El decreto, que fue publicado por el Comfer en el Boletín Oficial, abre el juego para que las cooperativas ingresen al mercado de la televisión por cable. La medida generó resistencia en los grandes prestadores de este servicio.
Con la resolución 275/2009 el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) dio por finalizada la elaboración conjunta del reglamento para el acceso a las licencias de radiodifusión del que participaron aportando ideas diversos actores involucrados.
El anuncio puso fin a 9 años sin pliegos disponibles para la venta y la consecuente concentración del negocio que generó la suspensión. De esta manera otros prestadores, sobre todo aquellos más pequeños, tendrán ahora la posibilidad de ingresar al mercado de la televisión por cable.
Desde el Gobierno remarcaron entre los aspectos centrales de esta resolución “la reglamentación del ingreso de las cooperativas de servicios públicos en el mercado” y “la posibilidad de utilizar la estructura existente para prestar el servicio”. El artículo 20 de la norma señala que “los oferentes podrán utilizar postes, columnas, ductos, redes y/o infraestructura propia o arrendarlos a terceros para la prestación del servicio”.El decreto supone un fuerte golpe a la hegemonía del grupo que hoy concentra la torta del mercado - con Multicanal y Cablevisión – y de otros jugadores como la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). Esta última manifestó en el foro de Córdoba - donde se discutió el nuevo proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual - su negativa de incluir a las empresas de servicios públicos – como lo son algunas cooperativas – en el negocio del cable.
Con la resolución 275/2009 el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) dio por finalizada la elaboración conjunta del reglamento para el acceso a las licencias de radiodifusión del que participaron aportando ideas diversos actores involucrados.
El anuncio puso fin a 9 años sin pliegos disponibles para la venta y la consecuente concentración del negocio que generó la suspensión. De esta manera otros prestadores, sobre todo aquellos más pequeños, tendrán ahora la posibilidad de ingresar al mercado de la televisión por cable.
Desde el Gobierno remarcaron entre los aspectos centrales de esta resolución “la reglamentación del ingreso de las cooperativas de servicios públicos en el mercado” y “la posibilidad de utilizar la estructura existente para prestar el servicio”. El artículo 20 de la norma señala que “los oferentes podrán utilizar postes, columnas, ductos, redes y/o infraestructura propia o arrendarlos a terceros para la prestación del servicio”.El decreto supone un fuerte golpe a la hegemonía del grupo que hoy concentra la torta del mercado - con Multicanal y Cablevisión – y de otros jugadores como la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). Esta última manifestó en el foro de Córdoba - donde se discutió el nuevo proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual - su negativa de incluir a las empresas de servicios públicos – como lo son algunas cooperativas – en el negocio del cable.
En “stand by”
La venta de pliegos fue suspendida en el año 2000 mientras Gustavo López – actual Subsecretario General de la presiencia - estuvo al frente del Comfer, durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Las fuertes presiones del sector prorrogaron esta medida por 9 años.
La ley vigente que regula la radiodifusión (22.285) fue promulgada durante la última dictadura militar. Desde ese momento ha sufrido algunos cambios que poco han aportado para evitar la concentración del negocio. En 2005, se modifico el cuestionado artículo 45, a través de la ley 26.053, y se habilitó a las organizaciones sin fines de lucro a ser titulares de licencias. Sin embargo, las cooperativas de servicios públicos quedaron excluidas.
El último cambio que tuvo la ley de la dictadura fue en 2006 con el denominado “proceso participativo de norma” que concluyó con el decreto que habilita nuevamente la venta de los pliegos.
La venta de pliegos fue suspendida en el año 2000 mientras Gustavo López – actual Subsecretario General de la presiencia - estuvo al frente del Comfer, durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Las fuertes presiones del sector prorrogaron esta medida por 9 años.
La ley vigente que regula la radiodifusión (22.285) fue promulgada durante la última dictadura militar. Desde ese momento ha sufrido algunos cambios que poco han aportado para evitar la concentración del negocio. En 2005, se modifico el cuestionado artículo 45, a través de la ley 26.053, y se habilitó a las organizaciones sin fines de lucro a ser titulares de licencias. Sin embargo, las cooperativas de servicios públicos quedaron excluidas.
El último cambio que tuvo la ley de la dictadura fue en 2006 con el denominado “proceso participativo de norma” que concluyó con el decreto que habilita nuevamente la venta de los pliegos.
El aporte cooperativo
Para elaborar el decreto que habilita la venta de pliegos, el organismo regulador tuvo en cuenta aportes que realizaron las diversas organizaciones y empresas a las cuales la norma los afecta. Entre éstos, se destaca la propuesta de la Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y otros Prestadores Comunitarios de Radiodifusión (CARCO) en relación al costo de los pliegos respecto de la cantidad de habitantes de cada localidad. La norma establece valores mínimos (mil pesos) para las poblaciones de menos de 3.000 habitantes y un máximo (100 mil pesos) para las localidades de más de dos millones de habitantes.
Para elaborar el decreto que habilita la venta de pliegos, el organismo regulador tuvo en cuenta aportes que realizaron las diversas organizaciones y empresas a las cuales la norma los afecta. Entre éstos, se destaca la propuesta de la Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y otros Prestadores Comunitarios de Radiodifusión (CARCO) en relación al costo de los pliegos respecto de la cantidad de habitantes de cada localidad. La norma establece valores mínimos (mil pesos) para las poblaciones de menos de 3.000 habitantes y un máximo (100 mil pesos) para las localidades de más de dos millones de habitantes.
“Así, las localidades más pequeñas podrán acceder a pliegos que serán dos tercios más bajos que los que se plantearon inicialmente”, aseguró Joaquín Roquero, secretario de CARCO. También se extiende esta relación para los valores de la garantía de montaje e instalación del servicio.
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