Cuestionaban el manejo de fondos públicos en organismos clave del gobierno, como la Anses, el OCCOVI, la Aduana. Otros atacaban el manejo del transporte, antes del accidente de once. La UCR quiso enviarlos a la justicia pero el ofiicalismo lo impidió.
Senadores oficialistas y radicales se cruzaron en una fuerte discusión, con interrupciones permanentes y tonos de voz elevados, en la etapa final de la sesión, antes de ingresar en el debate de casi ochenta informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los organismos nacionales.
En la votación final del tema del transporte triunfó el oficialismo con 37 votos a favor, contra 14 en contra, por lo que los informes serán enviados al Poder ejecutivo junto a un pedido de respuestas a las situaciones y acusaciones que contiene el escrito.
El radicalismo quería que se remitieran a la justicia y así lo hizo saber con fuertes discursos del jujeño Gerardo Morales y el tucumano José Cano, quien calificó al Gobierno de “ladrón” y les pidió que “dejen de robar”.
Beatriz Rojkés de Alperovich, a cargo de la sesión, se negó a devolverle la palabra a su comprovinciano y la discusión de caldeó. “No les estábamos hablando a ningún senador”, aclaró Morales.
Los informes son desde 2008 y 2012 y objetan la mayoría de los organismos emblema del kirchnerismo, como la Anses, el OCCOVI, la aduana.
El cruce más duro fue sobre el sistema ferroviario: para la UCR si se atendían los informes de la AGN podría haberse evitado el accidente de Once.
Morales fue el más duro: "Se han robado todo y los funcionarios también. Eso está en la causa judicial en la que el juez Claudio Bonadío los salvó al ponerle sólo incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Son todos delincuentes que se han robado todo junto con los (empresarios) Cirigliano", dueños de TBA.
También a los funcionarios del gobierno nacional, encabezados por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de tener responsabilidad en ese suceso por falta de control y complicidad, en "esa verdadera asociación ilícita", que operaba en el ministerio.
Los momentos de tensión se iniciaron después que el miembro informante del oficialismo, José Mayans, atribuyó la falta de análisis de numerosos informes todavía pendientes de la bicameral Mixta Revisora de Cuentas a la situación creada por el conflicto que alejó por unos días al actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy y luego fue nuevamente reconocido al frente del organismo.
Mayans hizo un recuento detallado de aquellas diferencias y ratificó las críticas que le formulaba entonces el oficialista con lo que creó una reacción airada de los legisladores radicales.
El formoseño dijo que Despouy había cometido un delito de atribuirse un cargo que no podía disponer, así como de cobrar sueldos que no le correspondía, por lo "debería estar procesado".
Tras una larga discusión desordenada, con voces destempladas, e interrupciones permanentes, Mayans anunció que la posición del oficialismo sería la de rechazar los dictámenes de 2009, 2010 y 2011, los años que el oficialismo estuvo en minoría en ambas cámaras.
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