LA PLATA, Setiembre 28, (PUNTO CERO) A través de un pedido de informes ingresado en las últimas horas en la Legislatura, el senador Enrique M. Honores (UCR) pregunta al Poder Ejecutivo bonaerense “cuántos Juzgados de Transición continúan cumpliendo sus funciones en los distintos Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires” y cuándo estima que se podrá realizar la disolución definitiva de dichos organismos, la que debió de haber operado -según lo determinado originariamente- hace seis años.
El legislador radical también desea saber cuántas causas que se tramitaron en los Juzgados de Transición fueron cerradas por la causal de prescripción, individualizadas por Departamento Judicial y Juzgado de Transición, y por el tipo de delito.
En los fundamentos de su iniciativa recuerda el senador Honores que en 1998 entró en vigencia el nuevo Código de Procedimientos Penal, una reforma de espíritu garantista que introdujo profundas modificaciones en el Poder Judicial bonaerense. “Los fiscales pasaron a ocupar el centro de la escena al hacerse cargo de las investigaciones -dice-, y los jueces, en este caso los de Transición, tuvieron que tomar a su cargo la continuidad de todas las causas pendientes y, en consecuencia, seguir dando respuesta a los asuntos aún en trámite e investigación”.
Tras expresar que a esos Juzgados se les confió las miles de causas que aún no tenían resolución y que habían sido iniciadas cuando regía el Código Jofré, que a partir de la reforma dejaba de aplicarse, señala el senador Honores que “la ley establecía que los Juzgados serían disueltos en dos años y que todos los casos que quedaran pendientes para esa fecha serían adaptados al nuevo sistema, cosa que nunca sucedió. Llegó el 1 de enero de 2.000 -sostiene- y la situación obligó a que se prorrogara la Transición hasta enero de 2.003, y como entonces tampoco se había completado la tarea, a partir de ese momento la Suprema Corte de Justicia comenzó a dictar sucesivas resoluciones extendiendo la vida de los Juzgados de Transición indefinidamente”.
Recientes investigaciones e informes sobre la situación de estos Juzgados, uno de ellos producido por el diario “La Capital” de Mar del Plata, dan cuenta de la preocupación de la comunidad sobre el estado y avance de las causas. “Como representantes del pueblo -subraya Honores- no podemos dejar de tener en cuenta esas conclusiones sobre el Poder del Estado que resuelve sobre la vida, la seguridad y la propiedad de todos los habitantes de la Provincia, por lo que el Poder Ejecutivo deberá brindar la respuesta a todos estos interrogantes y dar plena satisfacción al funcionamiento cabal del sistema republicano de Gobierno”. (PUNTO CERO).
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