Mediante un proyecto de declaración, el diputado radical Juan A. Gobbi cuestiona la aplicación de un decreto provincial, el 3543/06, que establece cargos por Habilitación de Suministros Conjuntos, “los cuales representan una desmedida carga tarifaria para los emprendimientos constructivos residenciales, y para los inmuebles multifamiliares existentes”.
El legislador aclaró que a pesar de estar vigente desde 2006, la norma “ha comenzado a provocar generalizados planteos y reclamos de parte de usuarios, empresarios e incluso de los colegios profesionales con incumbencia en la materia”.
El decreto establece cargos excepcionales en materia de conceptos tarifarlos por “Habilitación de Suministros Conjuntos”, que impone a las distribuidoras de energía eléctrica, concesionarias provinciales del servicio, el cobro de dichos conceptos a aquellas solicitudes de suministros que formulen los responsables de emprendimientos o de inmuebles con varias unidades funcionales existentes.
“Se trata en definitiva de considerar como de alto impacto para el sistema eléctrico provincial las solicitudes de nuevos servicios (medidores), que en muchos casos se trata de pequeños emprendimientos constructivos inmobiliarios, incluidos aquellos que se erigen en zonas eminentemente residenciales en las área urbanas de las ciudades de la provincia”, agregó Juan Gobbi.
A modo de ejemplo, en caso de solicitar un segundo medidor para los hogares el costo asciende a 4165 pesos, cuando el primer medidor sale 140 pesos. Asimismo, en la ciudad de Mar del Plata se han realizado audiencias públicas con participación de numerosas instituciones de la ciudad, que han decidido elevar a las autoridades provinciales un pedido de rebaja de los cargos por solicitudes de servicios para estos “consumos de alto impacto”, como son calificados por la autoridad de aplicación provincial.
El diputado bonaerense manifestó que “lo que se trata, es de establecer cargos verdaderamente confiscatorios, en una suerte de castigo para aquellos ciudadanos o empresas bonaerenses que realizan una inversión de riesgo, justamente en un rubro como la construcción, que como es de público conocimiento, es uno de los que más contribuye a la reactivación, a la dinamización de la actividad económica, por los múltiples encadenamientos de subrubros que genera, además de contribuir a la generación de empleo de variada calificación laboral”.
Por último, Juan Gobbi sostuvo “el Estado, que debe alentar y promover la actividad económica y apuntalar los sectores más dinámicos de la economía, pretende suplir la ineficacia y la desinversión de años en materia energética, cuando lo que debería hacer es ejecutar o exigir a las concesionarias del servicio, la ejecución de obras de generación, transporte y distribución eléctricas”.
El legislador aclaró que a pesar de estar vigente desde 2006, la norma “ha comenzado a provocar generalizados planteos y reclamos de parte de usuarios, empresarios e incluso de los colegios profesionales con incumbencia en la materia”.
El decreto establece cargos excepcionales en materia de conceptos tarifarlos por “Habilitación de Suministros Conjuntos”, que impone a las distribuidoras de energía eléctrica, concesionarias provinciales del servicio, el cobro de dichos conceptos a aquellas solicitudes de suministros que formulen los responsables de emprendimientos o de inmuebles con varias unidades funcionales existentes.
“Se trata en definitiva de considerar como de alto impacto para el sistema eléctrico provincial las solicitudes de nuevos servicios (medidores), que en muchos casos se trata de pequeños emprendimientos constructivos inmobiliarios, incluidos aquellos que se erigen en zonas eminentemente residenciales en las área urbanas de las ciudades de la provincia”, agregó Juan Gobbi.
A modo de ejemplo, en caso de solicitar un segundo medidor para los hogares el costo asciende a 4165 pesos, cuando el primer medidor sale 140 pesos. Asimismo, en la ciudad de Mar del Plata se han realizado audiencias públicas con participación de numerosas instituciones de la ciudad, que han decidido elevar a las autoridades provinciales un pedido de rebaja de los cargos por solicitudes de servicios para estos “consumos de alto impacto”, como son calificados por la autoridad de aplicación provincial.
El diputado bonaerense manifestó que “lo que se trata, es de establecer cargos verdaderamente confiscatorios, en una suerte de castigo para aquellos ciudadanos o empresas bonaerenses que realizan una inversión de riesgo, justamente en un rubro como la construcción, que como es de público conocimiento, es uno de los que más contribuye a la reactivación, a la dinamización de la actividad económica, por los múltiples encadenamientos de subrubros que genera, además de contribuir a la generación de empleo de variada calificación laboral”.
Por último, Juan Gobbi sostuvo “el Estado, que debe alentar y promover la actividad económica y apuntalar los sectores más dinámicos de la economía, pretende suplir la ineficacia y la desinversión de años en materia energética, cuando lo que debería hacer es ejecutar o exigir a las concesionarias del servicio, la ejecución de obras de generación, transporte y distribución eléctricas”.
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