Fue como protesta ante el probable juicio a los creadores del sitio de descargas. Las amenazas recaen también contra todos los dominios gob.ar. Se trata de la organización internacional de hackers Anonymous, el grupo de piratas cibernéticos más organizado, famoso y activo del mundo.
En enero pasado, atacaron el sitio web de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), para protestar contra iniciativas que pretenden combatir la piratería informática, y por el cierre del sitio de descargas gratuitas Megaupload. Ayer, volvieron a tomar represalias contra sitios locales. Esta vez, para manifestarse en contra del reclamo de un fiscal de pedir juicio oral contra los fundadores de Taringa! por presunta ‘promoción de la piratería’.
Se trata de la organización internacional de hackers Anonymous, el grupo de piratas cibernéticos más organizado, famoso y activo del mundo.
También, el que más simpatías despierta entre los defensores de la libertad de expresión para el universo virtual, que no son pocos ni en la Argentina ni en el resto del mundo.
Ayer, volvieron a poner el foco de sus ataques en sitios argentinos como represalia al pedido de elevación a juicio que solicitó la fiscal de instrucción Felisa Krasucki al juez Eduardo Daffis Niklison por la causa que se sigue adelante contra los hermanos Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama, dueños del sitio.
La funcionaria judicial busca que los creadores de Taringa! sigan los pasos de los fundadores de Megaupload y se conviertan en las primeras personas en ser juzgadas en la Argentina por permitir descargas de obras sin permiso de sus autores, en violación de la ley de propiedad intelectual, según se sostiene en la denuncia judicial.
La postura, obviamente, no es respaldada no sólo por Taringa, sino también por millones de usuarios de Internet que plantean el derecho a compartir, aprender y entretenerse libremente a partir de los contenidos que se suben al mundo virtual.
Entre este grupo se encuentra Anonymus. Y para visualizar su posición, ayer atacaron la web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estuvo fuera de servicio por varias horas. La embestida se denominó precisamente ‘Operativo Taringa!’. Pero el máximo tribunal de justicia podría no ser la única víctima de Anonymous si es que las advertencias se cumplen y también van por todos los sitios bajo la denominación gob.ar. Es decir, todas las páginas webs oficiales, que podrían ser bloqueadas por el grupo de hacktivistas.
De hecho, en diferentes redes sociales supuestos miembros de la organización dejaron links en los que se podría descargar el software que permite el ataque.
Varios sitios especializados de noticias informaron que alrededor de las 21 horas del martes un tweett del usuario @AnonymousSV_503 anunció que se estaba a punto de lanzar “la #OpTaringa (Operación Taringa)”.
Minutos después hubo otro Hashtag llamado #OpFuerza, donde se confirmó la intención de bloquear sitios de organismos oficiales. Casualidad o no, dos horas más tarde, el primer sitio en caer fue el de la Corte Suprema. Según fuentes del mercado, habría recibido el característico ataque por denegación de servicios (DDoS) que suele utilizar Anonymous en sus protestas digitales.
Pero mas allá de la efectividad o no de estos ataques, de lo que ha pasado con el cierre de Megaupload, o de la denuncia contra Taringa!, la batalla por las descargas por Internet se ha convertido en el mayor debate actual para el futuro virtual, justo cuando en todo el mundo se celebra un nuevo aniversario de la red de redes.
Y es la regulación de los derechos de autor contra el intercambio de archivos en Internet que impulsan un grupo de empresas y de gobiernos bajo la excusa o el argumento de proteger a los autores del abuso editorial, lo que impulsa esta guerra.
El problema es que quienes argumentan estas iniciativas lo hacen de la mano de legislaciones pensadas para un mundo más físico, más real, en el cual no existía la cultura virtual, la tecnología digital ni sus beneficios o, incluso hasta sus defectos o errores. Un debate que recién empieza. (La Política OnLine).
En enero pasado, atacaron el sitio web de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), para protestar contra iniciativas que pretenden combatir la piratería informática, y por el cierre del sitio de descargas gratuitas Megaupload. Ayer, volvieron a tomar represalias contra sitios locales. Esta vez, para manifestarse en contra del reclamo de un fiscal de pedir juicio oral contra los fundadores de Taringa! por presunta ‘promoción de la piratería’.
Se trata de la organización internacional de hackers Anonymous, el grupo de piratas cibernéticos más organizado, famoso y activo del mundo.
También, el que más simpatías despierta entre los defensores de la libertad de expresión para el universo virtual, que no son pocos ni en la Argentina ni en el resto del mundo.
Ayer, volvieron a poner el foco de sus ataques en sitios argentinos como represalia al pedido de elevación a juicio que solicitó la fiscal de instrucción Felisa Krasucki al juez Eduardo Daffis Niklison por la causa que se sigue adelante contra los hermanos Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama, dueños del sitio.
La funcionaria judicial busca que los creadores de Taringa! sigan los pasos de los fundadores de Megaupload y se conviertan en las primeras personas en ser juzgadas en la Argentina por permitir descargas de obras sin permiso de sus autores, en violación de la ley de propiedad intelectual, según se sostiene en la denuncia judicial.
La postura, obviamente, no es respaldada no sólo por Taringa, sino también por millones de usuarios de Internet que plantean el derecho a compartir, aprender y entretenerse libremente a partir de los contenidos que se suben al mundo virtual.
Entre este grupo se encuentra Anonymus. Y para visualizar su posición, ayer atacaron la web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estuvo fuera de servicio por varias horas. La embestida se denominó precisamente ‘Operativo Taringa!’. Pero el máximo tribunal de justicia podría no ser la única víctima de Anonymous si es que las advertencias se cumplen y también van por todos los sitios bajo la denominación gob.ar. Es decir, todas las páginas webs oficiales, que podrían ser bloqueadas por el grupo de hacktivistas.
De hecho, en diferentes redes sociales supuestos miembros de la organización dejaron links en los que se podría descargar el software que permite el ataque.
Varios sitios especializados de noticias informaron que alrededor de las 21 horas del martes un tweett del usuario @AnonymousSV_503 anunció que se estaba a punto de lanzar “la #OpTaringa (Operación Taringa)”.
Minutos después hubo otro Hashtag llamado #OpFuerza, donde se confirmó la intención de bloquear sitios de organismos oficiales. Casualidad o no, dos horas más tarde, el primer sitio en caer fue el de la Corte Suprema. Según fuentes del mercado, habría recibido el característico ataque por denegación de servicios (DDoS) que suele utilizar Anonymous en sus protestas digitales.
Pero mas allá de la efectividad o no de estos ataques, de lo que ha pasado con el cierre de Megaupload, o de la denuncia contra Taringa!, la batalla por las descargas por Internet se ha convertido en el mayor debate actual para el futuro virtual, justo cuando en todo el mundo se celebra un nuevo aniversario de la red de redes.
Y es la regulación de los derechos de autor contra el intercambio de archivos en Internet que impulsan un grupo de empresas y de gobiernos bajo la excusa o el argumento de proteger a los autores del abuso editorial, lo que impulsa esta guerra.
El problema es que quienes argumentan estas iniciativas lo hacen de la mano de legislaciones pensadas para un mundo más físico, más real, en el cual no existía la cultura virtual, la tecnología digital ni sus beneficios o, incluso hasta sus defectos o errores. Un debate que recién empieza. (La Política OnLine).
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