BUENOS AIRES, Febrero 10, (PUNTO CERO) Se trata de Gladys Miño, ex candidata a legisladora de Aníbal Ibarra, puntera en la villa Ramón Falcón y denunciada hace un año por La Política Online, fue vinculada nuevamente por la fiscal que investiga el incendio intencional que se produjo hace exactamente un año en Villa Soldati.
Gladis Miño, ex candidata a legisladora y puntera política de Aníbal Ibarra en las villas de la ciudad, fue nuevamente señalada por la justicia como sospechosa por el incendio intencional que se produjo hace exactamente un año en la Villa el Cartón, en el barrio de Villa Soldati.
La Política Online realizó hace ya varios meses una profunda investigación que desnudaba los fuertes contactos de Miño con el poder y principalmente con el destituido jefe de Gobierno, con quien mantiene un vínculo muy fuerte –ver banner “Política y Villas: Los mercaderes de la necesidad”-. Además de ella, el vecino de villa El Cartón Víctor Gustavo Valdez también fue señalado por la fiscal Mónica Cuñarro.
Según un dictamen, la fiscal pidió las indagatorias al juez de instrucción Francisco Azzolin, quien el año pasado había rechazado un reclamo en igual sentido y determinó que no había pruebas suficientes para formular una imputación.
La fiscal profundizó la investigación, repitió el pedido de indagatoria "por darse el grado de sospecha requerido" y advirtió al juez que en caso de no compartir su criterio "reasuma la investigación o sobresea a Miño y Valdez, para que la fiscalía pueda ejercer la vía recursiva".
Para Cuñarro, el incendio que tuvo lugar el 8 de febrero de 2007 poco antes de las 7 de la mañana "fue planificado por personas que se encontraban dentro del asentamiento, se lo organizó a fin de evitar pérdidas vitales, bienes muebles", todo con "el objetivo fue lograr la destrucción total del lugar como una forma de ejercer presión ante las autoridades locales de aquel momento".
La maniobra habría apuntado a "evitar completar el censo de identificación de los habitantes de ese asentamiento de emergencia, obtener una ley de expropiación y viviendas terminadas... los pobladores de este tipo de asentamientos son utilizados como instrumentos por diversas personas con el suficiente poder de organizarlos y abusar de la situación habitacional y humanitaria en la que se encuentran".
Pero además, la fiscal extendió el pedido de investigación a presuntas irregularidades cometidas en la administración de planes sociales y a supuestos sobreprecios en la construcción de planes de viviendas para los sectores menos favorecidos de la población.
Gladis Miño, ex candidata a legisladora y puntera política de Aníbal Ibarra en las villas de la ciudad, fue nuevamente señalada por la justicia como sospechosa por el incendio intencional que se produjo hace exactamente un año en la Villa el Cartón, en el barrio de Villa Soldati.
La Política Online realizó hace ya varios meses una profunda investigación que desnudaba los fuertes contactos de Miño con el poder y principalmente con el destituido jefe de Gobierno, con quien mantiene un vínculo muy fuerte –ver banner “Política y Villas: Los mercaderes de la necesidad”-. Además de ella, el vecino de villa El Cartón Víctor Gustavo Valdez también fue señalado por la fiscal Mónica Cuñarro.
Según un dictamen, la fiscal pidió las indagatorias al juez de instrucción Francisco Azzolin, quien el año pasado había rechazado un reclamo en igual sentido y determinó que no había pruebas suficientes para formular una imputación.
La fiscal profundizó la investigación, repitió el pedido de indagatoria "por darse el grado de sospecha requerido" y advirtió al juez que en caso de no compartir su criterio "reasuma la investigación o sobresea a Miño y Valdez, para que la fiscalía pueda ejercer la vía recursiva".
Para Cuñarro, el incendio que tuvo lugar el 8 de febrero de 2007 poco antes de las 7 de la mañana "fue planificado por personas que se encontraban dentro del asentamiento, se lo organizó a fin de evitar pérdidas vitales, bienes muebles", todo con "el objetivo fue lograr la destrucción total del lugar como una forma de ejercer presión ante las autoridades locales de aquel momento".
La maniobra habría apuntado a "evitar completar el censo de identificación de los habitantes de ese asentamiento de emergencia, obtener una ley de expropiación y viviendas terminadas... los pobladores de este tipo de asentamientos son utilizados como instrumentos por diversas personas con el suficiente poder de organizarlos y abusar de la situación habitacional y humanitaria en la que se encuentran".
Pero además, la fiscal extendió el pedido de investigación a presuntas irregularidades cometidas en la administración de planes sociales y a supuestos sobreprecios en la construcción de planes de viviendas para los sectores menos favorecidos de la población.
La fiscal insistió en el móvil político: "Pasada la etapa electoral, mágicamente no se verificaron más hechos de este tipo lo que me convence en cuanto a que se trató de hechos organizados con el claro objetivo de presionar a las autoridades para obtener viviendas o predios". (PUNTO CERO).
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