El Gobierno decretó una prórroga de dos meses para la presentación de las declaraciones juradas de 2012 de los funcionarios públicos y candidatos. El plazo original vencía el viernes 19 de julio. La norma había sido cambiada para favorecer a los funcionarios.
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 19 de septiembre el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales para funcionarios y candidatos a cargos electivos previstos en la nueva Ley de Ética de la Función Pública.
El plazo original para la presentación de las declaraciones correspondiente al 2012 era entre el 13 de mayo y el 19 de julio. El diferimiento se adoptó a través de la resolución 1.183/13 publicada hoy en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Justicia, Julio Alak.
Allí se indicó que las declaraciones juradas "deberán confeccionarse conforme Io establecido por la Ley Nº 26.857 y su Decreto Reglamentario Nº 895/13", que en los hechos tiene menos exigencias que el régimen anterior.
Ese decreto reglamentó la Ley sobre Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos, por la cual se establece que "serán iguales" a las que con fines impositivos se presenten ante la AFIP y que serán remitidas a la Oficina Anticorrupción para ser publicadas en Internet.
Para el caso de los candidatos a ejercer cargos públicos electivos nacionales, la AFIP deberá requerir a la Cámara Nacional Electoral el listado de los candidatos oficializados.
El Decreto dispuso que las declaraciones juradas públicas "serán iguales a aquellas que con fines impositivos se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".
Esto había generado críticas de la oposición. El ex fiscal y diputado radical Manuel Garrido la había calificado como "lamentable" y un "retroceso" y denunció que la presidenta Cristina Kirchner buscaba "su propio beneficio, que es evitar declarar los bienes que tiene y que le costaron tantos dolores de cabeza".
El legislador había dicho que "la función de control que cumplía la Oficina Anticorrupción se ve directamente dinamitada" y sostuvo que la nueva ley "implica dejar sin efecto una de las pocas, sino la única política pública anticorrupción que la Argentina había mantenido de manera constante desde fines del '90". "Esto atenta contra la publicidad de la declaración jurada; lo que se va a publicar es solamente información superficial", es decir, cifras patrimoniales "globales" y sin "discriminar", explicó. (La Política OnLIne).
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