La Dirección de Auditoría de Control de Gestión de la Dirección General de Cultura y Educación detalló manejos indebidos en la documentación para adjudicar obras. Sin embargo, concluye que el modo de trabajo estaba “agravado” por una “profunda crisis política-institucional”.
La Dirección de Auditoría de Control de Gestión de la Dirección General de Cultura y Educación se expidió sobre la denuncia radicada por los consejeros Cristina Locastro, Gustavo Palacios y Fabio Aranda en la que exponían presuntas irregularidades administrativas de las consejeras Verónica Rodríguez Carer, Miriam Duo y Graciela Bianchi. En la denuncia se mencionaron manejos que no tenían un correlato con lo establecido por el manual de procedimiento, y que implicaban gastos de dinero en los que no aparecían los comprobantes. Se hablaba, además, de empresas contratadas a dedo y sin pasar por el recinto del cuerpo.
En tal sentido, el área de Auditoría revisó cada detalle y emitió un escrito de ocho carillas en el que se ratificaron varios de los puntos denunciados. Se mencionaron, al menos, dos empresas proveedoras que no figuran inscriptas en AFIP, faltante de documentación técnica, de análisis de ofertas, ni memoria descriptivas de las obras. También se subrayaron contradicciones entre actas o "contrataciones sin saber fehacientemente la conveniencia".
Por ejemplo, la dirección marcó uno de los casos donde se encontraron irregularidades en la adjudicación de obras en la EPB N° 7. Allí, entre las falencias, se mencionan la falta de un acta en la que el Consejo Escolar indique el "acuerdo para ejecutar las tareas", la disposición de urgencia de obra, la falta de análisis entre dos presupuestos, la falta de documentación técnica, la inexistencia de un presupuesto oficial, la inexistencia de garantía de contrato y contradicciones en las actas en las que figuran los pagos por los trabajos en el establecimiento.
De todos modos, cierra el informe con una observación en la que señalada: "Existe una profunda crisis política institucional que enmarca y agrava las irregularidades operativas que se encuentran. Debería abordarse dicha crisis para luego poder corregir el funcionamiento del Consejo", dice ese párrafo considerado primordial por Rodríguez Carer.
En ese contexto, la ex consejera escolar sostuvo que "el informe me da respaldo y la tranquilidad de que uno cometió errores administrativos pero que estaban dados porque ellos (los consejeros denunciantes) no garantizaban las sesiones y entonces hubo decisiones que se tomaban igual. Siempre estuve tranquila del modo de actuar. Si hubo desprolijidad fue por la falta de quórum y no porque las cosas se quisieron hacer por abajo".
LA DENUNCIA EN EL INADI
Además, a fines de marzo también se conoció un informe y reciente resolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en la que desestima la denuncia de Ana María Giani por supuesto hecho discriminatorio hacia su persona.
"Ante esta denuncia yo estaba muy tranquila. Sabía cómo era el procedimiento. Yo seré de Rosso, podré no gustarle a mucha gente, pero soy respetuosa. La no continuidad de Giani no tenía que ver con las cuestiones que ella decía, sino con faltas de respeto a sus compañeros, con incumplir el horario o el trabajo designado. Sus propios compañeros presentaban quejas, pero por desconocimiento yo no registré todas esas quejas en actas. Yo solo escuchaba, ponía el oído y en todo caso redactaba alguna nota resguardando la identidad de los firmantes por miedo a que volviera otro gobierno. Pero esas notas sí las presenté en el INADI. Ese organismo descartó la cuestión discriminatoria. Y yo en la Justicia no tengo ninguna denuncia, porque hicieron ruido en los medios, donde podían, pero en ningún momento fueron a la Justicia. Ahora, no sé si no iré yo a la Justicia", afirmó Rodríguez Carer a este medio. (El Civismo).
La Dirección de Auditoría de Control de Gestión de la Dirección General de Cultura y Educación se expidió sobre la denuncia radicada por los consejeros Cristina Locastro, Gustavo Palacios y Fabio Aranda en la que exponían presuntas irregularidades administrativas de las consejeras Verónica Rodríguez Carer, Miriam Duo y Graciela Bianchi. En la denuncia se mencionaron manejos que no tenían un correlato con lo establecido por el manual de procedimiento, y que implicaban gastos de dinero en los que no aparecían los comprobantes. Se hablaba, además, de empresas contratadas a dedo y sin pasar por el recinto del cuerpo.
En tal sentido, el área de Auditoría revisó cada detalle y emitió un escrito de ocho carillas en el que se ratificaron varios de los puntos denunciados. Se mencionaron, al menos, dos empresas proveedoras que no figuran inscriptas en AFIP, faltante de documentación técnica, de análisis de ofertas, ni memoria descriptivas de las obras. También se subrayaron contradicciones entre actas o "contrataciones sin saber fehacientemente la conveniencia".
Por ejemplo, la dirección marcó uno de los casos donde se encontraron irregularidades en la adjudicación de obras en la EPB N° 7. Allí, entre las falencias, se mencionan la falta de un acta en la que el Consejo Escolar indique el "acuerdo para ejecutar las tareas", la disposición de urgencia de obra, la falta de análisis entre dos presupuestos, la falta de documentación técnica, la inexistencia de un presupuesto oficial, la inexistencia de garantía de contrato y contradicciones en las actas en las que figuran los pagos por los trabajos en el establecimiento.
De todos modos, cierra el informe con una observación en la que señalada: "Existe una profunda crisis política institucional que enmarca y agrava las irregularidades operativas que se encuentran. Debería abordarse dicha crisis para luego poder corregir el funcionamiento del Consejo", dice ese párrafo considerado primordial por Rodríguez Carer.
En ese contexto, la ex consejera escolar sostuvo que "el informe me da respaldo y la tranquilidad de que uno cometió errores administrativos pero que estaban dados porque ellos (los consejeros denunciantes) no garantizaban las sesiones y entonces hubo decisiones que se tomaban igual. Siempre estuve tranquila del modo de actuar. Si hubo desprolijidad fue por la falta de quórum y no porque las cosas se quisieron hacer por abajo".
LA DENUNCIA EN EL INADI
Además, a fines de marzo también se conoció un informe y reciente resolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en la que desestima la denuncia de Ana María Giani por supuesto hecho discriminatorio hacia su persona.
"Ante esta denuncia yo estaba muy tranquila. Sabía cómo era el procedimiento. Yo seré de Rosso, podré no gustarle a mucha gente, pero soy respetuosa. La no continuidad de Giani no tenía que ver con las cuestiones que ella decía, sino con faltas de respeto a sus compañeros, con incumplir el horario o el trabajo designado. Sus propios compañeros presentaban quejas, pero por desconocimiento yo no registré todas esas quejas en actas. Yo solo escuchaba, ponía el oído y en todo caso redactaba alguna nota resguardando la identidad de los firmantes por miedo a que volviera otro gobierno. Pero esas notas sí las presenté en el INADI. Ese organismo descartó la cuestión discriminatoria. Y yo en la Justicia no tengo ninguna denuncia, porque hicieron ruido en los medios, donde podían, pero en ningún momento fueron a la Justicia. Ahora, no sé si no iré yo a la Justicia", afirmó Rodríguez Carer a este medio. (El Civismo).
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