La diputada Maricel Etchecoin Moro presentó una Solicitud de Informes ante la Legislatura bonaerense para que el ministro de Justicia, Ricardo Casal, explique el alcance de recientes declaraciones suyas en las que parece alentar la “desfederalización” del delito de trata de personas.
En los Fundamentos del pedido, la legisladora señaló que el ministro Casal enunció la idea de proponer al Gobierno Nacional un procedimiento de complementariedad entre las justicias federal y provincial para que esta última pueda intervenir en la investigación, sanción y penalización del delito de trata.
Dado que con posterioridad a esas manifestaciones el ministro no precisó el alcance de la propuesta, se dio a entender que se instaría a una “desfederalización” del delito de la trata de personas, y así fue interpretado por diversos medios de prensa.
Etchecoin Moro rechazó esa posibilidad y recordó que la Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, “establece que el delito de la trata de personas es de materia federal, con lo cual sólo tiene injerencia en su tratamiento, investigación y condena la Justicia Federal”.
“Ello permite que los jueces y fiscales federales transiten las diferentes jurisdicciones -sin pedidos formales en cada provincia- en busca de los responsables, lo que debiera darle mayor celeridad al proceso penal”, señaló.
Al reclamar aclaraciones sobre la postura oficial, Etchecoin Moro recordó que en el dictamen de comisión que precedió la aprobación de la ley 26.364, se manifestó que a los fines de “establecer la competencia federal, nos ha resultado absolutamente imprescindible establecer que el delito de trata es un delito de competencia federal. Esto es central para combatir con eficacia este delito y dar herramientas de gestión a los organismos con dicho objetivo”.
En los Fundamentos del pedido, la legisladora señaló que el ministro Casal enunció la idea de proponer al Gobierno Nacional un procedimiento de complementariedad entre las justicias federal y provincial para que esta última pueda intervenir en la investigación, sanción y penalización del delito de trata.
Dado que con posterioridad a esas manifestaciones el ministro no precisó el alcance de la propuesta, se dio a entender que se instaría a una “desfederalización” del delito de la trata de personas, y así fue interpretado por diversos medios de prensa.
Etchecoin Moro rechazó esa posibilidad y recordó que la Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, “establece que el delito de la trata de personas es de materia federal, con lo cual sólo tiene injerencia en su tratamiento, investigación y condena la Justicia Federal”.
“Ello permite que los jueces y fiscales federales transiten las diferentes jurisdicciones -sin pedidos formales en cada provincia- en busca de los responsables, lo que debiera darle mayor celeridad al proceso penal”, señaló.
Al reclamar aclaraciones sobre la postura oficial, Etchecoin Moro recordó que en el dictamen de comisión que precedió la aprobación de la ley 26.364, se manifestó que a los fines de “establecer la competencia federal, nos ha resultado absolutamente imprescindible establecer que el delito de trata es un delito de competencia federal. Esto es central para combatir con eficacia este delito y dar herramientas de gestión a los organismos con dicho objetivo”.
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