes. Por otra parte, les exige un informe de inspección que debe estar firmado por un arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras, que también debe detallar si hay que hacer alguna intervención y en qué debiera consistir. Una vez concretados los arreglos, el profesional debe extender un certificado acreditando el buen estado de la construcción. El informe se debe repetir periódicamente, según indica el gobierno de la ciudad.
El costo mínimo del informe de inspección es de $ 500 y otro tanto por la presentación del mismo ante el gobierno de la ciudad, depende del barrio, zona, edificio, pero en realidad, termina costando en promedio $ 2.000Ni hablar de que los más perjudicados son los propietarios de viviendas familiares o de inmuebles subdivididos en propiedad horizontal de pocas unidades. Nuevamente, en este caso se producen confusiones, básicamente porque la norma y sus alcances no están bien comunicados a los porteños, tampoco les queda claro a los propios legisladores de la ciudad que fueron consultados, su aplicación….
Lo cierto es que en la ciudad de Buenos Aires, no se delimita cuál es el espacio público y cuál el espacio privado claramente porque de este modo, se evita asumir responsabilidades. Un tema de muy vieja data pero que se agudiza con los años. Todas las ciudades del mundo tienen un gran número de inspectores que dependen del municipio a los efectos de controlar el estado de las edificaciones, no sólo, las de usos públicos, sino todas, porque hacen a la seguridad de sus habitantes y resuelven los problemas constructivos.
En esa línea Paris y Barcelona son dos modelos a seguir, tienen una gran tradición al respecto.
Finalmente, si se recibe una intimación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que señale el cumplimiento de la ley 257 hay que verificar si corresponde o no ponerla en marcha, antes que nada. No es una tarea fácil, requiere de una paciencia extrema y muchas consultas, no sólo para pedir presupuestos. Lo cierto que nadie la tiene clara, salvo que la antigüedad sea de más de cincuenta años. Las construcciones de menos de cinco años de antigüedad mantienen vigente la garantía de la empresa constructora, al menos deberían tenerla.
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