(La Politica OnLIne). Es la primer norma de este tipo que se sanciona en el país y fue sancionada con el consenso del macrismo y la oposición. Obliga al Poder Ejecutivo al envío de informes de gestión anuales a la Legislatura, así como fija prohibiciones y limitaciones de la publicidad oficial durante los procesos electorales. Además, crea dos Registros, el de Medios de Comunicación y el de Agencias de Publicidad.
En la maratónica sesión de la Legislatura porteña, se aprobó finalmente la Ley de Publicidad Oficial de la Ciudad, la primera de este tipo que se sanciona en el país.
La norma fue producto de un consenso general entre las distintas fuerzas políticas de la Ciudad, representadas tanto en el recinto legislativo como en la Comisión de Comunicación Social.
A contramano de lo que sucede a nivel nacional, en donde el Poder Ejecutivo distribuye cientos de millones de pesos de pauta discrecionalmente -castigando a los medios críticos y beneficiando a los oicialistas-, la norma sancionada ayer en la Ciudad, acentúa el control del reparto de la publicidad.
El objeto de esta ley es la transparencia en la gestión de los fondos públicos en materia de planificación y asignación de publicidad de los actos de Gobierno, y estuvo basada en iniciativas de diputados de la oposición como Facundo Di Filippo, Juan Cavandié, Sebastián Gramajo y Gabriela Cerrutti, entre otros.
La norma apunta a regular la distribución de publicidad que en 2008 alcanzó los $ 96.169.132. El proyecto votado salió por consenso de la oposición y el macrismo de la comisión de Comunicación Social que preside Gramajo.
En sus considerandos la norma declara que su objetivo es "regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial, así como establecer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a tales fines".
Y fija los principios rectores que debe observar toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial: "el interés general y utilidad pública", "la transparencia en el proceso de contratación", "la equidad en la distribución y pluralidad de medios", "la razonabilidad de la inversión", "la claridad del mensaje y la eficacia y eficiencia".
Además obliga al Poder Ejecutivo al envío de informes de gestión anuales a la Legislatura, así como prohibiciones y limitaciones de la publicidad oficial durante procesos electorales, además de la creación de dos Registros, el de Medios de Comunicación y el de Agencias de Publicidad.
En la maratónica sesión de la Legislatura porteña, se aprobó finalmente la Ley de Publicidad Oficial de la Ciudad, la primera de este tipo que se sanciona en el país.
La norma fue producto de un consenso general entre las distintas fuerzas políticas de la Ciudad, representadas tanto en el recinto legislativo como en la Comisión de Comunicación Social.
A contramano de lo que sucede a nivel nacional, en donde el Poder Ejecutivo distribuye cientos de millones de pesos de pauta discrecionalmente -castigando a los medios críticos y beneficiando a los oicialistas-, la norma sancionada ayer en la Ciudad, acentúa el control del reparto de la publicidad.
El objeto de esta ley es la transparencia en la gestión de los fondos públicos en materia de planificación y asignación de publicidad de los actos de Gobierno, y estuvo basada en iniciativas de diputados de la oposición como Facundo Di Filippo, Juan Cavandié, Sebastián Gramajo y Gabriela Cerrutti, entre otros.
La norma apunta a regular la distribución de publicidad que en 2008 alcanzó los $ 96.169.132. El proyecto votado salió por consenso de la oposición y el macrismo de la comisión de Comunicación Social que preside Gramajo.
En sus considerandos la norma declara que su objetivo es "regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial, así como establecer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a tales fines".
Y fija los principios rectores que debe observar toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial: "el interés general y utilidad pública", "la transparencia en el proceso de contratación", "la equidad en la distribución y pluralidad de medios", "la razonabilidad de la inversión", "la claridad del mensaje y la eficacia y eficiencia".
Además obliga al Poder Ejecutivo al envío de informes de gestión anuales a la Legislatura, así como prohibiciones y limitaciones de la publicidad oficial durante procesos electorales, además de la creación de dos Registros, el de Medios de Comunicación y el de Agencias de Publicidad.
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