La reducción de impuestos tendrá un impacto de $ 20 mil millones frente a los $ 40 mil millones que había logrado recuperar.
La necesidad de que las provincias sean parte del ajuste fiscal acordado con el FMI pone a la provincia de Buenos Aires en una encrucijada. El reclamo a la Nación del resto de las jurisdicciones como condición para participar del ajuste, consiste en que la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires se hagan cargo de los subsidios a la energía (Edenor y Edesur), al transporte y a la provisión de agua potable (AySA). En esta discusión estarían en juego una cifra en torno a los $100.000 millones.
La Provincia ha sido históricamente discriminada por el régimen de coparticipación en el cual fue aportante neta (con un PBG que representa 35% del total recibe el 21% de coparticipación). Parte de esta discriminación se trató de corregir con el último consenso fiscal, en el que como resultado de la eliminación del Fondo del Conurbano y otras asignaciones especiales del Impuesto a las Ganancias recibiría $20.000 millones adicionales de coparticipación impositiva (en función de la recaudación estimada para 2018 de dicho impuesto). Además se acordó que la Nación en 2018 le transferirá $21.000 millones adicionales como compensación relacionada a la eliminación del Fondo del Conurbano. Es decir, por ambos conceptos ingresaría a las arcas de la Provincia un monto aproximado de $41.000 millones para el presente año.
Como parte de ese mismo consenso fiscal las provincias se comprometieron a reducir la presión impositiva sobre el impuesto a los Ingresos Brutos (básicamente entre jurisdicciones, a la industria y al sector primario) y Sellos.
La provincia de Buenos Aires acompañó el acuerdo con cuatro reformas impositivas incluidas en la ley de presupuesto de 2018:
- Se redujo la sobretasa del Impuesto a los Ingresos Brutos (IB) en las operaciones de extraña jurisdicción (se eliminó la discriminación en la aplicación de las alícuotas en función de la ubicación del establecimiento).
- Se disminuyó al 1,5% la alícuota de IB aplicable a las actividades de producción de bienes y se estableció tasa 0% para la actividad primaria, contratistas rurales y molinos e industriales aceiteros. En lo que respecta a la construcción, se redujo la alícuota del impuesto (del 4% al 3%).
- En materia de Sellos, se redujo la alícuota de venta de propiedades pasando del 3,6% al 2%. Para la venta de autos 0 km se redujo la alícuota de Sellos y de Ingresos Brutos al 2,5% (antes esos impuestos aplicaban alícuotas del 3% y 3,5% respectivamente).
- En el Impuesto Inmobiliario, con el objeto de corregir la distorsión generada por la diferencia entre el valor fiscal de los inmuebles y su valor de mercado, la Provincia decidió llevar adelante un revalúo.
El Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural muestra un incremento significativo en términos reales: en el primer semestre de 2018 es del 23,4% y 60 % respectivamente, explicado básicamente por la reforma citada (cabe aclarar que la variación interanual acumulada a junio presenta un aumento del 102% dado que en dicho mes opera un vencimiento adicional respecto al 2017). Según el Presupuesto 2018, se prevé un incremento nominal de este impuesto (Urbano y Rural) por unos 7 mil millones. Pero cabe aclarar que el revalúo señalado explica una parte de este incremento por un monto en torno de los 4 mil millones.
La contracara de este resultado es el monto recaudado en concepto de Ingresos Brutos que concentra el grueso de la recaudación provincial (alrededor del 70% del total recaudado en 2017). Puede observarse que la recaudación del primer semestre muestra una caída en términos reales en relación al año anterior del 2,9%. El comportamiento difiere claramente con el observado en IVA-DGI (mercado interno), en donde la dinámica de ambos tributos se relaciona con el nivel de actividad económica. Por ende, la diferencia en el desempeño podría obedecer a la reforma llevada a cabo por la Provincia.
A partir de 2018 los senderos de crecimiento de ambos tributos se bifurcan claramente. En el mes de junio (último mes informado) el IVA-DGI aumenta en términos interanuales un 46,9% en tanto que IB lo hace en un 19,3%.
Puede sacarse como conclusión que el impacto de la reforma impositiva en IB fue muy significativa. Una estimación conservadora muestra una pérdida de recaudación que anualizada sería del orden de los $17.000 millones.
Además, la reforma también afectó la recaudación del impuesto de Sellos, ya que a pesar de observase en el primer semestre un crecimiento del 10% en los patentamientos, presenta un leve aumento en la recaudación del impuesto en términos reales (1,5%). Esto estaría explicado por la baja de la alícuota oportunamente citada.
COMPENSACIÓN
Parte de estas pérdidas serían compensadas por el aumento del Impuesto Inmobiliario señalado más arriba. En resumen, el resultado neto de la reforma impositiva arrojaría una pérdida de recursos en el orden de los $15.000 millones.
Luego, en el marco del debate por los aumentos tarifarios, la Provincia decidió eliminar los impuestos que recaían sobre los consumos de luz y gas. Nuevamente esta reforma implicó una pérdida de recursos que anualizado significarían más de $5.000 millones (cabe aclarar que tales impuestos se eliminaron en el mes de abril y tuvieron efecto en la recaudación de junio).
En resumen, más de la mitad de los recursos obtenidos en compensación por el Fondo del Conurbano la Provincia los cedió como parte de la reforma impositiva y la eliminación de los impuestos energéticos. Es decir, perdió más de la mitad del Fondo del Conurbano.
Y esto pone a la Provincia en situación de estrés fiscal para el año 2019 y limita los márgenes para hacerse cargo de los subsidios al transporte y la energía que hoy financia la Nación.
Por MARCELO GARRIGA
WALTER ROSALES
NORBERTO MANGIACONE
(Blog de Economía del Sector Público) (El Día).
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