(La Política OnLine). Luego de haberle dado de baja al contrato con Corporación América -del empresario Eduardo Eurnekian- por el corredor Pilar-Pergamino, ya se especula con la rescisión de la autovía que se iba a emplazar sobre la traza de la ruta 5, entre Luján y Carlos Casares, y la del camino de doble mano que iba a unir las localidades cordobesas de Río Cuarto y Alta Gracia, en la ruta 36.
Hace casi cinco años, en agosto de 2005, el Gobierno lanzó dos sistemas para atraer inversiones privadas al alicaído sistema de infraestructura. Se trataba del régimen de "iniciativa privada" y la "asociación pública privada". El mundo vial desempolvó varios y viejos proyectos y se adjudicaron tres proyectos.
A cinco años, el sistema ha sucumbido en el fracaso. Tal como publica La Nación, de las tres obras viales otorgadas, una ya ha sido rescatada por el Gobierno a cambio de una indemnización; y todo indica que las otras dos recorrerán el mismo camino.
Tres fuentes relacionadas con algunas de las empresas que intervienen en las concesiones reconocieron que el Gobierno avanza en una rescisión contractual de las dos que quedaron en pie, después de que se rescindió la concesión del corredor Pilar-Pergamino, luego de haber sido adjudicada a Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian.
Así las cosas, la autovía que se iba a emplazar sobre la traza de la ruta 5, entre Luján y Carlos Casares, no se terminará; lo mismo que el camino de doble mano que iba a unir las localidades cordobesas de Río Cuarto y Alta Gracia, en la ruta 36.
"El Gobierno avanza en la rescisión de las otras dos concesiones adjudicadas por el régimen de iniciativa privada", dijo un influyente empresario de una de las empresas que tienen los proyectos aprobados. "¿El motivo?", se le preguntó. "El sistema establecía un financiamiento privado. Y en la Argentina actual, sin actualizaciones de tarifas, nadie quiere poner un peso en obras viales que se deben repagar con peajes", contestó.
LA NACION intentó comunicarse con los voceros del Ministerio de Planificación Federal. Pero ni por correo electrónico ni por teléfono respondieron las llamadas.
El régimen de iniciativa privada fue sancionado en 2005 cuando Roberto Lavagna era aún ministro de Economía. Mediante esta herramienta, el ex funcionario pretendía colocar un anzuelo a los empresarios de la obra pública, siempre remisos a buscar financiación por su cuenta. La norma establece que quienes presenten proyectos adheridos a este régimen tienen prioridad a la hora de la adjudicación. En el momento de la licitación, el autor del proyecto se queda con la obra siempre y cuando las demás ofertas no excedan el 5% de su precio cotizado. En caso de que el mayor precio esté en el rango del 5 al 20%, el autor tiene la posibilidad de empardar la oferta y quedarse con la obra. Además de la construcción de la ruta, el esquema planteaba, como método de financiamiento, la operación y concesión por 30 años.
Varios proyectos se presentaron y todos se adjudicaron a quienes llevaron la carpeta al Gobierno. Por caso, el corredor que une las ciudades bonaerenses de Luján y Carlos Casares fue adjudicado a la empresa H 5, una sociedad relacionada con Homaq, antes concesionaria de la traza. Ese proyecto contemplaba la construcción de 251 kilómetros de ruta de doble mano, de los que apenas se construyeron 20. La obra establecía la incorporación de una nueva cabina de peaje, ubicada entre las dos existentes en Olivera y en 9 de Julio. "Jamás se pudo instalar la cabina. Además, los aumentos que se dispararon y que estaban calzados con índices como los precios de la construcción nunca se otorgaron. La obra se quedó sin financiamiento", comentó una fuente que conoce muy de cerca el proyecto.
La autovía que se iba a construir en Córdoba también quedó trunca. La obra fue adjudicada a la firma Corredor Cordobés, una empresa también del grupo Eurnekian, que acaba de perder el corredor Pilar-Pergamino. "Son infinanciables. Los bancos, sean locales o extranjeros, se retiraron de los esquemas de financiamiento. Y no hay empresa en la Argentina que tenga espaldas como para bancar semejante proyecto", se resignaron en una empresa de obras públicas.
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, se preguntaba ayer cuál será el destino de estos corredores. "Sobre la necesidad de esas rutas no hay dudas. El tema es quién las va a hacer ahora", dijo.
La polémica se encendió con la caída del contrato que había firmado Corporación América para construir la autovía entre Pilar y Pergamino. La empresa había iniciado los trabajos en la primera parte de la ruta e inmediatamente instaló una cabina de peaje. La polémica fue tan grande que los usuarios que pasaban por ese peaje podían excusarse de pagarlo siempre que dejaran sus datos en la cabina. Ahora el proyecto quedó trunco. No habrá autopista y tampoco peaje. Pero sí se pagará una indemnización a la empresa.
A cinco años, el sistema ha sucumbido en el fracaso. Tal como publica La Nación, de las tres obras viales otorgadas, una ya ha sido rescatada por el Gobierno a cambio de una indemnización; y todo indica que las otras dos recorrerán el mismo camino.
Tres fuentes relacionadas con algunas de las empresas que intervienen en las concesiones reconocieron que el Gobierno avanza en una rescisión contractual de las dos que quedaron en pie, después de que se rescindió la concesión del corredor Pilar-Pergamino, luego de haber sido adjudicada a Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian.
Así las cosas, la autovía que se iba a emplazar sobre la traza de la ruta 5, entre Luján y Carlos Casares, no se terminará; lo mismo que el camino de doble mano que iba a unir las localidades cordobesas de Río Cuarto y Alta Gracia, en la ruta 36.
"El Gobierno avanza en la rescisión de las otras dos concesiones adjudicadas por el régimen de iniciativa privada", dijo un influyente empresario de una de las empresas que tienen los proyectos aprobados. "¿El motivo?", se le preguntó. "El sistema establecía un financiamiento privado. Y en la Argentina actual, sin actualizaciones de tarifas, nadie quiere poner un peso en obras viales que se deben repagar con peajes", contestó.
LA NACION intentó comunicarse con los voceros del Ministerio de Planificación Federal. Pero ni por correo electrónico ni por teléfono respondieron las llamadas.
El régimen de iniciativa privada fue sancionado en 2005 cuando Roberto Lavagna era aún ministro de Economía. Mediante esta herramienta, el ex funcionario pretendía colocar un anzuelo a los empresarios de la obra pública, siempre remisos a buscar financiación por su cuenta. La norma establece que quienes presenten proyectos adheridos a este régimen tienen prioridad a la hora de la adjudicación. En el momento de la licitación, el autor del proyecto se queda con la obra siempre y cuando las demás ofertas no excedan el 5% de su precio cotizado. En caso de que el mayor precio esté en el rango del 5 al 20%, el autor tiene la posibilidad de empardar la oferta y quedarse con la obra. Además de la construcción de la ruta, el esquema planteaba, como método de financiamiento, la operación y concesión por 30 años.
Varios proyectos se presentaron y todos se adjudicaron a quienes llevaron la carpeta al Gobierno. Por caso, el corredor que une las ciudades bonaerenses de Luján y Carlos Casares fue adjudicado a la empresa H 5, una sociedad relacionada con Homaq, antes concesionaria de la traza. Ese proyecto contemplaba la construcción de 251 kilómetros de ruta de doble mano, de los que apenas se construyeron 20. La obra establecía la incorporación de una nueva cabina de peaje, ubicada entre las dos existentes en Olivera y en 9 de Julio. "Jamás se pudo instalar la cabina. Además, los aumentos que se dispararon y que estaban calzados con índices como los precios de la construcción nunca se otorgaron. La obra se quedó sin financiamiento", comentó una fuente que conoce muy de cerca el proyecto.
La autovía que se iba a construir en Córdoba también quedó trunca. La obra fue adjudicada a la firma Corredor Cordobés, una empresa también del grupo Eurnekian, que acaba de perder el corredor Pilar-Pergamino. "Son infinanciables. Los bancos, sean locales o extranjeros, se retiraron de los esquemas de financiamiento. Y no hay empresa en la Argentina que tenga espaldas como para bancar semejante proyecto", se resignaron en una empresa de obras públicas.
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, se preguntaba ayer cuál será el destino de estos corredores. "Sobre la necesidad de esas rutas no hay dudas. El tema es quién las va a hacer ahora", dijo.
La polémica se encendió con la caída del contrato que había firmado Corporación América para construir la autovía entre Pilar y Pergamino. La empresa había iniciado los trabajos en la primera parte de la ruta e inmediatamente instaló una cabina de peaje. La polémica fue tan grande que los usuarios que pasaban por ese peaje podían excusarse de pagarlo siempre que dejaran sus datos en la cabina. Ahora el proyecto quedó trunco. No habrá autopista y tampoco peaje. Pero sí se pagará una indemnización a la empresa.
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