El Senador Luis Malagamba, a través de un proyecto de Ley presentado en la Legislatura Bonaerense, impulsa la reforma del modelo de atención a la Salud Mental en la Provincia de Buenos Aires.
“El concepto de salud mental no puede seguir separado del de salud integral, por eso impulsamos la transformación de las instituciones psiquiátricas, en un nuevo modelo basado en la integración y el reestablecimiento de los lazos sociales y afectivos de los pacientes con la comunidad. Lo que debería llamar a la reflexión es la persistencia de una modalidad de atención del padecimiento mental, ya largamente reconocida como conjunción macabra entre locura, discriminación y pobreza, que representa sin más la impunidad instituida como política de salud” afirmó el Senador Malagamba.
Son muchas las denuncias de violaciones a los derechos fundamentales que sufren las personas con padecimientos mentales en las instituciones psiquiátricas en la provincia: muertes no esclarecidas, abusos físicos y sexuales, aislamiento por un largo período de tiempo, incluso hasta tráfico de órganos. Estos abusos forman parte de lo cotidiano para una gran franja de personas vulneradas y marginales. “La institucionalización crónica y los abusos que la acompañan se deben a décadas de una política de invertir en grandes instituciones que aíslan a las personas, en lugar de elaborar políticas y destinar los recursos necesarios para el desarrollo de servicios de atención en salud mental y apoyo en las comunidades”, aseguró el Senador del GEN en la Coalición Cívica.
El proyecto de 46 artículos presentado por los senadores Daniel Expósito y Luis Malagamba parte de reconocer el derecho de las personas con padecimientos mentales a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como persona y sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación; a ser medicado sólo con fines terapéuticos y nunca como castigo, ni ser objeto de pruebas clínicas o tratamientos experimentales sin su consentimiento informado. Se dispone que el accionar del Estado Provincial asumirá como eje programático la desinstitucionalización progresiva, creando para ello una red de servicios comunitarios y de protección social, orientando los recursos hacia tratamientos ambulatorios, sistemas de internación parcial y atención domiciliaria, procurando la conservación de los vínculos sociales, familiares y la reinserción social y laboral.
“El concepto de salud mental no puede seguir separado del de salud integral, por eso impulsamos la transformación de las instituciones psiquiátricas, en un nuevo modelo basado en la integración y el reestablecimiento de los lazos sociales y afectivos de los pacientes con la comunidad. Lo que debería llamar a la reflexión es la persistencia de una modalidad de atención del padecimiento mental, ya largamente reconocida como conjunción macabra entre locura, discriminación y pobreza, que representa sin más la impunidad instituida como política de salud” afirmó el Senador Malagamba.
Son muchas las denuncias de violaciones a los derechos fundamentales que sufren las personas con padecimientos mentales en las instituciones psiquiátricas en la provincia: muertes no esclarecidas, abusos físicos y sexuales, aislamiento por un largo período de tiempo, incluso hasta tráfico de órganos. Estos abusos forman parte de lo cotidiano para una gran franja de personas vulneradas y marginales. “La institucionalización crónica y los abusos que la acompañan se deben a décadas de una política de invertir en grandes instituciones que aíslan a las personas, en lugar de elaborar políticas y destinar los recursos necesarios para el desarrollo de servicios de atención en salud mental y apoyo en las comunidades”, aseguró el Senador del GEN en la Coalición Cívica.
El proyecto de 46 artículos presentado por los senadores Daniel Expósito y Luis Malagamba parte de reconocer el derecho de las personas con padecimientos mentales a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como persona y sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación; a ser medicado sólo con fines terapéuticos y nunca como castigo, ni ser objeto de pruebas clínicas o tratamientos experimentales sin su consentimiento informado. Se dispone que el accionar del Estado Provincial asumirá como eje programático la desinstitucionalización progresiva, creando para ello una red de servicios comunitarios y de protección social, orientando los recursos hacia tratamientos ambulatorios, sistemas de internación parcial y atención domiciliaria, procurando la conservación de los vínculos sociales, familiares y la reinserción social y laboral.
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