En una conferencia de prensa donde el concejal electo Santiago Aparicio llevó la voz cantante lanzaron serias acusaciones sobre desprolijidades en la transición.
Santiago Aparicio: “Llamamos a esta conferencia de prensa para denunciar que, según lo que vemos nosotros mismos, y por numerosos llamados de vecinos se están rompiendo y repavimentando calles que estaban sanas, en realidad, desde que se dieron cuenta que podían perder las elecciones, las actuales autoridades están procediendo a parcializar licitaciones para que no sean públicas, y están realizando una enorme cantidad de obras de las cuales no nos informan claramente, además de estar realizando una importante cantidad de nombramientos de personal de planta permanente, colocación de semáforos innecesarios, y calcular el próximo presupuesto con un aumento de tasas del 10% con el objetivo de condicionar presupuestaria y financieramente al nuevo gobierno que asume en pocos días.
Un desmadre de obra pública que puede ser legal pero de ninguna manera tiene asidero moral; los funcionarios salientes nos entretienen con datos y cuestiones superfluas en las reuniones para ordenar la transición, pero parece que quisieran boicotear al gobierno electo por la mayoría de los sanfernandinos, porque lo más importante no nos lo dicen.
Mientras que municipios vecinos están trabajando el próximo presupuesto con aumentos del 20 o 25% de la tasa de servicios generales, en San Fernando se lo está haciendo con una perspectiva de aumento del 10%, cuando se aumentó el pago a Transportes Olivos, por la recolección de residuos domiciliarios en un 45% y se aumentó un 35% el salario del trabajador municipal.
Para no hacer una licitación pública, dividieron en dos una obra hidráulica en el mismo barrio, a una cuadra de distancia, en Quintana y Blanco Encalada y Gandolfo y Blanco Encalada, por $900.000, designadas a un mismo proveedor, una empresa adjudicataria de casi todas las particiones de licitaciones.
Lo mismo ocurre con el fresado y repavimentación de las avenidas Libertador y Perón, por $800.000, la obra de la calle Gálvez y Paul Harris, en el barrio Fate, también fue parcializada para hacerla rápido y cobrarla rápido. Contrataciones de semáforos por $ 800.000, por ejemplo en Sobremonte Carlos Cásares, Arnoldi y Garibaldi, Miguel Cané y Arnoldi.
A las cooperativas se le giraron casi 7 millones y no recibimos ninguna información sobre el destino de dichos fondos.
Tenemos muchos más datos, uno de los más importantes, hasta hace tres días siguieron tomando personal, cosa que atenta contra la seguridad del propio empleado municipal, que debe preocuparse por estas designaciones, realizadas por secretarios que se van millonarios.”
Hasta aquí la parte fundamental de la alocución de la cabeza de los concejales electos, pero en diálogo exclusivo con InfoBAN, el designado secretario de gobierno Luis Ruiz Díaz manifestó:
“Se están rompiendo calles que estaban sanas, están contratando gente de más, San Fernando tiene alrededor de 1.800 empleados cuando municipios similares tienen 1.200, y siguen tomando, están poniendo semáforos donde no los tienen que poner, y todo eso, en la mesa de transición eran datos que no nos estaban pasando, son manotazos de ahogado para licitar en forma privada y condicionar al gobierno electo, son obras no consensuadas, como por ejemplo el pavimento de Libertador, que estaba en perfecto estado y lo rompen para volver a hacerlo”.
Santiago Aparicio: “Llamamos a esta conferencia de prensa para denunciar que, según lo que vemos nosotros mismos, y por numerosos llamados de vecinos se están rompiendo y repavimentando calles que estaban sanas, en realidad, desde que se dieron cuenta que podían perder las elecciones, las actuales autoridades están procediendo a parcializar licitaciones para que no sean públicas, y están realizando una enorme cantidad de obras de las cuales no nos informan claramente, además de estar realizando una importante cantidad de nombramientos de personal de planta permanente, colocación de semáforos innecesarios, y calcular el próximo presupuesto con un aumento de tasas del 10% con el objetivo de condicionar presupuestaria y financieramente al nuevo gobierno que asume en pocos días.
Un desmadre de obra pública que puede ser legal pero de ninguna manera tiene asidero moral; los funcionarios salientes nos entretienen con datos y cuestiones superfluas en las reuniones para ordenar la transición, pero parece que quisieran boicotear al gobierno electo por la mayoría de los sanfernandinos, porque lo más importante no nos lo dicen.
Mientras que municipios vecinos están trabajando el próximo presupuesto con aumentos del 20 o 25% de la tasa de servicios generales, en San Fernando se lo está haciendo con una perspectiva de aumento del 10%, cuando se aumentó el pago a Transportes Olivos, por la recolección de residuos domiciliarios en un 45% y se aumentó un 35% el salario del trabajador municipal.
Para no hacer una licitación pública, dividieron en dos una obra hidráulica en el mismo barrio, a una cuadra de distancia, en Quintana y Blanco Encalada y Gandolfo y Blanco Encalada, por $900.000, designadas a un mismo proveedor, una empresa adjudicataria de casi todas las particiones de licitaciones.
Lo mismo ocurre con el fresado y repavimentación de las avenidas Libertador y Perón, por $800.000, la obra de la calle Gálvez y Paul Harris, en el barrio Fate, también fue parcializada para hacerla rápido y cobrarla rápido. Contrataciones de semáforos por $ 800.000, por ejemplo en Sobremonte Carlos Cásares, Arnoldi y Garibaldi, Miguel Cané y Arnoldi.
A las cooperativas se le giraron casi 7 millones y no recibimos ninguna información sobre el destino de dichos fondos.
Tenemos muchos más datos, uno de los más importantes, hasta hace tres días siguieron tomando personal, cosa que atenta contra la seguridad del propio empleado municipal, que debe preocuparse por estas designaciones, realizadas por secretarios que se van millonarios.”
Hasta aquí la parte fundamental de la alocución de la cabeza de los concejales electos, pero en diálogo exclusivo con InfoBAN, el designado secretario de gobierno Luis Ruiz Díaz manifestó:
“Se están rompiendo calles que estaban sanas, están contratando gente de más, San Fernando tiene alrededor de 1.800 empleados cuando municipios similares tienen 1.200, y siguen tomando, están poniendo semáforos donde no los tienen que poner, y todo eso, en la mesa de transición eran datos que no nos estaban pasando, son manotazos de ahogado para licitar en forma privada y condicionar al gobierno electo, son obras no consensuadas, como por ejemplo el pavimento de Libertador, que estaba en perfecto estado y lo rompen para volver a hacerlo”.
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