Así lo hizo el diputado provincial Walter Martello (CC-ARI). Alertó por las faltas de inversiones, pese a los importantes aumentos en los precios del peaje que se instrumentaron en los últimos 2 años. Y afirmó que la participación de Cristóbal López en esa concesión “viola la Ley de Medios”.
Tras el accidente múltiple que se registró en la Ruta 2, que produjo víctimas fatales, el presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica-ARI, Walter Martello, afirmó que la concesión de esa autovía “presenta groseras irregularidades que venimos denunciando desde hace tiempo”.
“Mandamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas. Ante la gravedad de lo ocurrido, tenemos la obligación de llegar al fondo de esta cuestión. A la concesionaria, en los últimos años, le habilitaron importantes aumentos en los peajes en la Provincia, y el estado de los caminos es deplorable”, dijo Martello.
Luego de aseverar que le cabe gran responsabilidad a la concesionaria por lo ocurrido al no haber tomado medidas preventivas ante la quema de pastizales -de hecho hay antecedentes judiciales que así lo acreditan- Martello recordó que “lamentablemente las autoridades provinciales, y una parte importante de la oposición, miraron para otro lado mientras nosotros denunciamos el deterioro alarmante de la ruta 2 y 11, y los negocios oscuros que se tejieron en torno a esta situación”.
El diputado citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia (“Ferreyra", 21/03/06), donde el ministro Ricardo Lorenzetti aseguró que “el ciudadano común que accede a una ruta concesionada tiene una confianza fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad… El concesionario no asume una obligación de dar el uso y goce de una cosa, sino de prestar un servicio… Existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles”.
Además, el legislador subrayó que uno de los accionistas de la empresa encargada de la concesión es el zar kirchnerista del juego, Cristóbal López. Según Martello, la participación del empresario K –que también explota el casino flotante de Puerto Madero y las tragamonedas del Hipódromo de Palermo, entre otros negocios millonarios- “es claramente violatoria de la Ley de Medios. Específicamente en lo que se refiere al artículo 25, que dispone que las personas que accedan al proceso de adjudicación de las licencias de medios audiovisuales no deberán poseer más del 10% de participación accionaria en empresas de servicios que tengan a su cargo la concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”.
Cabe que consignar que el 30 de junio del año 2011, el gobierno bonaerense firmó con tres grupos empresarios -BENITO ROGGIO E HIJOS S.A, ESUCO S.A (de Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) y HELPORT S.A (de Eduardo Eurnekián)- el traspaso de la explotación y mantenimiento, por el término de 30 años, de las rutas 2 y 11.
De este modo, la nueva concesionaria, que adquirió la forma de una Unión Transitoria de Empresas conocida como “Autovía del Mar”, se hizo cargo del sistema vial (en reemplazo de las empresas Covisur y de Camino del Atlántico), que asimismo incluye otras rutas que conducen a la Costa como la 36, 56, 63 y 74.
Al año siguiente, el 18 de abril de 2012, el ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, firmó una resolución mediante la cual se autorizó el ingreso de la constructora CPC S.A, vinculada con Cristóbal López a Autovía del Mar.
Al analizar la composición accionaria de CPC SA, surge que el zar kirchnerista del juego es director suplente de la firma. El vice de la compañía es la mano derecha de Cristóbal, Fabián de Sousa, que sería un hombre clave en la gestión de los medios de comunicación del grupo. En tanto, el presidente de CPC es Osvaldo Manuel de Sousa, familiar del principal colaborador del zar del juego.
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