(La Política OnLine). La demolición de unos 20 puestos en Avenida Rivadavia a la altura del ferrocarril de Liniers desató la interna entre TBA, el macritos y los comerciantes desalojados. Según pudo saber LPO, los puesteros estaban organizados en una cooperativa liderada por el hombre de Boca, Omar Buchacra, quien había firmado un contrato de concesión de los terrenos con TBA. Por no conseguir las habilitaciones necesarias, TBA le inició juicio y ahora evalúa demandar a la Ciudad por extralimitarse en su accionar.
Los puestos eran ilegales, pero quienes los ocupaban pagaban un alquiler, hasta que esta madrugada Mauricio Macri ordenó demolerlos. Eran unos 20 y habían sido levantados, en parte, sobre la vereda de Avenida Rivadavia al 11.700 y en el predio de Liniers que tiene Transporte Buenos Aires SA (TBA).Los comerciantes nucleados en una cooperativa aducen que estaban allí porque tenían un contrato firmado con Baires Comercial, la firma de TBA que comercia esos espacios. Desde TBA sostienen que efectivamente en el 2007 se firmó un contrato con el representante de esa cooperativa, Omar Buchacra, quien sin embargo no cumplió los compromisos asumidos (conseguir las habilitaciones municipales y de la CNRT) y por lo tanto el año pasado le iniciaron juicio de desalojo.
Buchacra es un importante protagonista de la vida de Boca y entre otros intereses maneja los puestos de choripan en la Bombonera y la cancha de Vélez. Con cierto control, también sobre el área de seguridad del club xeneise, mantiene una estrecha relación con la barra brava del club y fue suspendido en más de una ocasión durante la gestión de Macri en Boca, por presionar a jugadores y Directores Técnicos, entre ellos a Carlos Bianchi. Pese a su mala relación con el jefe de Gobierno, nunca perdió la concesión de los puestos en la cancha.
Lo curioso es que en esta polémica aparece involucrado otro hombre de Boca, el titular de la Agencia de Control, Oscar Ríos, quien pese a su cercanía a Macri también mantiene buenas relaciones con Buchacra y hasta le habría permitido mantener la operación de sus locales en Liniers.
Como sea, al ser desalojados esta madrugada por los 50 efectivos de la Policía Metropolitana que envió el ministro Guillermo Montenegro, los puesteros insistieron en que ellos pagaban un alquiler por tener su local en la feria y mencionaron a Buchacra. Pero en el gobierno porteño rechazaron el argumento: “Es un problema entre ellos y Buchacra, yo lo suspendí varias veces en mi gestión porque alteraba la vida social del club”, lanzó el propio Macri, reconociendo el enfrentamiento.
Lo cierto es que desde que asumió el gobierno, Macri viene recibiendo relamos de los vecinos de la zona para que desaloje esos locales y otros que se extienden sobre la calle Cuzco y que también regentearía Buchacra. El conflicto -que motivó la presentación de un petitorio con más de 12 mil firmas- incluso puso al borde de la renuncia al director del CGP de la zona, Néstor Di Natale, harto de que desde el gobierno porteño no se solucionara el problema.
"Macri se cansó de quedar desautorizado frente a los vecinos de la zona", sintetizó a LPO una fuente del gobierno porteño.
Entre otras demandas, los vecinos denunciaban la inseguridad que provocaba en la zona el movimiento que se generaba en torno a los puesteros. Algunos vecinos hacen referencia al tráfico de armas y de drogas, así como a ciertas conexiones con el norte del país. En ese sentido señalaban la curiosa presencia durante los incidentes con la Policía, de integrantes de la agrupación Tupac Amaru de la jujeña Milagros Salas.
¿Buchacra tenía un contrato vigente?
En 2007 Buchacra, en representación de los puesteros y de la cooperativa que los nuclea, firmó con Baires Comercial un contrato de concesión por cuatro años del predio de Avenida Rivadavia para la explotación de los terrenos a partir de la construcción de una feria. En el acuerdo se precisaba que la concesión sería otorgada, siempre y cuando Buchacra presentara la habilitación municipal correspondiente y el permiso de la Comisión Nacional de Transporte (CNRT). Por ser terrenos del ferrocarril, su administración corresponde al Gobierno nacional y por tanto a la CNRT.
Pero en TBA sostienen que "Buchacra no consiguió ninguno de los permisos y construyó igual la feria" y agregan que en consecuencia "le iniciamos el año pasado unjuicio de desalojo". La demanda presentado en mayo del 2009, quedó radicada en el juzgado en lo Civil Número 66, a cargo de Juan Carlos Benicasa.
Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Transporte deslizaron que el contrato estaba plenamente vigente y que nunca se concretó la denuncia de desalojo, versión evidentemente equivocada. Sin embargo, la contradicción no es casual, los dueños de TBA, los hermanos Cirigliano, tienen una mala relación con el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
En este contexto es que el gobierno de Macri ordenó el desalojo. Si bien la empresa de ferrocarril exigía la recuperación del terreno, ahora evalúa demandar a la Ciudad por extralimitarse en sus funciones, en tanto entienden que la Ciudad debería haber decomisado la mercadería y corrido a los puesteros, pero nunca destruido los puestos levantados en jurisdicción nacional, para lo que debió contra con la autorización de un juez federal.
Mientras define si iniciará acciones legales contra la administración Macri, el directorio de TBA ya ordenó colocar un alambre perimetral en el predio dónde estaban los puestos.
En 2007 Buchacra, en representación de los puesteros y de la cooperativa que los nuclea, firmó con Baires Comercial un contrato de concesión por cuatro años del predio de Avenida Rivadavia para la explotación de los terrenos a partir de la construcción de una feria. En el acuerdo se precisaba que la concesión sería otorgada, siempre y cuando Buchacra presentara la habilitación municipal correspondiente y el permiso de la Comisión Nacional de Transporte (CNRT). Por ser terrenos del ferrocarril, su administración corresponde al Gobierno nacional y por tanto a la CNRT.
Pero en TBA sostienen que "Buchacra no consiguió ninguno de los permisos y construyó igual la feria" y agregan que en consecuencia "le iniciamos el año pasado unjuicio de desalojo". La demanda presentado en mayo del 2009, quedó radicada en el juzgado en lo Civil Número 66, a cargo de Juan Carlos Benicasa.
Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Transporte deslizaron que el contrato estaba plenamente vigente y que nunca se concretó la denuncia de desalojo, versión evidentemente equivocada. Sin embargo, la contradicción no es casual, los dueños de TBA, los hermanos Cirigliano, tienen una mala relación con el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
En este contexto es que el gobierno de Macri ordenó el desalojo. Si bien la empresa de ferrocarril exigía la recuperación del terreno, ahora evalúa demandar a la Ciudad por extralimitarse en sus funciones, en tanto entienden que la Ciudad debería haber decomisado la mercadería y corrido a los puesteros, pero nunca destruido los puestos levantados en jurisdicción nacional, para lo que debió contra con la autorización de un juez federal.
Mientras define si iniciará acciones legales contra la administración Macri, el directorio de TBA ya ordenó colocar un alambre perimetral en el predio dónde estaban los puestos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario