(Nuevo Cronista). Mediante una carta documento exigen la urgente derogación de la ordenanza que prohíbe la fundición de plomo • Denápole informó que se reunirán con el intendente y los abogados del municipio para analizar los pasos a seguir.
Ediles de todas las bancadas fueron intimados el pasado jueves por Guillermo Malm Green y Sebastián Alvarez quienes se arrogan la representación de la Sociedad de Hecho Mer Plac.
En una extensa carta documento, los mencionados exigen la urgente derogación de la ordenanza que prohíbe la fundición de plomo o –caso contrario- aseguran que se verán “en la necesidad de judicializar la cuestión a los efectos de obtener la determinación de responsabilidades civiles, penales, económicas, administrativas y políticas de la Municipalidad y los funcionarios y/o representantes actuantes que corresponda, así como la reparación de los daños y perjuicios ocasionados”, cierra.
► Justificativos
Los firmantes de la nota afirman que en el año 2009 iniciaron el expediente 3813 solicitando la “inmediata derogación” de la ordenanza 5957 del año 2004. Según ellos la norma citada es “nula de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional” por varios motivos.
Entre estos afirman que la ordenanza en cuestión se emitió excediendo las facultades con que cuenta conforme lo prescripto por la Constitución provincial en los artículos 191 y 192, “la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 11.459 de la Provincia de Buenos Aires”, justifican sin puntualizar artículo alguno en estas normas provinciales.
Luego recorren otras normativas provinciales que regulan el ordenamiento territorial, el uso del suelo y leyes que protegen el medio ambiente para sostener la presunta inconstitucionalidad de la norma local en cuestión.
► Extraño
La rareza es que la carta habla del proyecto de modificación que debe tramitar por el HCD pero –en realidad- exige la derogación de la norma, algo que no está plasmado en ningún proyecto. Tampoco se entiende que hayan sido destinatarios todos los ediles cuando algunos estaban –en principio- a favor de la postura presentada por la empresa y nunca pudieron siquiera votar respecto a este controvertido tema.
► Antecedentes
Previo a esta lluvia de cartas documentos el concejal de Unión Pro Juan Carlos Benítez sostuvo que la ordenanza en cuestión no está vigente. “Esa ordenanza debería haber ido a los organismos provinciales, recién cuando lo aprueban entra en vigencia. El Departamento Ejecutivo debió haber realizado ese trámite y no lo hizo”, puntualizó el concejal.
Para Benítez lo que se está analizando en el Concejo “no tiene vigencia. La ordenanza que tiene vigencia es la del 2003”, afirmó.
A pesar de esta postura pro Mer Plac, Benítez recibió una de las tantas misivas amenazantes tras tildarla de “mal gusto”, entendió que la mayoría de los ediles que integran el cuerpo actualmente no votaron esa ordenanza razón por la cual “no tienen responsabilidad alguna”.
► Algo mafioso
Por su parte el concejal José Cestari entendió que la CD “es una especie de amenaza para que se derogue esta ordenanza que prohíbe las empresas fundidoras de metales no ferrosos en Mercedes. Además dice que nos atengamos a diferentes cuestiones de responsabilidades civiles, penales, económicas y demás. Lo tomo como una amenaza, algo mafioso. El Cuerpo fue elegido como representante de toda una ciudadanía, no de una empresa particular. Vamos a defender los derechos de la gente”, afirmó.
Se mostró sorprendido porque “están amenazando no solo a los que íbamos a votar en contra, sino también a los que iban a votar a favor del proyecto. Esto no hace más que generar una especie de intimidación y amenaza a todos los concejales. Seguramente en la próxima sesión haremos mención a esto dentro de los fueros que nos competen como concejales”, opinó.
Y luego cerró: “Si ellos quisieron generar miedo en los concejales que iban a votar a favor, ahora van a generar bronca. Me pongo del otro lado, si iba a votar esta modificación y después me amenazan me daría bronca. Yo voy a seguir con mis principios, pero que me amenacen por algo que se votó en el 2004 me llama la atención”.
Ediles de todas las bancadas fueron intimados el pasado jueves por Guillermo Malm Green y Sebastián Alvarez quienes se arrogan la representación de la Sociedad de Hecho Mer Plac.
En una extensa carta documento, los mencionados exigen la urgente derogación de la ordenanza que prohíbe la fundición de plomo o –caso contrario- aseguran que se verán “en la necesidad de judicializar la cuestión a los efectos de obtener la determinación de responsabilidades civiles, penales, económicas, administrativas y políticas de la Municipalidad y los funcionarios y/o representantes actuantes que corresponda, así como la reparación de los daños y perjuicios ocasionados”, cierra.
► Justificativos
Los firmantes de la nota afirman que en el año 2009 iniciaron el expediente 3813 solicitando la “inmediata derogación” de la ordenanza 5957 del año 2004. Según ellos la norma citada es “nula de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional” por varios motivos.
Entre estos afirman que la ordenanza en cuestión se emitió excediendo las facultades con que cuenta conforme lo prescripto por la Constitución provincial en los artículos 191 y 192, “la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 11.459 de la Provincia de Buenos Aires”, justifican sin puntualizar artículo alguno en estas normas provinciales.
Luego recorren otras normativas provinciales que regulan el ordenamiento territorial, el uso del suelo y leyes que protegen el medio ambiente para sostener la presunta inconstitucionalidad de la norma local en cuestión.
► Extraño
La rareza es que la carta habla del proyecto de modificación que debe tramitar por el HCD pero –en realidad- exige la derogación de la norma, algo que no está plasmado en ningún proyecto. Tampoco se entiende que hayan sido destinatarios todos los ediles cuando algunos estaban –en principio- a favor de la postura presentada por la empresa y nunca pudieron siquiera votar respecto a este controvertido tema.
► Antecedentes
Previo a esta lluvia de cartas documentos el concejal de Unión Pro Juan Carlos Benítez sostuvo que la ordenanza en cuestión no está vigente. “Esa ordenanza debería haber ido a los organismos provinciales, recién cuando lo aprueban entra en vigencia. El Departamento Ejecutivo debió haber realizado ese trámite y no lo hizo”, puntualizó el concejal.
Para Benítez lo que se está analizando en el Concejo “no tiene vigencia. La ordenanza que tiene vigencia es la del 2003”, afirmó.
A pesar de esta postura pro Mer Plac, Benítez recibió una de las tantas misivas amenazantes tras tildarla de “mal gusto”, entendió que la mayoría de los ediles que integran el cuerpo actualmente no votaron esa ordenanza razón por la cual “no tienen responsabilidad alguna”.
► Algo mafioso
Por su parte el concejal José Cestari entendió que la CD “es una especie de amenaza para que se derogue esta ordenanza que prohíbe las empresas fundidoras de metales no ferrosos en Mercedes. Además dice que nos atengamos a diferentes cuestiones de responsabilidades civiles, penales, económicas y demás. Lo tomo como una amenaza, algo mafioso. El Cuerpo fue elegido como representante de toda una ciudadanía, no de una empresa particular. Vamos a defender los derechos de la gente”, afirmó.
Se mostró sorprendido porque “están amenazando no solo a los que íbamos a votar en contra, sino también a los que iban a votar a favor del proyecto. Esto no hace más que generar una especie de intimidación y amenaza a todos los concejales. Seguramente en la próxima sesión haremos mención a esto dentro de los fueros que nos competen como concejales”, opinó.
Y luego cerró: “Si ellos quisieron generar miedo en los concejales que iban a votar a favor, ahora van a generar bronca. Me pongo del otro lado, si iba a votar esta modificación y después me amenazan me daría bronca. Yo voy a seguir con mis principios, pero que me amenacen por algo que se votó en el 2004 me llama la atención”.
► Mucha seriedad
En tanto Marcelo Denápole –presidente del bloque oficialista- dijo que al tema “lo vamos a tomar con toda la seriedad que nuestra función nos exige. Somos legisladores del ámbito local y esto no quiere decir que tengamos que ceder a presiones de índole judicial. Vamos a hacer lo que creemos que corresponde porque tenemos la suficiente potestad para votar o derogar ordenanzas. Vamos a tener una reunión este lunes (por hoy) con los abogados del municipio y con el intendente municipal para ver qué pasos vamos a seguir”, informó.
También recordó que no participó de la votación en cuestión aunque afirmó: “No obstante esto vamos a estar estudiando seriamente y libres de presiones lo que tengamos que resolver para un caso tan delicado como es este”.
Denápole entendió que “la empresa está en contra de la ordenanza original como de la modificación. Así que la propuesta que habíamos tenido es rechazada por la empresa. Ante esta nueva posición tenemos que tener un criterio común, asesorados por profesionales y teniendo en cuenta que cuando hay intereses contrapuestos la única forma de manejarse es caminar por el fino camino del techo a dos aguas que marca la ley”, graficó.
A pesar de ello recordó que su posición –al igual que la del Ejecutivo- es “darle la posibilidad a la empresa de que amplíe su capacidad de tratamiento de residuos para una mejora ambiental. Pero la empresa está atacando a la ordenanza base de la cual se desprende esta modificación. Entonces estamos cambiando totalmente el panorama legislativo de tal forma que vamos a reunirnos para ver cuál es la estrategia para un tema.”
En tanto Marcelo Denápole –presidente del bloque oficialista- dijo que al tema “lo vamos a tomar con toda la seriedad que nuestra función nos exige. Somos legisladores del ámbito local y esto no quiere decir que tengamos que ceder a presiones de índole judicial. Vamos a hacer lo que creemos que corresponde porque tenemos la suficiente potestad para votar o derogar ordenanzas. Vamos a tener una reunión este lunes (por hoy) con los abogados del municipio y con el intendente municipal para ver qué pasos vamos a seguir”, informó.
También recordó que no participó de la votación en cuestión aunque afirmó: “No obstante esto vamos a estar estudiando seriamente y libres de presiones lo que tengamos que resolver para un caso tan delicado como es este”.
Denápole entendió que “la empresa está en contra de la ordenanza original como de la modificación. Así que la propuesta que habíamos tenido es rechazada por la empresa. Ante esta nueva posición tenemos que tener un criterio común, asesorados por profesionales y teniendo en cuenta que cuando hay intereses contrapuestos la única forma de manejarse es caminar por el fino camino del techo a dos aguas que marca la ley”, graficó.
A pesar de ello recordó que su posición –al igual que la del Ejecutivo- es “darle la posibilidad a la empresa de que amplíe su capacidad de tratamiento de residuos para una mejora ambiental. Pero la empresa está atacando a la ordenanza base de la cual se desprende esta modificación. Entonces estamos cambiando totalmente el panorama legislativo de tal forma que vamos a reunirnos para ver cuál es la estrategia para un tema.”
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