Legisladores de la oposición presentaron hoy un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar que el Estado nacional restituya el 15 por ciento de los fondos de coparticipación que retiene a la Provincia para financiar el sistema previsional, un total estimado de $5.520 millonea para este año.
Legislares de los distintos bloques opositores de la Legislatura bonaerense se presentaron hoy en la Corte Suprema de Justicia para reclamar por "la restitución de fondos de coparticipación", unos $14.000 millones que, según argumentan, la Nación debió haberles reintegrado tras la reestatización del sistema jubilatorio.
Senadores y diputados de la Coalición Cívica, el Frente Amplio Progresista, Alternativa Peronista, Lealtad Peronista, Pro-peronismo, Proyecto Bonaerense, UCR, Unión Celeste y Blanco y Unión Peronista, entregaron este mediodía un planteo similar al que estudia el alto tribunal sobre la provincia de Santa Fe.
“La ‘amicus curiae’ es una figura jurídica prevista por una acordada de la Corte. De este modo, lo que pedimos es que cualquier decisión que tome el tribunal en una eventual sentencia de la causa iniciada por el gobierno de Santa Fe tenga en cuenta a la provincia de Buenos Aires que está en la misma situación”, indicó hoy el senador de la UCR, Carlos Fernández.
El pedido opositor llega también de la mano de un fuerte reclamo al gobernador, Daniel Scioli, para que “se ponga al frente del reclamo”.
Por su parte, el jefe del bloque Pro-peronista por la provincia, Marcelo Di Pascuale, y la diputada de ese espacio, Nancy Monzón, insistieron con la renuncia al Pacto Fiscal. “Como representantes del pueblo, resulta una obligación intervenir activamente para que los recursos de la Provincia vuelvan a manos de la Provincia, ya que no es otra cosa que devolverle a los bonaerenses lo que les corresponde”, expresaron los diputados en un comunicado.
Según los opositores, el Pacto Fiscal de 1992 estableció una cesión del orden del 15 por ciento de fondos coparticipables para financiar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que comenzó a operar en julio de 1994.
Cuando el sistema previsional regresó al Estado, ese acuerdo debió haber cesado, lo que -indica la presentación- le habría permitido al gobierno bonaerense obtener sólo en 2012 unos 5.200 millones de pesos adicionales a su presupuesto.
El reclamo de los legisladores bonaerenses se suma a la línea adoptada por los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Corrientes. En el caso de las dos primeras, ya recurrieron al máximo tribunal por deudas que mantienen la Anses con las cajas de jubilación de ambas provincias.
Además, la Legislatura de Córdoba sancionó una ley para renunciar al Pacto Fiscal firmado en 1992, donde los gobiernos, Nacional y provinciales, acordaron una detracción de 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables, que según inciso b) de la Cláusula Primera del Acuerdo, sería destinado a “atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales”.
En 2008, cuando se resolvió por ley del Congreso la nacionalización o re-estatización de las AFJP, tal retención del 15 por ciento, devino en abstracto, según la lectura de las provincias que abogan por renunciar al Pacto.
En el caso de Corrientes, su gobernador, Ricardo Colombi, ratificó días atrás su intención de desistir del Pacto Fiscal de y no descartó recurrir a la Corte Suprema por este tema. (La Política OnLine).
Legislares de los distintos bloques opositores de la Legislatura bonaerense se presentaron hoy en la Corte Suprema de Justicia para reclamar por "la restitución de fondos de coparticipación", unos $14.000 millones que, según argumentan, la Nación debió haberles reintegrado tras la reestatización del sistema jubilatorio.
Senadores y diputados de la Coalición Cívica, el Frente Amplio Progresista, Alternativa Peronista, Lealtad Peronista, Pro-peronismo, Proyecto Bonaerense, UCR, Unión Celeste y Blanco y Unión Peronista, entregaron este mediodía un planteo similar al que estudia el alto tribunal sobre la provincia de Santa Fe.
“La ‘amicus curiae’ es una figura jurídica prevista por una acordada de la Corte. De este modo, lo que pedimos es que cualquier decisión que tome el tribunal en una eventual sentencia de la causa iniciada por el gobierno de Santa Fe tenga en cuenta a la provincia de Buenos Aires que está en la misma situación”, indicó hoy el senador de la UCR, Carlos Fernández.
El pedido opositor llega también de la mano de un fuerte reclamo al gobernador, Daniel Scioli, para que “se ponga al frente del reclamo”.
Por su parte, el jefe del bloque Pro-peronista por la provincia, Marcelo Di Pascuale, y la diputada de ese espacio, Nancy Monzón, insistieron con la renuncia al Pacto Fiscal. “Como representantes del pueblo, resulta una obligación intervenir activamente para que los recursos de la Provincia vuelvan a manos de la Provincia, ya que no es otra cosa que devolverle a los bonaerenses lo que les corresponde”, expresaron los diputados en un comunicado.
Según los opositores, el Pacto Fiscal de 1992 estableció una cesión del orden del 15 por ciento de fondos coparticipables para financiar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que comenzó a operar en julio de 1994.
Cuando el sistema previsional regresó al Estado, ese acuerdo debió haber cesado, lo que -indica la presentación- le habría permitido al gobierno bonaerense obtener sólo en 2012 unos 5.200 millones de pesos adicionales a su presupuesto.
El reclamo de los legisladores bonaerenses se suma a la línea adoptada por los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Corrientes. En el caso de las dos primeras, ya recurrieron al máximo tribunal por deudas que mantienen la Anses con las cajas de jubilación de ambas provincias.
Además, la Legislatura de Córdoba sancionó una ley para renunciar al Pacto Fiscal firmado en 1992, donde los gobiernos, Nacional y provinciales, acordaron una detracción de 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables, que según inciso b) de la Cláusula Primera del Acuerdo, sería destinado a “atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales”.
En 2008, cuando se resolvió por ley del Congreso la nacionalización o re-estatización de las AFJP, tal retención del 15 por ciento, devino en abstracto, según la lectura de las provincias que abogan por renunciar al Pacto.
En el caso de Corrientes, su gobernador, Ricardo Colombi, ratificó días atrás su intención de desistir del Pacto Fiscal de y no descartó recurrir a la Corte Suprema por este tema. (La Política OnLine).
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