Jorge Golber, vetado por el Consejo Escolar de Almirante Brown para prestarle servicios luego de denunciar penalmente por supuesto pedido de coimas a dos consejeros, fue rehabilitado por el organismo el 8 de enero. El mismo día, con la anuencia de la oposición y la abstención del oficialismo, se resolvió la contratación directa de su firma, Mica, por 70.000 pesos, lo que obligó a dar de baja a otras que venían cumpliendo con esas prestaciones.
Jorge Golber, vetado por el Consejo Escolar para mantener su condición de proveedor tras la denuncia judicial en la que atribuyó un supuesto pedido de coimas a dos miembros de ese organismo, fue rehabilitado como tal en una sesión extraordinaria que resolvió también beneficiarlo con contrataciones directas de cerca de 70.000 pesos para cubrir servicios en establecimientos escolares que hasta este mes venían prestando otros contratistas.
La decisión del Consejo no es solo polémica por el litigio judicial entablado por Golber sino por el hecho de haber sido adoptada con el consentimiento casi exclusivo de la representación opositora y con la inédita abstención de la mayoría del bloque oficialista, incluida la propia presidente, Marlina Russo.
Según fuentes municipales que revelaron en forma exclusiva esta información, la funcionaria no hizo otra cosa que seguir las instrucciones del intendente Rubén Darío Giustozzi, interesado en promover el cierre de la causa abierta por Golber contra Eugenio Michalzuk y Alfredo Barbieri, por temor a verse involucrado en ella.
El pasado 3 de octubre, esos dos consejeros, Golber, el ex diputado provincial Jorge Calvelo y Hugo Lucei, representante de Unión Pro en el Consejo Escolar, participaron de una gresca en las instalaciones del organismo como producto de un airado reclamo del empresario y el ex legislador para que, en apariencias, se destrabe un pago demorado a favor de Mica, la firma bajo la que el empresario presta servicios alimentarios a las escuelas.
El 12 de noviembre, la UFI Nº 5 allanó el Consejo Escolar a raíz de la denuncia penal efectuada por Golber y Juan Carlos Treva contra Barbieri y Michalzuk por un presunto pedido de coimas que le habrían realizado para acelerar aquel pago. La causa es investigada por el juez de Garantías de los Tribunales de Lomas de Zamora, Tomás Bravo.
La sesión extraordinaria del pasado 8 de enero procuró también poner fin a una semana de controversias en el Consejo, alimentadas por las intrigas de Luis Meza contra Ramona Charito Gómez para sucederla al frente de la Tesorería del organismo. Un cargo vuelto más vital que de costumbre por la demora que venía experimentándose en el pago a los proveedores de servicios para instituciones educativas.
Meza no solo presidió el Consejo durante la gestión del intendente Manuel Rodríguez, sino que jugó un papel clave tanto en la destitución como en la restitución de Golber como proveedor. A fines del año pasado, fue el único consejero que se abstuvo de votar la expulsión resuelta por unanimidad y ahora su voto resultó vital para garantizar su vuelta a la lista de proveedores.
Las mismas fuentes que dejaron trascender la decisión tomada de urgencia y fuera del período de sesiones ordinarias que dará inicio en febrero, hicieron saber que la medida aparece rodeada de un halo de irregularidad: las contrataciones directas resultan viables cuando no superan los 50.000 pesos.
Si bien en el caso de Golber se apeló a realizar cinco para salvar ese obstáculo, el problema residiría en que para convertirlo en proveedor de otras tantas escuelas, se las debió desafectar del servicio provisto por otros concesionarios que, a tal efecto, participaron de una previa compulsa de precios. “Los que presentaron la propuesta ganadora debieron extender una garantía en pagaré al Consejo Escolar que puede ejecutarlos si se suspende la prestación del servicio como, de hecho, ocurrirá para beneficiar a Golber.”
Lo que en principio habría sido considerado como una medida dispuesta a acotar el perjuicio económico a los concesionarios que obtuvieron la licitación, podría convertirlo en un negativo efecto económico en cascada: para llegar al número de cinco contrataciones directas para Mica, fue preciso dar de baja a cada una de ellas del radio de servicios prestados por igual número de firmas.
En la versión de las fuentes, el Consejo estaría en condiciones técnicas de ejecutarle al quinteto los pagarés extendidos.
Día de Reyes
La sesión extraordinaria del 8 de enero fue ideada para salvar una dificultad imprevista: la inhabilitación de la firma de la tesorera designada en diciembre por el Consejo Escolar, Ramona Charito Gómez. La consejera se enteró del impedimento cuando concurrió a registrar su firma en la sucursal Adrogué del Banco de la provincia de Buenos Aires.
Según allegados a la consejera, se trató de un irregular manejo administrativo por una vieja situación ya saldada: Gómez fue una de las tantas perjudicadas por la circular Nº 1050 de la dictadura militar que disparó los intereses de créditos hipotecarios volviéndolos literalmente impagables.
Gómez habría presentado toda la documentación necesaria para acreditar que esa situación ya estaba regularizada pero se habría topado con supuestas demoras administrativas para darle curso y liberar su firma. Algunas versiones atribuyen a Fernando López, consejero del PRO, el haber dispuesto ese obstáculo burocrático por su pasado como empleado bancario.
La situación fue aprovechada por la presidente que convocó de urgencia a reunión de consejeros el 6 de enero para que Gómez, tesorera, y Meza, vicepresidente, intercambien cargos, ante la imperiosa necesidad de contar con una firma habilitada y poder concretar el pago a los inquietos proveedores.
Esa decisión fue respaldada por los que todavía conforman el arco oficialista: Russo, Meza, Gómez, Mabel Ledo y Michalzuk y Barbieri, que en la primera sesión ordinaria de febrero formalizarán la escisión de la bancada oficialista para conformar un bloque que ya tiene nombre: el ultra K. Los cuatro opositores - Lucei, López, Claudio Rojas y Lucía Scirripa - se opusieron.
La condición puesta por Gómez para acceder fue que el intercambio tuviese un preciso límite temporal: los 90 días que, en principio, estimó que podría ocuparle resolver la situación generada en la entidad bancaria. Gómez fue respaldada por Ledo, Michalzuk y Barbieri. Meza, más cerca que en otros tiempos de Giustozzi por intermedio de Russo, no tuvo nunca intención de respetar ese límite.
Según las mismas fuentes municipales, la intención de Meza habría recogido el respaldo de Giustozzi, temeroso del desarrollo del proceso judicial en marcha y con desconfianza creciente hacia el comportamiento político de Michalzuk y Barbieri, aliados de Gómez.
De forma inesperada, la situación de Gómez se destrabó el día 7 de enero y el 8, en la sesión extraordinaria prevista, se pasó a restituirla en el cargo de tesorera. La sesión en que fue puesta en dudas que ejerciera esa función, no consta en actas. “La verdad, con lo grandulón que es Mesa, no se explica que todavía crea en los Reyes”, comentó con sorna un allegado al gobierno municipal.
Volver para Golber
La misma extraordinaria del día 8 dio lugar a una situación insólita cuando Russo, presidente del Consejo, propuso tratar la restitución del mismo proveedor expulsado el año pasado por la presentación judicial contra Barbieri y Michalzuk. Cuando el Cuerpo adoptó esa medida lo hizo de forma unánime, a excepción de Meza, que se abstuvo.
Michalzuk y Barbieri lograron autorización del resto de los consejeros para ser eximidos de expresar opinión alguna con su voto. Fundamentaron su decisión en el hecho de ser los denunciados por Golber. De inmediato se pasó a votar y para sorpresa de muchos, el grueso del oficialismo – esto es, la Presidente, Russo, más Gómez y Ledo – se abstuvieron- mientras que lo hicieron de forma positiva Lucei, López y Rojas. Scirripa no participó de la sesión. Meza, también del oficialismo, acompañó esa decisión.
Lucei fue parte de la comitiva que acompañó a Golber a la entrevista que mantuvo con Barbieri el pasado 3 de octubre y que derivó en la gresca que dio origen a la denuncia penal presentada por el empresario.
Rojas, en teoría, se encuentra alineado con el ex intendente de Morón y ahora diputado nacional Martín Sabatella. También expresaría las mismas dudas de este legislador acerca de cuál es la actitud a adoptar por el progresismo bien pensante en medio de los marasmos desatados por la inminencia del fin de un ciclo político.
Meza, el oficialista conminado a acompañar a la oposición para contar con votos suficientes, no lograba salir de su asombro. Allegados al Consejo recordaron “el trato humillante” que le dio Giustozzi en una reunión convocada a expensas de su suegra y entonces presidente del organismo, Ana Romero, indignada con la abstención de Meza para expulsar a Golber. “Luis, uno tiene que ser claro. Se está o no se está con los ladrones” habría dicho el Intendente en ese encuentro según recordó uno de los participantes.
“Resulta que me tuve que bancar que me trate como un trapo de piso por abstenerme y ahora me manda a votar a favor de este tipo”, se habría lamentado Meza en estas horas que, según las mismas fuentes, exhibiría un estado de ánimo ciertamente depresivo.
Situación irregular
Las fuentes municipales que revelaron esta información insistieron en que además de la grotesca saga de reuniones informales del Consejo para resolver cuestiones tan sensibles, podría estar generándose una situación irregular con la contratación de Mica, la firma de Golber.
“A fin de año hubo una licitación para la provisión de alimentos a los colegios. Los cinco ganadores debieron entregar pagarés al Consejo en garantía por los servicios que se comprometieron a prestar y ante la eventualidad de un incumplimiento”, aseguraron para argumentar que, en efecto, técnicamente estarían incurriendo en uno.
Para facilitar la inclusión de Golber no solo se procedió al dudoso trámite de realizar cinco contrataciones directas por montos inferiores a 50.000 pesos pero por una global a 70.000. También se desafectó a un establecimiento por cada uno de los cinco proveedores que venían cubriéndolos luego de haberse impuesto en la compulsa de precios.
Un tema que tal vez motive una nueva intervención de Nicolás Dalesio, auditor general de la Dirección General de Escuelas, cuyo pronunciamiento crítico hacia el funcionamiento del Consejo Escolar de Almirante Brown fue motivo de arduos debates desde su puesta en circulación, el pasado 8 de diciembre, cuando el propio Giustozzi recibió en mano una copia del informe.
Treinta días atrás, el Intendente blandió la auditoria para reclamarle a Michalzuk su renuncia al cargo de consejero para el que fue reelecto y su incorporación inmediata como asesor legislativo del diputado provincial Franco Caviglia. Allegados al kirchnerismo, cada vez más lejos del oficialismo municipal, especularon que Giustozzi teme aparecer siquiera mencionado en la causa que investiga la Justicia de Lomas de Zamora.
Jorge Golber, vetado por el Consejo Escolar para mantener su condición de proveedor tras la denuncia judicial en la que atribuyó un supuesto pedido de coimas a dos miembros de ese organismo, fue rehabilitado como tal en una sesión extraordinaria que resolvió también beneficiarlo con contrataciones directas de cerca de 70.000 pesos para cubrir servicios en establecimientos escolares que hasta este mes venían prestando otros contratistas.
La decisión del Consejo no es solo polémica por el litigio judicial entablado por Golber sino por el hecho de haber sido adoptada con el consentimiento casi exclusivo de la representación opositora y con la inédita abstención de la mayoría del bloque oficialista, incluida la propia presidente, Marlina Russo.
Según fuentes municipales que revelaron en forma exclusiva esta información, la funcionaria no hizo otra cosa que seguir las instrucciones del intendente Rubén Darío Giustozzi, interesado en promover el cierre de la causa abierta por Golber contra Eugenio Michalzuk y Alfredo Barbieri, por temor a verse involucrado en ella.
El pasado 3 de octubre, esos dos consejeros, Golber, el ex diputado provincial Jorge Calvelo y Hugo Lucei, representante de Unión Pro en el Consejo Escolar, participaron de una gresca en las instalaciones del organismo como producto de un airado reclamo del empresario y el ex legislador para que, en apariencias, se destrabe un pago demorado a favor de Mica, la firma bajo la que el empresario presta servicios alimentarios a las escuelas.
El 12 de noviembre, la UFI Nº 5 allanó el Consejo Escolar a raíz de la denuncia penal efectuada por Golber y Juan Carlos Treva contra Barbieri y Michalzuk por un presunto pedido de coimas que le habrían realizado para acelerar aquel pago. La causa es investigada por el juez de Garantías de los Tribunales de Lomas de Zamora, Tomás Bravo.
La sesión extraordinaria del pasado 8 de enero procuró también poner fin a una semana de controversias en el Consejo, alimentadas por las intrigas de Luis Meza contra Ramona Charito Gómez para sucederla al frente de la Tesorería del organismo. Un cargo vuelto más vital que de costumbre por la demora que venía experimentándose en el pago a los proveedores de servicios para instituciones educativas.
Meza no solo presidió el Consejo durante la gestión del intendente Manuel Rodríguez, sino que jugó un papel clave tanto en la destitución como en la restitución de Golber como proveedor. A fines del año pasado, fue el único consejero que se abstuvo de votar la expulsión resuelta por unanimidad y ahora su voto resultó vital para garantizar su vuelta a la lista de proveedores.
Las mismas fuentes que dejaron trascender la decisión tomada de urgencia y fuera del período de sesiones ordinarias que dará inicio en febrero, hicieron saber que la medida aparece rodeada de un halo de irregularidad: las contrataciones directas resultan viables cuando no superan los 50.000 pesos.
Si bien en el caso de Golber se apeló a realizar cinco para salvar ese obstáculo, el problema residiría en que para convertirlo en proveedor de otras tantas escuelas, se las debió desafectar del servicio provisto por otros concesionarios que, a tal efecto, participaron de una previa compulsa de precios. “Los que presentaron la propuesta ganadora debieron extender una garantía en pagaré al Consejo Escolar que puede ejecutarlos si se suspende la prestación del servicio como, de hecho, ocurrirá para beneficiar a Golber.”
Lo que en principio habría sido considerado como una medida dispuesta a acotar el perjuicio económico a los concesionarios que obtuvieron la licitación, podría convertirlo en un negativo efecto económico en cascada: para llegar al número de cinco contrataciones directas para Mica, fue preciso dar de baja a cada una de ellas del radio de servicios prestados por igual número de firmas.
En la versión de las fuentes, el Consejo estaría en condiciones técnicas de ejecutarle al quinteto los pagarés extendidos.
Día de Reyes
La sesión extraordinaria del 8 de enero fue ideada para salvar una dificultad imprevista: la inhabilitación de la firma de la tesorera designada en diciembre por el Consejo Escolar, Ramona Charito Gómez. La consejera se enteró del impedimento cuando concurrió a registrar su firma en la sucursal Adrogué del Banco de la provincia de Buenos Aires.
Según allegados a la consejera, se trató de un irregular manejo administrativo por una vieja situación ya saldada: Gómez fue una de las tantas perjudicadas por la circular Nº 1050 de la dictadura militar que disparó los intereses de créditos hipotecarios volviéndolos literalmente impagables.
Gómez habría presentado toda la documentación necesaria para acreditar que esa situación ya estaba regularizada pero se habría topado con supuestas demoras administrativas para darle curso y liberar su firma. Algunas versiones atribuyen a Fernando López, consejero del PRO, el haber dispuesto ese obstáculo burocrático por su pasado como empleado bancario.
La situación fue aprovechada por la presidente que convocó de urgencia a reunión de consejeros el 6 de enero para que Gómez, tesorera, y Meza, vicepresidente, intercambien cargos, ante la imperiosa necesidad de contar con una firma habilitada y poder concretar el pago a los inquietos proveedores.
Esa decisión fue respaldada por los que todavía conforman el arco oficialista: Russo, Meza, Gómez, Mabel Ledo y Michalzuk y Barbieri, que en la primera sesión ordinaria de febrero formalizarán la escisión de la bancada oficialista para conformar un bloque que ya tiene nombre: el ultra K. Los cuatro opositores - Lucei, López, Claudio Rojas y Lucía Scirripa - se opusieron.
La condición puesta por Gómez para acceder fue que el intercambio tuviese un preciso límite temporal: los 90 días que, en principio, estimó que podría ocuparle resolver la situación generada en la entidad bancaria. Gómez fue respaldada por Ledo, Michalzuk y Barbieri. Meza, más cerca que en otros tiempos de Giustozzi por intermedio de Russo, no tuvo nunca intención de respetar ese límite.
Según las mismas fuentes municipales, la intención de Meza habría recogido el respaldo de Giustozzi, temeroso del desarrollo del proceso judicial en marcha y con desconfianza creciente hacia el comportamiento político de Michalzuk y Barbieri, aliados de Gómez.
De forma inesperada, la situación de Gómez se destrabó el día 7 de enero y el 8, en la sesión extraordinaria prevista, se pasó a restituirla en el cargo de tesorera. La sesión en que fue puesta en dudas que ejerciera esa función, no consta en actas. “La verdad, con lo grandulón que es Mesa, no se explica que todavía crea en los Reyes”, comentó con sorna un allegado al gobierno municipal.
Volver para Golber
La misma extraordinaria del día 8 dio lugar a una situación insólita cuando Russo, presidente del Consejo, propuso tratar la restitución del mismo proveedor expulsado el año pasado por la presentación judicial contra Barbieri y Michalzuk. Cuando el Cuerpo adoptó esa medida lo hizo de forma unánime, a excepción de Meza, que se abstuvo.
Michalzuk y Barbieri lograron autorización del resto de los consejeros para ser eximidos de expresar opinión alguna con su voto. Fundamentaron su decisión en el hecho de ser los denunciados por Golber. De inmediato se pasó a votar y para sorpresa de muchos, el grueso del oficialismo – esto es, la Presidente, Russo, más Gómez y Ledo – se abstuvieron- mientras que lo hicieron de forma positiva Lucei, López y Rojas. Scirripa no participó de la sesión. Meza, también del oficialismo, acompañó esa decisión.
Lucei fue parte de la comitiva que acompañó a Golber a la entrevista que mantuvo con Barbieri el pasado 3 de octubre y que derivó en la gresca que dio origen a la denuncia penal presentada por el empresario.
Rojas, en teoría, se encuentra alineado con el ex intendente de Morón y ahora diputado nacional Martín Sabatella. También expresaría las mismas dudas de este legislador acerca de cuál es la actitud a adoptar por el progresismo bien pensante en medio de los marasmos desatados por la inminencia del fin de un ciclo político.
Meza, el oficialista conminado a acompañar a la oposición para contar con votos suficientes, no lograba salir de su asombro. Allegados al Consejo recordaron “el trato humillante” que le dio Giustozzi en una reunión convocada a expensas de su suegra y entonces presidente del organismo, Ana Romero, indignada con la abstención de Meza para expulsar a Golber. “Luis, uno tiene que ser claro. Se está o no se está con los ladrones” habría dicho el Intendente en ese encuentro según recordó uno de los participantes.
“Resulta que me tuve que bancar que me trate como un trapo de piso por abstenerme y ahora me manda a votar a favor de este tipo”, se habría lamentado Meza en estas horas que, según las mismas fuentes, exhibiría un estado de ánimo ciertamente depresivo.
Situación irregular
Las fuentes municipales que revelaron esta información insistieron en que además de la grotesca saga de reuniones informales del Consejo para resolver cuestiones tan sensibles, podría estar generándose una situación irregular con la contratación de Mica, la firma de Golber.
“A fin de año hubo una licitación para la provisión de alimentos a los colegios. Los cinco ganadores debieron entregar pagarés al Consejo en garantía por los servicios que se comprometieron a prestar y ante la eventualidad de un incumplimiento”, aseguraron para argumentar que, en efecto, técnicamente estarían incurriendo en uno.
Para facilitar la inclusión de Golber no solo se procedió al dudoso trámite de realizar cinco contrataciones directas por montos inferiores a 50.000 pesos pero por una global a 70.000. También se desafectó a un establecimiento por cada uno de los cinco proveedores que venían cubriéndolos luego de haberse impuesto en la compulsa de precios.
Un tema que tal vez motive una nueva intervención de Nicolás Dalesio, auditor general de la Dirección General de Escuelas, cuyo pronunciamiento crítico hacia el funcionamiento del Consejo Escolar de Almirante Brown fue motivo de arduos debates desde su puesta en circulación, el pasado 8 de diciembre, cuando el propio Giustozzi recibió en mano una copia del informe.
Treinta días atrás, el Intendente blandió la auditoria para reclamarle a Michalzuk su renuncia al cargo de consejero para el que fue reelecto y su incorporación inmediata como asesor legislativo del diputado provincial Franco Caviglia. Allegados al kirchnerismo, cada vez más lejos del oficialismo municipal, especularon que Giustozzi teme aparecer siquiera mencionado en la causa que investiga la Justicia de Lomas de Zamora.
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