Ciudad: el frente Unen complica el pacto del PRO y los K en el Poder Judicial

Si la alianza de centroizquierda hace una buena elección podría desplazar al kirchnerismo como segunda minoría en la Legislatura porteña y así reclamar los lugares que hoy tiene el Frente para la Victoria en el Ministerio Público, que renueva sus autoridades en marzo. Es por eso que los K quieren renovarlas antes del recambio de diciembre. Quiénes suenan.

Una buena elección del frente de centroizquierda de la Capital no sólo podría alterar el statu quo en la Legislatura porteña sino que podría patear el tablero en el Poder Judicial de la Ciudad.

Es que en marzo de 2014 el Ministerio Público –que engloba a la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar- renueva sus autoridades en base a la composición y distribución de fuerzas de la Legislatura porteña. 

Es por eso que la primera minoría, el PRO, controla a la Fiscalía General a través de Germán Garavano, que maneja el 50 por ciento de los 450 millones de pesos de presupuesto que tiene el Ministerio Público. La segunda minoría, el kirchnerismo, controla la Defensoría General con Mario Kestelboim, que maneja el 35 por ciento de esas partidas. En tanto que la Asesoría General Tutelar está en manos de Laura Musa, de extracción radical.

En principio, el acuerdo existente entre el PRO y el kirchnerismo en el Poder Judicial iba a mantenerse para respetar el actual reparto. 

Para reemplazar a Garavano suena desde hace meses el legislador macrista Martín Ocampo, que responde al presidente de Boca, Daniel “Tano” Angelici, artífice de todos los acuerdos judiciales con el kirchnerismo.

Ocampo necesita 40 votos de sus compañeros legisladores para convertirse en fiscal general. Y si bien él jura que los tiene, deberá competir con otros candidatos del propio macrismo. En especial con el fiscal Agustín Gamboa, que es el candidato de Garavano y tiene el aval de José Torello, el rival interno de Angelici en el mundo judicial del PRO. Ocampo también competirá con otro candidato propuesto por Torello, el consejero de la Magistratura Santiago Otamendi, emparentado al Colegio de Montevideo.

El actual jefe los fiscales, Germán Garavano, que comenzó a sonar como el posible nuevo ministro de Justicia en un potencial desdoblamiento de la cartera que hoy conduce Guillermo Montenegro, será reemplazado por un hombre del macrismo.

Si el PRO y los K consiguen mantener el acuerdo, el kirchnerista Mario Kestelboim será reemplazado en la Defensoría por otro kirchnerista. El nombre que suena con más fuerza es el del camarista Horacio Corti, que fue presidente del Consejo de la Magistratura.

En tanto que en la Asesoría General Tutelar, suena desde hace meses el nombre de la asesora adjunta, María de los Ángeles Burundarena, una radical de buen diálogo con el PRO, para reemplazar a Musa. 

Amenaza 
Pero las perspectivas electorales del frente que integran Pino Solanas, Elisa Carrió, Alfonso Prat Gay y Rodolfo Terragno, entre otros, ponen en jaque al acuerdo.

En teoría los nuevos mandatos en la Fiscalía General, la Defensoría General de la Ciudad y la Asesoría General Tutelar serán aprobados por la Legislatura este año. 

Y si este frente logra una buena cantidad de legisladores en octubre y por sobre todo, se mantiene unido, podría superar en número al bloque del Frente para la Victoria, que actualmente tiene 8 legisladores y pone en juego 3 bancas.

Si esto sucede, el frente Unen va a reclamar el puesto privilegiado que hoy goza el kirchnerismo en el Poder Judicial porteño.

En el kirchnerismo están al tanto de que el PRO ya dio indicios de que el acuerdo podría caerse. Es que para como anticipó LPO, para convencer a los legisladores de Proyecto Sur de que votaran el pliego de la jueza Inés Weinberg de Roca para ocupar la vacante en el Tribunal Superior de Justicia, el macrismo le habría ofrecido la Defensoría General a Julio Raffo, el titular del bloque que ahora integra la lista de Carrió en cuarto lugar con escasas chances de entrar al Congreso.

El frente Unen también reclamará la presidencia de la Defensoría del Pueblo que deberá dejar Alicia Pierini. Este organismo es atractivo puesto que tiene un presupuesto de 180 millones de pesos y un mandato de 7 años.

El PRO no deberá olvidar que para convencer a los legisladores de Claudio Lozano de que le votaran el pliego de Weinberg, el PRO le habría ofrecido un lugar a Laura García Tuñón en la Defensoría del Pueblo y un espacio en la Asesoría Tutelar a María América González, a quienes se les vencen las bancas en diciembre.

En este contexto, el kirchnerismo busca convencer al PRO –y tendría el visto bueno de Angelici- para tratar el paquete entero antes del recambio legislativo de diciembre, para usar de referencia para el reparto a la actual composición legislativa que le es favorable. (La Política OnLine).