Ahora su abogado, que estaría inhabilitado para ejercer la profesión, renunció a defenderla en la causa que le inició el ex asesor Bruno Bimbi por apropiación de sueldo.
Claudio Cholakian, el abogado que defendía a la diputada Diana Conti en la causa que le inició un ex asesor que la acusa por haberse quedado con parte de sus sueldos, atendía a los dos lados del mostrador. Al tiempo que encabezaba la defensa de la acérrima kirchnerista, se desempeñaba como auditor del Consejo de la Magistratura –desde donde se controla el desempeño de los juzgados nacionales y federales–. Después de que el diario Crítica de la Argentina revelara que Cholakian cumplía con esas dos funciones, fuentes judiciales indicaron que el abogado presentó, por escrito, su renuncia a la causa.
Desde principio de año Cholakian estaba inhabilitado para ejercer como abogado. Luego de ingresar al cuerpo de auditores del Consejo de la Magistratura, el propio abogado solicitó –el 6 de febrero– la suspensión de su matrícula. Y así fue: quedó suspendida hasta la misma fecha del 2014. Sin embargo, en los hechos, no cumplió con su deber y siguió siendo el abogado de Conti. Según contaron fuentes judiciales, el letrado siguió consultando el expediente hasta la semana pasada y recién ayer le informó al juzgado federal Nº 6, de Rodolfo Canicoba Corral, que dejará de encabezar la defensa.
La renuncia se produjo después de que este diario informara en su contratapa de ayer que Cholakian desempeñaba las dos funciones. Hasta entonces, en el juzgado de Canicoba Corral desconocían la situación, pero ahora evalúan la forma de resolver la irregularidad, informó Crítica.
El escándalo que involucra al abogado auditor es parte de una causa mucho más grande en la que el periodista y ex asesor de Diana Conti, Bruno Bimbi, denunció en mayo de 2005 a quien fuera su jefa en la cámara de senadores por presunta apropiación de su salario. Por este tema, a Conti también se le abrió un sumario interno en el Senado. Aunque nada de eso fue inconveniente para que la ex senadora llegara a ser hoy diputada por el oficialismo y una de las máxima representante K en el Consejo de la Magistratura.
En septiembre de 2004, Bimbi había sido nombrado como empleado –categoría A3– en el despacho de la senadora. Por ese cargo iba a percibir un sueldo de 1.810 pesos. Sin embargo, según consta en la denuncia judicial, en diciembre, cuando le llegó el turno de cobrar tres meses juntos –unos 5.430 pesos–, otro de los hombres que trabajaba para Conti le habría indicado que debía tomar 700 pesos y darle el resto a su jefa, algo que ella misma habría confirmado en un encuentro posterior.
La denuncia contra Conti había recaído en el juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 29, a cargo del juez José Codino. Luego de que declararan otros empleados que trabajaban en la misma oficina que Bimbi, el 2 de agosto de 2005 la fiscalía solicitó el sobreseimiento de la senadora y 20 días más tarde Conti fue sobreseída.
Pero la historia no terminó. Bimbi apeló el fallo de Codino y la sala VII de la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento. La causa pasó a manos del juez Canicoba Corral.
Lo primero que hizo Canicoba Corral fue solicitar un listado de los asesores que tenía Diana Conti en la época en la que Bimbi trabajaba en el Congreso. Según Bimbi, muchos de los que aparecieron –entre ellos, Sebastián Corsetti, hijo de la ahora diputada– nunca habían pasado por el despacho.
La defensa de Conti pidió la anulación de todo lo actuado. El juzgado no hizo lugar. Luego comenzaron las citaciones a los testigos que implicaron un montón de contradicciones. Incluso hubo careos entre Bimbi y sus ex compañeros.
Por su parte, la diputada Conti no quiso atender a los llamados que le realizó este diario. Su respuesta a las preguntas que quería hacer Crítica de la Argentina fue el siguiente comunicado: “Todo lo que el Sr. Bimbi afirma es falso. En 2005, el Sr. Bimbi hizo una denuncia penal que tramita ante la justicia federal. Según mis abogados no hay pruebas en mi contra. Se trata de una difamación, de una patraña a la cual no voy a prestarme. ¿Por qué ahora? Saquen sus propias conclusiones”. Lo que no dijo –ni supieron responder sus asistentes– es quienes son sus nuevos abogados.
Lady Di: una afilada espada kirchnerista en el mundillo judicial. Quienes conocen a los personajes de la pequeña historia coinciden en que Diana Conti fue una de las tres mujeres insignia del entorno profesional del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni: sus compañeras en ese estrecho círculo eran Alicia Oliveira y Lucila Larrandart. Larrandart se abrió camino en Tribunales y es presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín; Oliveira se desempeñó como jueza penal entre 1973 y 1976, cuando fue destituida por la dictadura militar bajo los cargos de “subversiva y corrupta”. Conti jamás superó el rango de secretaria en el fuero penal, pero a cambio conoce a fondo el mundillo judicial y desde su cargo en el Consejo de la Magistratura tiene la facultad de decidir, como en Gran Hermano, quién entra, quién se va y quién permanece en ese universo de tratados y expedientes. En el edificio de la calle Libertad la llaman “la Jacobina”, pero el mote no alude a su búsqueda fanática de la libertad, la igualdad y la fraternidad sino al estilo pendenciero que comparte con su jefe Néstor Kirchner y ciertos exponentes del oficialismo como Guillermo Moreno.
Su incorporación plena a la política también se produjo de la mano de Zaffaroni; el lugar de militancia fue el Frente Grande, pero ya en 1991 había probado el sabor de la función pública en calidad de asesora del ministro de Justicia León Arslanian. Entre 1997 y el 2000 se sentó en una banca de Diputados; en 2001, la Alianza la designó subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia que gestionaron Ricardo Gil Lavedra y Jorge de la Rúa. En el 2002, la renuncia de Raúl Alfonsín a su escaño le abrió las puertas del Senado. La representación masculina bautizó “las Generalas” al petit comité que formaron con Cristina Fernández, Marita Perceval y Vilma Ibarra. En diciembre de 2005 regresó a diputados y el kirchnerismo la destinó a un Consejo de la Magistratura ampliado, amistoso y a medida.
La vida es caprichosa y contradictoria, nadie puede escapar a ese sino y Conti no es una excepción. El tiempo y la frecuentación de un mismo estudio con Zaffaroni y Mariano Ciafardini la especializaron en derechos humanos; antes, entre el 84 y el 87, las necesidades académicas la habían llevado a una ayudantía en la cátedra de Jaime Malamud Goti, el penalista que redactó los decretos de Obediencia Debida y Punto Final; el día en que la legisladora K alzó la voz para oponerse a la asunción de Luis Patti y sostener que “los delitos de lesa humanidad que por años no pudieron ser juzgados en nuestro país hoy pueden serlo” olvidaba su antigua pertenencia a los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. La contradicción asoma también en el único trabajo que, con la firma de Diana Conti, puede encontrarse en la biblioteca de la Corte Suprema: La democracia y su respuesta a los derechos humanos del pasado. Uno de los temas del artículo es el genocidio, delito que, igual que la desaparición forzada, nunca es pasado: es perpetuo, es presente, es continuo.
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