Luego de que se conociera que las ofertas de las empresas para el nuevo contrato de recolección de residuos rondaría los 2800 millones de pesos, el PRO piensa en un nuevo llamado a licitación por un período más extenso para permitir la modernización del servicio. La situación de los cartoneros.
En la Legislatura porteña se comenzó a analizar una alternativa para afrontar el problema de los contratos de recolección de la basura de la Ciudad, un tema de prioridad máxima para el gobierno de Mauricio Macri, que observa alarmado como se dispararon los costos en las empresas del sector.
Como anticipó La Política Online, Mauricio Macri no está para nada conforme con las estimaciones que se hacen con respecto a la apertura del sobre dos de la licitación a la que se presentaron las mismas empresas que recogen los residuos actualmente.
Es que las ofertas de las empresas rondan los 2800 millones de pesos, mil millones más de lo que la Ciudad destina actualmente de su presupuesto a esa actividad.
Como pudo saber este medio, en la Legislatura se está trabajando para resolver el problema con una iniciativa que contaría con el aval del Ejecutivo. El objetivo es anular la actual licitación o directamente ignorarla, para sacar una ley para licitar la basura por un período de ocho años.
Se trata de un regreso a las fuentes. Al inicio de la gestión de Macri, el entonces ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, intentó avanzar en ese sentido en la legislatura, pero torpezas políticas obligaron al Ejecutivo a retirar el proyecto y avanzar con prórrogas de los contratos, que se extiende hasta hoy.
Luego se decidió avanzar con una licitación "corta", esto es de hasta 4 años, que no requiere aval legislativo. Pero al conocer los números que estarían presentados en el famosos "sobre dos", Macri pegó el gito en el cielo y ahora se vuelve a pensar en la licitación larga y con aval legislativo.
Es que finalmente macri cayó en la cuenta que estaba exigiendo la cuadratura del círculo. Licitaciones cortas, mejoras en el servicio, modernización de la tecnología de recolección y costos bajos. "Las inversiones van en línea con la duración de la licitación por los tiempos que se requieren para recuperar lo que se invierte", explicó a LPO un empresario del sector.
La argumentación principal es que no se le puede exigir a las empresas que en un contrato corto modernicen el servicio, obligándolas a renovar toda la flota con camiones de carga lateral y distribuir containers en toda la Ciudad y esperar que no cobren cifras astronómicas como la que se estipula para el sobre dos de la licitación. "O le damos mas tiempo o suben los costos", sintetizó a este medio un funcionario del gobierno porteño.
Según pudo saber LPO, para que las empresas amorticen el gasto por cada camión nuevo, que supera los 300 mil dólares, se necesitan entre 5 y 7 años de contrato. Actualmente, los contratos se prorrogan a modo de parche, año a año o cada dos años, por lo que las empresas no terminan de hacer inversiones fuertes y la modernización del servicio se posterga.
La elaboración de un contrato de ocho años contaría con el visto bueno de las empresas, que entonces propondrían no abrir el sobre dos para no quedar expuestas ante el número elevado de sus ofertas, que ya generó polémica en el ámbito político porteño.
Por otra parte, si se produjera un nuevo llamado a licitación se permitiría que las empresas utilicen camiones de cierta antigüedad, para que no tengan que renovar toda la flota y agreguen esos gastos a sus ofertas.
El frente gremial y los cartoneros
Otro de los desafíos del nuevo servicio que imaginan Macri y su ministro de Espacio Público, Diego Santilli, está vinculado al frente gremial. Es que con los nuevos camiones de carga lateral de containers, cada unidad necesitaría un chofer y sólo otro trabajador más, no dos como tienen actualmente que la basura se recoge a mano, casa por casa.
Eso dejaría a unos 2000 trabajadores sin tareas. Si bien en un primer momento Macri quería que los echaran, ahora habría cambiado de parecer y esos trabajadores serían reasignados en otras tareas. De esta manera, el macrismo se ahorraría un duro conflicto con Hugo Moyano.
Se suma a esta situación el conflicto creciente con los cartoneros. El gobierno de Macri viene recibiendo reclamos por parte de un grupo de cartoneros nucleados en la CTA que exigen que se los formalice como trabajadores, como ya ocurrió con unos 2600 trabajadores de esa actividad.
Desde la central obrera dijeron a LPO que el gobierno responde que no cuenta con los recursos necesarios. Pero el problema excede el conflicto laboral y se vincula con los millones que genera el negociod e la basura. De hecho, el macrismo ya gasta 100 millones en los cartoneros, que sin embargo prestan un servicio muy deficiente y por falta de conducción del Estado, contribuyen a agravar el problema de la suciedadd e las calles más que a solucionarlo.
El tema de blanquear la actividad de los cartoneros, no sólo obliga a cambiar una cultura de la informalidad laboral, sino que además toca delicados intereses como los que administra el ex jefe de Gabinete de Piccardo, el abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que es quien maneja en los hechos el programa de formalización de los cartoneros. Sin mencionar que además existe una mafia que se está enriqueciendo con esta actividad.
Pero se trata de un problema central si se quiere tener una ciudad más limpia. Las encuestas que maneja el PRO señalan una contradicción. Buena parte de los porteños cree que el servicio de recolección de residuos es bueno pero que a pesar de eso la Ciudad está sucia.
Entre las varias razones para que eso suceda, en el PRO apuntan principalmente a la falta de integración de los cartoneros en el sistema de recolección de residuos. Es que los tres mil y cuatro mil cartoneros recorren la Ciudad por las noches y, sobre todo en el microcentro, arrojan la basura que no utilizaban en las calles. Cuando pasan los camiones recolectores, gran parte de esa basura ya esta desparramada por la vía pública. Y ahí se queda.
Para evitar este contratiempo, en el macrismo piensan en un plan de selección en origen que separe a los residuos sólidos secos, como papeles y cartones, al estilo de las ciudades europeas. Con este plan, se les exigiría a los cartoneros que recolecten bolsas específicas que luego ellos transportarían a los centros de reciclado.
Para esto, el gobierno no sólo tendría que construir nuevos centros de reciclado sino que tendría que hacer dos campañas de concientización. Una para los cartoneros, a quienes les exigirían que no desparramen la basura sino que se limiten a recolectar las bolsas con residuos secos para transportarlas a los centros de reciclado. Y otra para que los porteños modifiquen su manera de deshacerse de sus residuos.
Como esto difícilmente tenga un impacto fuerte en el corto plazo, en el macrismo comenzarían por exigirle a los grandes generadores de papel, como los bancos y supermercados, que seleccionen su basura y la dispongan en diferentes bolsas. De esta manera, los cartoneros retirarían esas bolsas antes que el compactador.
Los jugadores
Los principales beneficiarios con los contratos de la basura son Gabriel Romero, de Emepa, a través de la empresa Nitida; el Grupo Roggio, con la empresa Cliba y el grupo Pescarmona en sociedad con Martin & Martín, mediante la empresa Integra. (La Política OnLine).
En la Legislatura porteña se comenzó a analizar una alternativa para afrontar el problema de los contratos de recolección de la basura de la Ciudad, un tema de prioridad máxima para el gobierno de Mauricio Macri, que observa alarmado como se dispararon los costos en las empresas del sector.
Como anticipó La Política Online, Mauricio Macri no está para nada conforme con las estimaciones que se hacen con respecto a la apertura del sobre dos de la licitación a la que se presentaron las mismas empresas que recogen los residuos actualmente.
Es que las ofertas de las empresas rondan los 2800 millones de pesos, mil millones más de lo que la Ciudad destina actualmente de su presupuesto a esa actividad.
Como pudo saber este medio, en la Legislatura se está trabajando para resolver el problema con una iniciativa que contaría con el aval del Ejecutivo. El objetivo es anular la actual licitación o directamente ignorarla, para sacar una ley para licitar la basura por un período de ocho años.
Se trata de un regreso a las fuentes. Al inicio de la gestión de Macri, el entonces ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, intentó avanzar en ese sentido en la legislatura, pero torpezas políticas obligaron al Ejecutivo a retirar el proyecto y avanzar con prórrogas de los contratos, que se extiende hasta hoy.
Luego se decidió avanzar con una licitación "corta", esto es de hasta 4 años, que no requiere aval legislativo. Pero al conocer los números que estarían presentados en el famosos "sobre dos", Macri pegó el gito en el cielo y ahora se vuelve a pensar en la licitación larga y con aval legislativo.
Es que finalmente macri cayó en la cuenta que estaba exigiendo la cuadratura del círculo. Licitaciones cortas, mejoras en el servicio, modernización de la tecnología de recolección y costos bajos. "Las inversiones van en línea con la duración de la licitación por los tiempos que se requieren para recuperar lo que se invierte", explicó a LPO un empresario del sector.
La argumentación principal es que no se le puede exigir a las empresas que en un contrato corto modernicen el servicio, obligándolas a renovar toda la flota con camiones de carga lateral y distribuir containers en toda la Ciudad y esperar que no cobren cifras astronómicas como la que se estipula para el sobre dos de la licitación. "O le damos mas tiempo o suben los costos", sintetizó a este medio un funcionario del gobierno porteño.
Según pudo saber LPO, para que las empresas amorticen el gasto por cada camión nuevo, que supera los 300 mil dólares, se necesitan entre 5 y 7 años de contrato. Actualmente, los contratos se prorrogan a modo de parche, año a año o cada dos años, por lo que las empresas no terminan de hacer inversiones fuertes y la modernización del servicio se posterga.
La elaboración de un contrato de ocho años contaría con el visto bueno de las empresas, que entonces propondrían no abrir el sobre dos para no quedar expuestas ante el número elevado de sus ofertas, que ya generó polémica en el ámbito político porteño.
Por otra parte, si se produjera un nuevo llamado a licitación se permitiría que las empresas utilicen camiones de cierta antigüedad, para que no tengan que renovar toda la flota y agreguen esos gastos a sus ofertas.
El frente gremial y los cartoneros
Otro de los desafíos del nuevo servicio que imaginan Macri y su ministro de Espacio Público, Diego Santilli, está vinculado al frente gremial. Es que con los nuevos camiones de carga lateral de containers, cada unidad necesitaría un chofer y sólo otro trabajador más, no dos como tienen actualmente que la basura se recoge a mano, casa por casa.
Eso dejaría a unos 2000 trabajadores sin tareas. Si bien en un primer momento Macri quería que los echaran, ahora habría cambiado de parecer y esos trabajadores serían reasignados en otras tareas. De esta manera, el macrismo se ahorraría un duro conflicto con Hugo Moyano.
Se suma a esta situación el conflicto creciente con los cartoneros. El gobierno de Macri viene recibiendo reclamos por parte de un grupo de cartoneros nucleados en la CTA que exigen que se los formalice como trabajadores, como ya ocurrió con unos 2600 trabajadores de esa actividad.
Desde la central obrera dijeron a LPO que el gobierno responde que no cuenta con los recursos necesarios. Pero el problema excede el conflicto laboral y se vincula con los millones que genera el negociod e la basura. De hecho, el macrismo ya gasta 100 millones en los cartoneros, que sin embargo prestan un servicio muy deficiente y por falta de conducción del Estado, contribuyen a agravar el problema de la suciedadd e las calles más que a solucionarlo.
El tema de blanquear la actividad de los cartoneros, no sólo obliga a cambiar una cultura de la informalidad laboral, sino que además toca delicados intereses como los que administra el ex jefe de Gabinete de Piccardo, el abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que es quien maneja en los hechos el programa de formalización de los cartoneros. Sin mencionar que además existe una mafia que se está enriqueciendo con esta actividad.
Pero se trata de un problema central si se quiere tener una ciudad más limpia. Las encuestas que maneja el PRO señalan una contradicción. Buena parte de los porteños cree que el servicio de recolección de residuos es bueno pero que a pesar de eso la Ciudad está sucia.
Entre las varias razones para que eso suceda, en el PRO apuntan principalmente a la falta de integración de los cartoneros en el sistema de recolección de residuos. Es que los tres mil y cuatro mil cartoneros recorren la Ciudad por las noches y, sobre todo en el microcentro, arrojan la basura que no utilizaban en las calles. Cuando pasan los camiones recolectores, gran parte de esa basura ya esta desparramada por la vía pública. Y ahí se queda.
Para evitar este contratiempo, en el macrismo piensan en un plan de selección en origen que separe a los residuos sólidos secos, como papeles y cartones, al estilo de las ciudades europeas. Con este plan, se les exigiría a los cartoneros que recolecten bolsas específicas que luego ellos transportarían a los centros de reciclado.
Para esto, el gobierno no sólo tendría que construir nuevos centros de reciclado sino que tendría que hacer dos campañas de concientización. Una para los cartoneros, a quienes les exigirían que no desparramen la basura sino que se limiten a recolectar las bolsas con residuos secos para transportarlas a los centros de reciclado. Y otra para que los porteños modifiquen su manera de deshacerse de sus residuos.
Como esto difícilmente tenga un impacto fuerte en el corto plazo, en el macrismo comenzarían por exigirle a los grandes generadores de papel, como los bancos y supermercados, que seleccionen su basura y la dispongan en diferentes bolsas. De esta manera, los cartoneros retirarían esas bolsas antes que el compactador.
Los jugadores
Los principales beneficiarios con los contratos de la basura son Gabriel Romero, de Emepa, a través de la empresa Nitida; el Grupo Roggio, con la empresa Cliba y el grupo Pescarmona en sociedad con Martin & Martín, mediante la empresa Integra. (La Política OnLine).
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