Los establecimientos educativos de gestión privada de la Provincia deberán rematricular en el mismo establecimiento a los alumnos que lo soliciten, más allá de su situación de promoción, según los estableció la directora General de Cultura y Educación, Silvina Gvirtz, con la firma de la Resolución Nº 329. Los alumnos de los niveles primario y secundario de las escuelas privadas que repiten el año escolar, podrán continuar sus estudios en el mismo colegio. “Los colegios privados deben responsabilizarse por la educación de todos sus alumnos. Porque educar significa educar a quienes no tienen problemas de aprendizaje y a quienes sí los tienen”, aseguró Gvirtz en relación a los alcances de la norma. La resolución, que también lleva la firma de los subsecretarios de Educación y de Gestión Educativa, Claudia Bracchi y Leonardo Biondi, establece que “todo convenio, acuerdo, contrato o reglamento que propongan los establecimientos educativos de gestión privada a las familias y los alumnos deberá respetar sus derechos y la continuidad de la escolaridad, de acuerdo en la Ley Provincial de Educación”. La norma tiende a “impedir todo tipo de discriminación”, explicó Gvirtz y puntualizó que “impide que los colegios le nieguen la vacante para el año siguiente a los estudiantes por el hecho de repetir, por lo que el no haber promocionado no servirá como argumento para negar la continuidad en la misma escuela”. Si bien aclaró que “la mayoría de las escuelas no tiene la actitud de dejar sin banco a los repitentes”, Gvirtz consideró que “asegurarle la continuidad a aquellos que les va bien y obligar a quienes no les va tan bien a irse, es una actitud que genera escuelas elitistas”. Y apuntó: “Son instituciones que hacen gala de vivir en un país que ya no queremos, con escuelas de primera para quienes no tienen ningún problema y escuelas de segunda para aquellos que requieren más apoyo”. El incumplimiento de la Resolución por parte de los establecimientos de educación de gestión privada será considerado “una falta muy grave”, en tanto que encomienda a la dirección provincial de Educación de Gestión Privada, a través de los inspectores de enseñanza, a analizar y resolver “los casos particulares de matriculación que se puedan presentar”.

La secretaría de Niñez y Adolescencia recibió durante marzo, a través de la Línea 102, un total de 464 llamados telefónicos por situaciones de vulneración de derechos en niños.

Del total de comunicaciones, 275 correspondieron a llamados para pedir asesoramiento sobre el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de los niños, mientras que los restantes fueron denuncias por vulneración de derechos que involucraron a 319 niños, niñas o adolescentes.

El informe detalla que, de esos 189 llamados, casi el 50 por ciento, es decir 92 comunicaciones fueron originados por situaciones de maltrato en algunas de sus formas: físico, emocional o psicológico, o por violencia familiar vivenciada por niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro aseguró que “en el caso del maltrato infantil, la intervención del Estado va más allá de las medidas de protección, sino que también trabaja en un largo proceso sobre las consecuencias que estas situaciones pueden generar en el desarrollo de los niños”.

“El maltrato sufrido por niños y niñas no sólo provoca consecuencias en el corto plazo sino que también puede generar efectos en su futura vida adulta. Sin intervención temprana y adecuada, ese sufrimiento padecido impactará en el desarrollo de la salud física, psicológica y social de la persona”, agregó el funcionario.

La Línea 102 brinda respuesta gratuita las 24 horas y los 365 días del año en temas relacionados con la promoción y protección de los Derechos de los niños. Además, tiene la posibilidad, si la cuestión lo requiere, de derivar cada caso al dispositivo correspondiente tanto del Sistema de Promoción y Protección de Derechos como de otros efectores del Estado.
El maltrato y la intervención de la Línea 102

Susana Garaña Morales, psicóloga del equipo que coordina la Línea 102, aseguró que “al tomar conocimiento de una posible situación de maltrato infantil, se reúnen todos los datos posibles sobre el niño, niña o adolescente y se comunica los datos al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos correspondiente, para que puedan intervenir, comprobar la veracidad de la llamada y supervisar el estado de esa situación”.

Y agregó que “cada operador sigue un protocolo de acción que permite recolectar datos que faciliten la identificación de niños y niñas para su protección. A su vez, en casos de posible maltrato físico, se articula con el Programa de Atención de Violencia Familiar que se desarrolla en hospitales públicos para garantizar la atención integral de los chicos”.